Pablo Mayoral Rueda tenía solo 24 años de edad cuando le pidieron la pena de muerte en los últimos consejos de Guerra ejecutados por la dictadura franquista. Era el mes de septiembre de 1975, el conocido proceso del 27-S, arrastró a los últimos ejecutados por el régimen, el último reguero de sangre donde fueron fusilados por voluntarios de la guardia civil tres miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y dos miembros de ETA: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui. Tenían entre 21 y 27 años de edad.

Mayoral era amigo y compañero de Baena. Fue el único ejecutado de su Consejo de Guerra perpetrado en una auténtica “pantomima de juicio”, aunque en un principio los condenados a muerte fueron tres. A Manuel Blanco Chivite y a Vladimiro Fernández Tovar se les conmutaría la pena de muerte. Conocieron la noticia a las puertas de las celdas de aislamiento. José Humberto Baena Alonso sería ejecutado por fusilamiento en Hoyo de Manzanares (Madrid) en una ejecución pública. Sus familiares no tuvieron ni el derecho a conocer la hora de su asesinato. Solo cuando ya se había cometido el crimen.

Mayoral Rueda recuerda a Público “la arbitrariedad de aquel juicio” donde fue condenado a treinta años, junto a Fernando Sierra Marco, que fue condenado a veinticinco.

Los años de clandestinidad hasta su detención

Han pasado 44 años de aquellos hechos pero Mayoral no olvida ningún detalle. Destaca a Público como en el PCE (m-l), cuando era responsable de agitación y propaganda del comité de Madrid, lo llamaban Eusebio. Era su nombre en la clandestinidad donde aprendió a sobrevivir en aquellos últimos años del régimen de Franco, que daba sus últimas bocanadas sin perder la capacidad de crear pánico a la población civil.

Mayoral también apunta como en aquellos primeros meses de 1975 su partido decidió pasar a acciones más contundentes con la “necesidad de poner en ejecución grupos de combate que pudieran dar respuesta a la creciente brutalidad del régimen que iba cayendo poco a poco”. Sin embargo, la realidad más evidente según recuerda Mayoral, era cómo aquellos agentes venían “con hambre atrasada”.

Pablo Mayoral tras la celebración de un coloquio sobre la película ‘El Silencio de Otros’ en Toulouse. / Archivo

Mayoral tuvo que militar en la clandestinidad y usar altavoces como Vanguardia Obrera para hablar de hechos que ocurrían en la ciudad de Madrid. “Los agentes de la Brigada Político Social seguían de cerca la actividades de los miembros del FRAP”.

El 16 de julio, Mayoral fue detenido junto a su compañera Mari Nieves Moral y un compañero de trabajo cuando iba a tirar la basura. “Fui todo muy rápido y no nos dejaron ni dar explicaciones sobre lo ocurrido”.

Carlos Fonseca, investigador y autor del libro Mañana cuando me maten ( editorial ‘La Esfera de los libros’) relata cómo “Mayoral y su compañero Chivite fueron acusados de ser coautores del asesinato del policía” Lucio Rodríguez. Según la información policial incorporada al sumario, ambos habían viajado el “28 de febrero a París para reunirse con la dirección del FRAP, que les ordenó endurecer las actuaciones de la organización con ejecuciones de miembros de las Fuerzas del Orden Público”.

Torturas, palizas y cuarenta días de aislamiento

De los sótanos y las dependencias de la DGS en la céntrica Puerta del Sol, Pablo rememora a Público las torturas y palizas interminables que le arrancaron la confesión del supuesto asesinato. “Fueron ocho días intensos de interrogatorios, de palizas y lo más claro de este proceso fue la amenaza constante a la que fuimos sometidos donde nos decían que nadie sabía dónde estábamos y que nos podían hacer desaparecer”, señala.

La celda de aquellos cuarenta días ha quedado nítida en su memoria. Un habitáculo de tres metros por dos, sin un colchón ni una silla ni mesa en un sótano. “Cuando todos habíamos firmado ya las declaraciones que la policía nos puso delante, fue cuando nos trasladaron. Querían tener culpables a toda costa”, aclara a Público.

Después de aquella trágica semana, Mayoral pasaría por jurisdicción militar a la cárcel de Carabanchel, donde fue trasladado el 25 de julio con una comitiva de cinco furgones que trasladaría a los detenidos.

Carlos Fonseca cuenta en su libro cómo Mayoral tenía como única iluminación “la luz que se filtraba desde el pasillo, y solo el murmullo de las conversaciones entre los funcionarios alteraba el silencio absoluto del encierro.” Con una tabla escrita con tiza identificaban el nombre de aquellos presos políticos.

