José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda (Madrid) grabó durante un año conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel y luego entregó el material a la Unidad de Delincuencia Económica y fiscal (UDEF) de la Policía. Gracias a él se pudo desarticular la red corrupta. Ahora, el Ministerio de Justicia ha iniciado la tramitación del indulto solicitado por Peñas, que, pese a su colaboración, resultó condenado en la sentencia por la primera época de Gürtel  (1999-2005) a cuatro años y nueve meses de prisión. 

José Luis Peñas destapó la trama corrupta que luego se bautizó como el caso Gürtel, en noviembre de 2007, cuando presentó una denuncia ante la UDEF, que luego amplió en mayo de 2008 ante la Fiscalía Anticorrupción. Peñas aportó más de 80 horas de grabaciones de las conversaciones que mantuvo a lo largo de del año 2006 con los cabecillas de la trama. La propia sentencia sobre la primera época de Gürtel recoge la "esencial" colaboración de Peñas.

"El indulto a José Luis Peñas es seguramente uno de los más merecidos en democracia, por lo que ha hecho por su país y por el coste personal que ha pagado", expone su abogado, Ángel Galindo. El letrado, que acompañó a Peñas a interponer la ya histórica denuncia sobre la trama corrupta que salpicó al PP,  explica que el expediente de indulto se encuentra en la primera fase. "Ahora se precisan los informes de Fiscalía y del tribunal que le condenó", dice. Estos informes, que no cuentan con un plazo legal para su emisión, son preceptivos pero no vinculantes, ya que la última palabra la tiene el Gobierno, que en Consejo de Ministros decide si otorga o no el perdón. Es muy probable que el Ministerio Público informe favorablemente a favor del indulto porque ya en 2018 se mostró favorable a un indulto, en caso de solicitarse, cuando la sentencia fuera firme. 

Tras conocerse el fallo del  Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel, el pasado mes de octubre, Ángel Galindo presentó la petición de indulto para José Luis Peñas, que no ha llegado a ingresar en prisión pese a los casi cinco años de condena. La Justicia consideró que cobró sobornos y ayudó a Francisco Correa--el líder de la trama-- respecto a las adjudicaciones irregulares en Majadahonda. Pero el posicionamiento de la Fiscalía a favor de un indulto evitó su entrada en prisión.  "Son incuestionables los beneficios que ha procurado Peñas a la sociedad, se ha recuperado dinero de la trama Gürtel; muchos empresarios se han retirado de las prácticas de corrupción en las que estaban inmersos... El país está en deuda con este hombre", sostiene el abogado Ángel Galindo.

Peñas comenzó, en 2006, a grabar en secreto al que era su amigo Francisco Correa. El Tribunal Supremo avaló esas grabaciones y aseguró que no había lesionado ningún derecho de las personas que fueron grabadas. Varias defensas han intentado anular la validez de las grabaciones  alegando vulneración de derechos fundamentales. El Alto Tribunal ha concluido que los encuentros fueron "libres y espontáneos" y que el exconcejal de Majadahonda fue el que decidió por su propia voluntad grabar las conversaciones, sin seguir las indicaciones de la policía o institución pública de investigación.

Peñas lleva años denunciado que sufre un acoso constante por haber sido el delator de Gürtel. En su libro Uno de los suyos. Confesiones del delator del caso Gürtel , cuenta que un coche intentó sacar de la carretera a su mujer y a su hija; que le han llegado a escupir en la calle, estando con su hijo de dos años en los brazos; y también que  le han intentado sobornar "con mucho dinero" para que cambiara su versión de los hechos. "Peñas ha vivido en soledad la carga de ser denunciante de corrupción", dice su letrado, que tras todos estos años se ha convertido en un fiel amigo.

El momento parece propicio para recibir el indulto. "Cualquier Gobierno democrático y honesto debe dar el indulto a José Luis Peñas. Y si el Gobierno lo presidiera Pablo Casado, más aun puesto que debería estarle agradecido por haberle extirpado la corrupción del PP", dice el abogado Ángel Galindo.

La protección de los denunciantes, pendiente en España

La situación de vulnerabilidad que sufren en España los denunciantes de corrupción está aún pendiente de resolución. La Unión Europea ha creado un nuevo ordenamiento jurídico destinado a proteger a los denunciantes de corrupción, que está en vigor desde el 17 de diciembre de 2019 y que da margen  hasta julio de 2022 para que los países miembros la traspongan en sus Estados. España aún no lo ha hecho, pese a que siete de cada diez españoles piden proteger a los alertadores de corrupción aunque revelen informaciones secretas. Así queda patente en el sondeo impulsado por la ONG Blueprint For Free Speech (Proyecto para la Libertad de Expresión) en colaboración con la consultora internacional IPSOS, que será presentado próximamente y a cuyos resultados ya ha tenido acceso Público.