Los aliados parlamentarios del Ejecutivo defenderán este martes en el Pleno del Congreso su propuesta para que los tribunales españoles puedan juzgar los crímenes del franquismo, una iniciativa registrada en 2020 con la que pretenden presionar al Ejecutivo toda vez que se mantiene estancada la tramitación de la Ley de Memoria Democrática.

La proposición de ley, firmada por En Comú Podem, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, Más País, CUP, Compromís y el BNG, plantea incorporar al Código Penal "una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español para que a las víctimas de la dictadura y sus familiares les sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

En este sentido, tras hacer referencia a la impunidad derivada de la falta de investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo y el enjuiciamiento de sus responsables bajo el paraguas del principio de legalidad, entre otros argumentos, el texto legislativo recoge la introducción de un artículo 2 bis para dejar claro que lo previsto en el Código Penal "no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos de genocidio, lesa humanidad, y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado".

Esta fórmula, auspiciada por colectivos memorialistas y en defensa de los derechos humanos, dista de la propuesta por los partidos que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, mediante enmiendas parciales al texto que salió del departamento liderado por Félix Bolaños.

Entre las correcciones presentadas por ambas fuerzas políticas destaca la que hace referencia a la Ley de Amnistía, aunque no la modifica ni la deroga, lo que provocó el rechazo de los principales socios del Ejecutivo, imprescindibles para que la nueva ley de memoria llegue a buen puerto, y de asociaciones memorialistas.

"Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables", recoge la enmienda.

Desde Unidas Podemos se aseguró que esa redacción abría la puerta a juzgar, por ejemplo, a torturadores franquistas, pero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llegó a reconocer que no tendría en realidad efectos prácticos porque no deroga la ley del 77 sino que, al contrario, ratifica su vigencia y reafirma que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.

Ante la oposición frontal de ERC al proyecto legislativo, el PSOE optó por congelar su tramitación en el Congreso hasta tener atados los apoyos suficientes para su aprobación, algo que por el momento se atisba complicado. Con estos mimbres, los socios parlamentarios mueve ficha al llevar al Pleno su fórmula para abrir la puerta al enjuiciamiento de los crímenes perpetrados por el franquismo, elevando la presión sobre el Ejecutivo en esta materia.