La Junta de Andalucía, gobernada por una coalición de PP y Ciudadanos, ha decidido implicarse en la exhumación de la fosa común de Pico Reja, en Sevilla, que hasta ahora impulsaba en solitario el Ayuntamiento de Sevilla, que dirige el alcalde Juan Espadas (PSOE). En la fosa, “un lugar de vergüenza”, según dijo el regidor, se cree que hay 1.103 personas represaliadas tras el golpe de 1936 que acabó con la II República, entre ellas Blas Infante, el considerado padre de la patria andaluza.

Este miércoles, la consejera de Justicia, Patricia del Pozo, firmó un convenio con Espadas y el presidente de la Diputación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), por el que el Gobierno andaluz se compromete a poner 265.000 euros, la misma cantidad que la diputación para llevar hasta el final los trabajos que se desarrollarán a lo largo de los próximos cuatro años. El Ayuntamiento pondrá los 680.000 euros restantes, hasta completar el presupuesto, de casi 1,2 millones.

El proyecto –el más ambicioso por el número de represaliados llevado a cabo en España desde la exhumación de la fosa de San Rafael en Málaga hace una década y que puede servir de modelo a otros ayuntamientos– lo está llevando a cabo la empresa vasca Aranzadi, especializada en trabajos de este tipo.

Primero, a partir de febrero, se acometerá la excavación arqueológica, se individualizarán los cuerpos –huellas, antropología forense, análisis de ADN– y se determinará, hasta donde sea posible, la forma de su muerte. Después, Aranzadi elaborará un informe en el que se recogerán todos los detalles de la exhumación. Y por último, se decidirá qué hacer con los restos.

Los cuerpos que hayan podido ser identificados serán entregados a sus familias. En los últimos meses se han han recogido ya 268 muestras de ADN de parientes de las víctimas, según los datos del Ayuntamiento. Los restos no identificados, se inhumarán en un espacio preservado para que se puedan producir más identificaciones, si ello fuera posible.

La intención de las administraciones es, una vez que concluyan los trabajos, es convertir la fosa en un espacio expositivo, en el que se explique lo sucedido. Y también se estudiará un columbario de homenaje a las víctimas.

4 metros de profundidad

La fosa de Pico Reja, según el Ayuntamiento, tiene unas dimensiones de 671,34 metros cuadrados, con una profundidad que podría alcanzar los 4 metros, que suman una capacidad de 2685,36 metros cúbicos, espacio más que suficiente para acoger las 1.103 víctimas que apunta el historiador José Díaz Arriaza, cuya labor ha sido fundamental en la elaboración de este proyecto. Para tener una panorámica de lo que fue la represión en Sevilla y en sus alrededores es muy recomendable el volumen La Justicia de Queipo del también historiador Francisco Espinosa, editado por Crítica.

Además de los asesinatos, se imponía la "represión moral" de las familias al no saber donde se encontraban los restos de sus seres queridos, manifestó el alcalde Juan Espadas. ”Sevilla tuvo unas especiales circunstancias al contar con un mayor volumen de casos y de mayor crueldad recibida, lo que provoca que la responsabilidad en este aspecto para abordar el asunto sea también mayor”, añadió. "Lo que está encima de la mesa son las bases de la democracia, donde la memoria y no el olvido es lo más importante para que no vuelva a pasar", remachó el regidor.

Más allá de las familias, que llevan ya demasiado tiempo esperando a que se produjera la exhumación, en el ámbito político han sido Espadas y la concejala socialista Adela Castaño los principales impulsores de estos trabajos.

La consejera Del Pozo manifestó tras la firma del convenio: “Por fin ha llegado el día de empezar a trabajar para dar consuelo a muchas familias que no han podido dar sepultura digna a sus familiares. La prioridad para la Junta es dar atención a todos los que quieren encontrar y enterrar a sus seres queridos, como punto de encuentro y concordia entre todos”, según recoge Europa Press.

Villalobos consideró: “El acuerdo refleja lo que somos como sociedad, como proyecto colectivo. Tres instituciones, de distinto color político, se han unido para honrar la memoria de 1.103 personas y de sus familiares".