La Eurocámara ha fijado hoy su postura para impulsar una ley europea que proteja los derechos de los trabajadores de las plataformas digitales con 376 votos a favor y 212 en contra. El PP y Ciudadanos han votado en contra. La que comienza a cocinarse en Bruselas es una especie de ley rider española en versión europea. "No era sencillo adoptar una postura contraria a los intereses del lobby, pero hoy hemos mandado un mensaje claro en defensa de los más vulnerables", ha celebrado María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos.

Los socialistas españoles han tachado de "vergonzoso" que los eurodiputados del Partido Popular y Ciudadanos hayan votado en contra. "Es deplorable que los miembros del PP no apoyen mejorar las condiciones de vida de los empleados, que en algunos casos están por debajo de estándares laborales decentes", han lamentado desde la delegación socialista.

El objetivo es que los 28 millones de europeos que trabajan en compañías como Uber o Deliveroo en pésimas condiciones laborales tengan acceso a la protección social y los derechos laborales básicos. El texto que sale de la comisión europarlamentaria de Empleo ha recabado un fuerte consenso, por lo que no deberá pasar al escrutinio del Pleno, un plano que, presumiblemente, habría descafeinado la iniciativa, como aventura el rechazo de las fuerzas de derechas.

La iniciativa que sale hoy del mini-Pleno de Bruselas asume la presunción de laboralidad de este sector y tiene la tentativa de regular los algoritmos que controlan a los repartidores. Es decir, tiene por objetivo regular la situación de los falsos autónomos y evitar que estas compañías utilicen los datos registrados con "fines discriminatorios".

"La propuesta del Parlamento va en línea con la ley rider española, pionera en la solución de inseguridad generada por las plataformas. El texto cuenta con una vasta jurisprudencia para poner coto al impacto de la economía de plataforma en el mundo del trabajo y en los sistemas de protección social", celebra Palop, una de las impulsoras y ponente en la sombra del informe.

La propuesta estrella de Yolanda Díaz

El año pasado, el Gobierno español echó a rodar la ley rider, una de las iniciativas estrellas de la vicepresidenta Yolanda Díaz. La nueva normativa fijaba en tres los meses topes para que las empresas contratasen a los riders y les obligaba a tomar medidas para aumentar su transparencia. Además, reconocía a los repartidores de estas plataformas como trabajadores asalariados, ampliando su protección laboral y de seguridad social. Desde el equipo de Unidas Podemos subrayan que la normativa española ha conseguido, en apenas seis meses, doblar el número de contratos laborales, pasando de 5.464 a 10.980 empleados. Y por ello estiman imprescindible trasladar estas garantías y protección al grueso de la UE.

Según los cálculos de Bruselas, unos 28 millones de personas trabajan en la UE en plataformas digitales que en la mayoría de las ocasiones restringen algunos de los derechos básicos como bajas por enfermedad o vacaciones. De ellos, unos 5,5 millones serían falsos autónomos.

Sin embargo, la legislación a nivel europeo todavía tiene un largo camino. Ahora, la pelota está en manos de los 27 Estados miembros, que están llamados a fijar su postura. Una vez sorteado este paso, darán comienzo los trílogos, es decir, las negociaciones a tres entre la Eurocámara, la Comisión y el Consejo.

La medida puede tener un impulso durante la Presidencia española de la UE, que el país asume el próximo 1 de julio. Una de las prioridades para esos seis meses del año será, junto a la guerra en Ucrania o las relaciones con América Latina, impulsar el pilar social europeo, en el que los derechos y las condiciones laborales están en el centro.