Euforia por un lado, dudas e incluso rechazo por otro. Así se resume la jornada parlamentaria vivida tras el anuncio del acuerdo entre los partidos que sostienen el Gobierno para registrar 30 enmiendas al proyecto de Ley de Memoria Democrática, una correcciones que introducen avances importantes con respecto al texto inicial que salió del departamento que lidera Félix Bolaños.

Entre las correcciones presentadas por PSOE y Unidas Podemos destaca la que hace referencia a la Ley de Amnistía, aunque no la modifica ni la deroga. "Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables", reza el texto al que ha tenido acceso este medio.

En otras palabras, según defienden los partidos del Ejecutivo de coalición, este párrafo que se añade al artículo dos del proyecto legislativo abre la puerta a que, 46 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, se puedan juzgar en el Estado español los crímenes pertrechados en nombre del franquismo, una anomalía que ha obligado a las víctimas de la dictadura a buscar Justicia al otro lado del charco.

"La Ley de Amnistía no va a poder seguir siendo utilizado como una excusa para perseguir este tipo de crímenes", ha remachado el diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, Enrique Santiago, después de reconocer que esta norma promulgada en 1977 fue una "conquista" de las fuerzas democráticas que permitió sacar de las cárceles a los presos del régimen. 

Más tarde, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha defendido que esta ley utilizada durante todo este tiempo para exonerar a los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra civil, la dictadura y los primeros compases de la transición "no es la panacea, ni la solución de la Memoria Democrática". Por eso, su partido se opone a "derogarla". 

ERC acusa al Gobierno de "engañar"

Pero lo que intentaba ser un guiño hacia los socios del Gobierno, imprescindibles para que la nueva ley de memoria llegue a buen puerto, y al colectivo memorialista, ha resultado ser insuficiente, ya que esta propuesta ha sembrado dudas de cara a su aplicación efectiva para alcanzar plenamente la verdad, justicia y reparación de las víctimas.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con un tono duro, ha acusado directamente a los partidos que sostienen el Gobierno de "engañar al personal" con esta enmienda sobre la Ley de Amnistía. Así, tras recalcar que España ya se "pliega" a la legalidad internacional desde la aprobación de la Constitución de 1978 y que, incluso en 1977, España ya se adhirió a la Convención de Ginebra, el parlamentario ha dejado claro que la única garantía para poder juzgar en España a los torturadores franquistas es cambiando la Ley de Amnistía, como proponen en sus enmiendas los partidos independentistas (y como inicialmente pretendía Unidas Podemos). 

El portavoz de ERC también ha cargado contra el PSOE y Unidas Podemos por intentar trasladar que, con sus enmiendas, también abren la puerta a que las víctimas del franquismo o sus descendientes "reciban reparaciones económicas y patrimoniales". Y es que, se plantea modificar el artículo que alude "de forma no muy clara" a esas reparaciones, pero sin especificar "ningún mecanismo" para aplicarlas: "O se están equivocando o alguien está engañando a alguien o a todos", ha sentenciado Rufián.

Principio de legalidad

Fuentes parlamentarias de EH Bildu, otro grupo que hasta la fecha ha mostrado su rechazo a la norma, consideran que la fórmula introducida por el Gobierno para no tocar la Ley de Amnistía "es un avance, pero puede quedarse corto y ser insuficiente".

En esta línea, esta fuerza política coincide con el abogado que representa a las víctimas del franquismo en la causa judicial abierta en Argentina, Jacinto Lara, a la hora de señalar otros escollos que han impedido juzgar a los verdugos del régimen más allá de la Ley de Amnistía: el principio de legalidad y la prescripción de los delitos. 

"El grueso de los argumentos de los tribunales giran más en torno a estos elementos que a la Ley de Amnistía", ha esgrimido Lara en declaraciones a este medio, en las que ha opinado además que la enmienda del Gobierno supone "una respuesta política respecto a cómo debe ser interpretada" la ley de 1977, utilizada "políticamente por parte de los juzgados y tribunales".

Por tanto, insiste en que la cuestión jurídica "más peliaguda" es este principio de legalidad, un derecho fundamental que está incorporado en el Código Penal: "Si no se modifica, los jueces se seguirán acogiendo a este principio para negarse a juzgar los crímenes franquistas", ha vaticinado.

Este abogado también ha expresado su rechazo hacia la corrección introducida por el Ejecutivo para garantizar el trabajo especializado y efectivo del Fiscal de Sala en aquellas violaciones de derechos humanos producidas desde el golpe de Estado. "Por un lado, al depender de la Fiscalía General del Estado, habrá que ver en qué queda cuando haya un cambio de Gobierno. Por otro, la Fiscalía se orienta más hacia la utilización de la jurisdicción voluntaria de carácter civil que a la jurisdicción penal para enjuiciar estos crímenes". 

Oficina de víctimas

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, también ha afeado, entre otras cuestiones, la alternativa utilizada por los partidos que sostienen el Ejecutivo para sortear la modificación de la Ley de Amnistía, un "truco" que no supondrá sentar a los pocos responsables de los crímenes del franquismo aún vivos en el banquillo.

Asimismo, critica que en una de las enmiendas se remita a una "oficina de víctimas" sin aportar mecanismos para su creación. "¿Se contacta con un ente abstracto? Actualmente, los familiares de los desaparecidos no tienen ninguna institución del Estado para pedir ayuda", sentencia.

Una vez cerrado el plazo de enmiendas, se abre una etapa de negociación que no se prevé fácil ante el océano que separa a ambas partes. Y todo ello, mientras que el PSOE insiste en incorporar a Ciudadanos en las conversaciones para sumar su apoyo a pesar de que la única alternativa para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática pasa por aunar los votos del bloque progresista.