La empresa Magrudis responsable del brote de listeriosis por el consumo de carne mechada intoxicada tiene hospitalizadas a 203 personas y ha provocado ya tres víctimas mortales y cinco abortos. La firma ha asegurado al Ayuntamiento de Sevilla que cuenta con un escaso seguro de responsabilidad civil, que sólo permitiría cubrir las indemnizaciones con 300.000 euros de cuantía.

“Esta cantidad no cubriría ni de lejos los millones o decenas de millones con los que habría que indemnizar a los afectados”, asegura el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, con datos facilitados por el Ayuntamiento de Sevilla. Esta federación de consumidores ya tiene más de 261 afectados sumados a la querella, presentada en los juzgados de la capital andaluza contra Magrudis por un delito contra la salud pública.

Mientras tanto, la alerta sanitaria decretada por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía mantiene que el brote ha llegado a su “punto de inflexión”, desde que decretó el pasado 15 de agosto la crisis alimentaria. De los pacientes ingresados en los hospitales públicos y privados, 21 son mujeres embarazadas. Cuatro pacientes están ingresados en UCI. “No se han producido nuevos abortos ni recién nacidos con infección. El recién nacido con infección continúa con tratamiento antibiótico”, aseguran fuentes de esta consejería a Público.

La organización Facua ha logrado tener datos fehacientes sobre las continuas irregularidades que la empresa responsable del brote de listeriosis ha provocado, de cara a las cuantías que tendría que dar a cada una de las personas afectadas. “Esta cuantía tan baja deja fuera de una posible indemnización a muchos afectados que incluso no tienen ni las pruebas suficientes de que han sido contagiados de listeria por productos de Magrudis y que lamentablemente no podrán ni recibir ninguna compensación al no tener pruebas de que han sido contagiado con sus productos”. Los afectados superarían el millar en toda la geografía nacional. “En las próximas semanas se podría saber el número de víctimas que han sido afectados por el brote de listeria” y las víctimas reales a los que Magrudis tendría que indemnizar, en función de la afectación que hayan sufrido.

Un caso del aceite de colza, que no logró crear un fondo de garantía a largo plazo para otra crisis alimentaria

Las cifras del síndrome tóxico, desatado en España en 1981 sentaron un precedente en el país con el envenenamiento masivo por aceite de colza. Éste fue comercializado a la población, a pesar de que tenía un uso con fines industriales. La enfermedad de la colza se saldó con 20.000 afectados y más de 1.000 fallecidos.

Este envenenamiento masivo hizo promulgar al entonces Partido Socialista en el gobierno una ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada en 1984. Nunca se logró desarrollar parte de su marco normativo, como la creación de un fondo de garantía obligatorio en caso de nuevos casos de intoxicación masiva.

En su artículo 30, la citada ley destaca que “el Gobierno,  previa audiencia de los sectores interesados y de las asociaciones de consumidores y usuarios, adoptará las medidas o iniciativas necesarias para establecer un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía”. Estos fondos respaldarían “los riesgos de intoxicación, lesión o muerte derivados del mal estado de los productos, servicios o actividades” en sectores concretos como el alimentario.

Rubén Sánchez, como portavoz de una asociación de consumidores, aclara que “treinta y cinco años después de la promulgación de la ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ningún gobierno se ha preocupado por desarrollar su artículo trigésimo”, por lo que no existe ningún fondo de garantía.

La actualización de la ley en 2007 y 2017 que no permitió la creación del fondo

En 2007 se actualizó la citada ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, a través de un Real Decreto, pero en su artículo 131 se indicaba casi de forma similar a la ley de 1984 que el Gobierno "adoptará las medidas o iniciativas necesarias". En 2017 se volvió a renovar. El papel del Gobierno es que "podrá establecer" los citados sistemas de seguro y fondo de garantía”, sin llegar nunca a materializarse.

Rubén Sánchez apunta que “se está llegando tarde ya para el caso de Magrudis y sus afectados” porque no se podría adaptar este caso a una legislación futura después de los hechos.

La clausura "permanente" de la actividad de Magrudis por parte de los inspectores de consumo del ayuntamiento de Sevilla han permitido que la factoría quede “precintada, y los productos han sido devueltos por los distribuidores durante los últimos días".

Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla ya formalizaron ante la Fiscalía de Sevilla una denuncia contra la empresa Magrudis “ante la existencia de indicios de un delito contra la salud pública por parte de la empresa”. En la denuncia queda registrado que se han aportado al “Ministerio Fiscal indicios suficientes que acreditan que la empresa no ha facilitado a las administraciones competentes toda la información necesaria y ha ocultado listados de distribución y comercialización necesarios para la investigación. La escasa cuantía del seguro de responsabilidad civil es otro de las irregularidades que los afectados por listeria tendrán que batallar ante la justicia.