Si no hay alguna sorpresa de última hora, Salvador Illa será investido nuevo president de la Generalitat de Catalunya la semana que viene, lo que supondrá el inicio de una nueva etapa política tras más de una década marcada por el procés independentista. Las bases de ERC lo han hecho posible tras avalar por un margen de 550 votos el acuerdo alcanzado el lunes con el PSC para votar a favor de la investidura de su líder, que de esta manera sucederá al republicano Pere Aragonès en el cargo.

Tras unos días de intenso debate interno, la consulta interna en ERC ha contado con una alta participación, con 6.349 personas —el 77% del censo—, y el "sí" ha sumado el apoyo de un total de 3.397 militantes (el 53,5%), mientras que el "no" se ha quedado en 2.847 (44,8%), mientras que un total de 105 personas han votado en blanco (1,7%).

A la espera que el president del Parlament, Josep Rull, cierre la ronda de contactos con los líderes de los grupos, la previsión es que el pleno de investidura se pueda convocar ya para el miércoles, de manera que Illa pueda ser investido el jueves o el viernes, gracias a los votos de los diputados socialistas, los de ERC y los de los Comuns. Con estos últimos el pacto se cerró el miércoles.

La encargada de valorar los resultado en la sede del partido ha sido la secretaria general, Marta Rovira, acompañada de buena parte de la cúpula de la formación, como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Rovira ha manifestado que la consulta "ha sido un acierto", como también lo ha sido "la conversación permanente" que la organización comenzó con la militancia después de los males resultados en las elecciones al Parlament del 12 de mayo.

Sobre la consulta en concreto, ha comentado que "la militancia ha dicho que sí y asumimos el resultado". Y a partir de aquí ha enumerado que, entre otras cuestiones, "hemos dicho sí a la soberanía fiscal de nuestro país, a tener más recursos para invertirlos en los servicios públicos a favor de todo el mundo, a la hacienda catalana, a recaudar el 100% de los impuestos, a tener la llave de la caja, a proteger el uso social del catalán, a continuar con la resolución del conflicto político, ...".

Con todo ha admitido que las bases han dado un "sí ajustado", que la dirección interpreta como un "sí vigilante, un sí exigente", que llega después de que en las asambleas territoriales la militancia los transmitiera que el acuerdo con el PSC "estaba bien en nivel de contenidos". Por todo ello, ha avisado a los socialistas catalanes y a Salvador Illa que el sí de ERC a la investidura será también "vigilante y exigente" y que el acuerdo se firmará "para qué se cumpla". Además, ha reiterado que la formación pasará a la oposición y ha insistido en la "gran distancia política" que tienen "con el actual PSC".

Apoyo claro de la dirección

Después de que lunes al atardecer la ejecutiva de ERC avalara el preacuerdo con el PSC para investir a Illa, que se había cerrado pocas horas antes y con un cambio en el modelo de financiación como pata fundamental, los últimos días la mayoría de la dirección y los principales cargos electos de los partidos habían defendido el "sí" en la consulta.

Con todo, en las asambleas territoriales celebradas esta misma semana para explicar el pacto y debatirlo con las bases la percepción era que las fuerzas estaban más igualadas.

La votación, con todo, ha llegado en un momento de convulsión interna en Esquerra, tras un pésimo último ciclo electoral que provocará una renovación importante de la dirección en el congreso nacional del próximo 30 de noviembre. El escándalo de los carteles contra los hermanos Maragall por el Alzheimer no ha hecho otra cosa que incrementar la crisis orgánica de la formación y atizar el malestar de las bases.

Entre otros, se pronunciaron a favor del preacuerdo la secretaria general y principal negociadora con el PSC, Marta Rovira; el president del Govern en funciones, Pere Aragonès; la secretaria general adjunta, Marta Vilalta; los líderes de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Parlament, Gabriel Rufián y Josep Maria Jové, respectivamente; o unos 25 alcaldes que habían expresado conjuntamente su apoyo al preacuerdo, además de la práctica totalidad de los miembros del ejecutivo en funciones de la Generalitat.

En cambio, a nivel público el "no" tenía menos predicamento entre los principales dirigentes del partido y lo habían promulgado, entre otros, el exalcalde de Tarragona Pau Ricomà, la diputada en el Congreso Pilar Vallugera o la minoritaria corriente de militantes Col·lectiu Primer d'Octubre. Oriol Junqueras, presidente de la formación hasta el 10 de junio y que aspira a recuperar el cargo en el congreso del 30 de noviembre, había optado por la ambigüedad al mostrar su "respeto" por el texto acordado, pero al manifestar que entendía las "dudas" de la militancia sobre su cumplimiento.

¿Qué dice el acuerdo?

La reforma de la financiación autonómica es la pata fundamental del documento acordado entre PSC y ERC. En el texto se asegura que Catalunya saldría del régimen común de financiación de las comunidades autónomas y, progresivamente, la Generalitat pasaría a recaudar y gestionar todos los impuestos, empezando con el IRPF de 2025, que se liquidaría el año siguiente, en 2026. Un cambio de este tipo implica modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, que se tendría que aprobar en el Congreso y, por lo tanto, requeriría del apoyo otras formaciones, como Junts, para poder salir adelante

Siempre según el documento, los tributos pasaría a recaudarlos la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y no un consorcio en que participé también la Hacienda estatal, como quería el PSC. A la vez, se establecería una cuota de solidaridad con el resto de territorios del Estado y se abonaría una partida por los servicios prestados del Estado en Catalunya. Ahora bien, la capacidad normativa de la Generalitat no sería absoluta, puesto que se especifica que esta se haría "con coordinación con el Estado y la Unión Europea". Sobre la solidaridad, el texto aclara que esta aportación "tiene que ser explícita y se tiene que reflejar de manera transparente".

Además, también añade que mientras no se desplegara el nuevo modelo de financiación, debería de haber un "incremento sustancial de los recursos" destinados a la Generalitat y se tendría que garantizar el principio de ordinalidad, es decir, que Catalunya no perdiera posiciones en cuanto a su aportación una vez el Estado distribuya los fondos entre las diferentes autonomías.

Según la consellera de Economía en funciones, Natàlia Mas Guix, el cambio de modelo situaría los ingresos tributarios anuales de la Generalitat en 60.000 millones de los cuales se tendrían que restar las aportaciones a la solidaridad y los servicios del Estado.

Otros aspectos importantes

Además de la financiación, el aspecto que ha acaparado gran parte de los titulares, el preacuerdo entre republicanos y socialistas incluye otras cuestiones trascendentes, como, por ejemplo, el compromiso de "preservar" los espacios naturales protegidos situados en el entorno del aeropuerto del Prat. O el incremento de los impuestos al juego, una medida que en la práctica haría imposible que tire adelante el complejo del Hard Rock, articulado alrededor de un macrocasino. Es una carpeta que estaba también especificada en el pacto entre PSC y Comuns.

Mantener la energética pública, impulsar el plan piloto de la renta básica universal, constituir un consorcio entre el Gobierno español y la Generalitat para que se cumplan las inversiones estatales en Catalunya, crear un departamento específico de Política Lingüística que contribuya a situar el impulso de la lengua catalana en el centro de la acción gubernamental o articular una convención nacional sobre el conflicto político son otros de los puntos de un preacuerdo que también prevé el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas.