Los 27 países que componen la Unión Europea han apoyado la negociación de la ley rider europea. Este lunes han respaldado la directiva sobre las condiciones laborales de estos trabajadores, a pesar de no cumplir las expectativas y exigencia de algunos países, entre ellos España.

La delegación española se ha abstenido en la votación de esta ley rider europea. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que se trata de una medida "difícilmente comprensible en términos democráticos".

Según ha avanzado la ministra a su llegada al Consejo de Empleo y Política Social celebrado en Luxemburgo, el Ministerio de Trabajo considera que esta ley no ofrece suficientes garantías de protección a los trabajadores de plataformas digitales ni avanza en derechos laborales.

Aunque varios países comparten la visión de Díaz y consideran que se trata de una medida incompleta, los ministros de Empleo de los países de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo por mayoría cualificada, con el fin de poder avanzar y que no vuelva a quedar bloqueado el proceso como ocurrió en diciembre.

El texto acordado establece que se cumplan tres de siete requisitos para considerar a un rider como empleado de una plataforma digital, entre los que figuran que las plataformas establezcan criterios de apariencia, la restricción de horarios y de trabajo para terceros, los límites máximos de remuneración o la supervisión por medios electrónicos.

"España siempre ha defendido la aprobación de una directiva con el mayor grado de ambición posible para proteger a todas aquellas personas que trabajan en empresas digitales", ha explicado Díaz durante su intervención en el Consejo.

"En honor a la verdad y por sentido común, no podemos asumir que un joven en una bicicleta o un conductor con un teléfono móvil sean empresarios. No lo son", ha insistido ante sus pares de la UE para apuntar que el texto sometido hoy a votación "no protege a las personas trabajadoras".

Por ello, Díaz ha indicado que España, junto a Bélgica, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Eslovenia, ha suscrito una declaración que reclama una directiva más ambiciosa para evitar la proliferación de falsos autónomos en Europa, así como de la precariedad laboral.