Orden de convocatoria del consejo de guerra contra Pablo Mayoral y otros juzgados. / 'Cuando me maten', C. Fonseca

Pablo señala a Público como cuando “cuando llegaba la noche nos daban un jergón para dormir que nos quitaban por la mañana. No podías leer, ni fumar, ni salir al patio. Permanecí así cerca de cuarenta días. Fue terrible”.

El Consejo de Guerra para los cinco acusados llegaría el 12 de septiembre de 1975. “Solo salíamos de la cárcel y la zona de aislamiento para ir a un juicio que no admitía ni pruebas ni ningún tipo de defensa particular”, aclara a Público.

A pesar del paso de los años y la ley de secretos oficiales que se cierne sobre su sentencia no ha podido conocer el nombre de los miembros del Tribunal Militar que lo condenaron junto a sus cuatro compañeros. Tampoco “el nombre de los guardias civiles que se presentaron voluntarios para el fusilamiento de su compañero José Humberto Baena la mañana del 27 de septiembre”, aclara consternado.

Buenos Aires y su declaración en la querella argentina

En 2013 como coordinador de la Comuna de Presos del Franquismo decidió comparecer con su caso ante la querella argentina que coordina la jueza María Servini a través de la plataforma Ceaqua. “A pesar de que nos dijeron que, a través de la embajada, podríamos tomar declaración, no conseguimos en ningún momento que la justicia española nos lo pusiera fácil y nos tuvimos que ir hasta Argentina para dar testimonio de aquellos días” señala.

En 2013 una importante delegación de víctimas de Madrid, Andalucía, País Vasco llegó hasta Buenos Aires. Pablo se ha querellado contra el ex ministro de trabajo Fernando Suárez, al que se le imputa como corresponsable en la sentencia de muerte aprobada por el Consejo de Ministros del que formaba parte, de los últimos ejecutados por el franquismo en septiembre de 1975 (José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui). También ha dado nombres como el del capitán auditor, Jesús Cejas Mohedano, como uno de los militares que participó en su Consejo de Guerra y que todavía sigue vivo.

“Como decía un abogado Juan Aguirre en aquellos consejos se hizo como una especie de regateo, iban eligiendo a algunas persona y decían 'a este sí lo fusilamos' y 'a este no'  de forma arbitraria. Esa son las cosas pendientes que hay que ver y revisar con los que impusieron las penas de muerte y quedan vivos de este proceso”.

Para concluir la entrevista, Pablo rememora a Público cómo conoció la noticia del fusilamiento de su compañero y amigo Baena. Tampoco olvida la serenidad de su semblante, a pesar de aquellas terribles circunstancias. “De los seis que estaban condenados a muerte, todos compañeros de partido, solo salieron de aislamiento tres Chivite, Maniel Cañaveras y Fernández Tovar. Y fue cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando”. El Consejo de Ministros había conmutado la pena de muerte de los tres por 30 años de prisión. “¿Qué pasa con los demás?”, preguntó de inmediato uno de ellos a los funcionarios. Ninguno supo qué decir.

Pablo relata a Público que fue un momento muy “emotivo en Carabanchel”, donde solo se escuchaban las pisadas de sus 60 compañeros que allí permanecían expectantes. “Todos salieron y nos abrazamos muy fuerte. Supimos que a Baena, a Sanchez-Bravo y a Ramón García Sanz los habían fusilado”. Un funcionario acabó ratificando la noticia.

La necesidad de conocer la “verdad” de todo lo ocurrido

El 9 de noviembre de 1977 fue cuando Pablo pudo salir gracias a la ley de amnistía del centro penitenciario de Cáceres. Sin embargo, sabe que aún queda mucho por hacer. “Mi condena ha sido amnistiada, pero no rebatida. No se dice que los consejos de guerra han sido fraudulentos y ninguno de ellos se han anulado de pleno derecho. Queremos que la anulación sea efectiva y que sea publicada en el BOE. Y que la jueza Servini pueda interrogar y preguntar a todos esos verdugos que quedan vivos”.

Rodolfo Martín Villa podría ser uno de los primeros en ser interrogados por la querella argentina y que ha admitido ir a declarar ante la jueza Servini. “Supongo que los responsables policiales han de estar en estos archivos secretos, tiene que estar documentados en las actas de consejos de guerra, el capitán de la policía armada que ejecutó las sentencias, el que dio la orden de ejecución. Son demasiadas las incógnitas que nos quedan por saber”, concluye a Público.