Un Tribunal de Lecce (Apulia, en el sur de Italia) condenó el pasado mes de abril a siete personas, cuatro de ellas españoles, a penas de cárcel de hasta 18 años de prisión en un histórico juicio contra el trabajo esclavo y extorsión durante el cual fueron oídos 483 denunciantes. Son migrantes, la mayoría de Senegal, que cobraban dos euros la hora y estaban en una situación de enorme vulnerabilidad y se fueron a defenderse en los tribunales de sus explotadores, según ha publicado El Periódico. Los delitos incluyen asociación a delinquir para reducir en esclavitud y extorsión agravada.

La sentencia cita sus nombres. Se trata de José Fernando Martínez Bascuñana, Luis Manuel Gutiérrez Núñez, Didier Gutiérrez Canedo y Laura García Martin. No están en prisión, porque se desconoce su paradero, según El Periódico. El vínculo con España no se investigó a fondo, al no ser lo principal en esta investigación.

El asunto ha traído a la luz pública un fenómeno poco conocido: el trabajo forzoso dentro de la industria de las renovables. Se trata de una novedad con respecto a la ampliamente documentada explotación de extranjeros en el sector agrícola. El abogado Salvatore Centonze, que ha representado 150 denunciantes que se constituyeron acusación particular, dice que "se trata de uno de los más grandes juicios por esclavitud celebrados en Italia" en los últimos años. "Todo empezó con una legislación italiana de 2010 que preveía incentivos a empresas del sector", afirma a El Periódico.

Desprecio

Según Centonze, los condenados trabajan con la empresa Tecnova SRL, con sede en Brindisi, ahora en quiebra. "Así consiguieron 14 parques para construir estructuras fotovoltaicas", asevera. "El problema es que, para no perder esos incentivos, tenían que completar el trabajo en tiempos muy breves y por eso intensificaron la producción", explica.

La fiscal Carmen Ruggiero, de la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de Brindisi, a cargo del caso, pone el énfasis también en el desprecio expresado contra los trabajadores extranjeros. "En una conversación (de los acusados), se les oye decir que si las botas no son de su número, las corten o se corten los pies", cuenta la letrada al Periódico. "Lo que destapó el caso es que finalmente estos trabajadores se rebelaron [en la primavera de 2011], salieron a la calle a manifestar e incluso hubo problemas de orden público. Eso puso el foco en el caso", observa Ruggiero, recoge El Periódico.