El Consejo de ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado este viernes la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, en la que prohíbe cortar el suministro energético en situaciones climatológicas extremas, como puede ser una ola de frío de calor.

Esta restricción se suma a las ya existentes de no cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.

Además, el documento amplía el periodo previo al corte de suministro en caso de impago, que hasta ahora para los consumidores vulnerables acogidos al bono social de electricidad habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio.

Ahora se aumenta el plazo otros cuatro meses, durante los cuales el consumidor recibirá un suministro mínimo vital que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad, informó el Ministerio para la Transición Ecológica.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el objetivo de esta medida, junto al Real Decreto por el que se regulan las condiciones del autoconsumo de energía eléctrica, también aprobado este viernes, es "poner a la ciudadanía en el centro del nuevo sistema energético".

La iniciativa, dividida en cuatro ejes de actuación y 19 medidas, ofrece por primera vez una definición oficial sobre la pobreza energética, establece cuatro indicadores (gasto desproporcionado, pobreza energética escondida, incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada y retraso en el pago de las facturas) para su seguimiento —que determinan que, en la actualidad, existen entre 8,1, y 3,5 millones de personas que cumplen algunos de los criterios— y objetivos para su reducción a 2025, con una meta del 50% y, al menos, una disminución del 25%.

En concreto, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2017, un total de 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos (17,3% de la población); 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida (11,5%); unos 3,7 millones pasan el invierno a temperaturas inadecuadas (8%) y 3,5 millones han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas (7,4%).

Ribera consideró estos datos de "abrumadores" y señaló que se observa "un crecimiento importante" de la población vulnerable desde 2008, "con un pico en 2014", por ello aseguró que es necesario "atacar las causas estructurales" para reducir la población en situación de pobreza energética.

En caso del indicador de los hogares cuyo gasto energético en relación con los ingresos es más del doble de la media nacional, tiene especial incidencia en mayores de 65 años que viven solos (30,1%); mientras que la pobreza energética escondida afecta sobre todo a parejas con tres o más hijos (28,4%); los hogares de un adulto con niños dependientes económicamente (monoparentales) son los que más sufren la temperatura inadecuada (14,1%) en invierno; y ocurre lo mismo con el retraso de las facturas (13,5%).

Así, en el caso del indicador gasto proporcionado se parte de un 17,3% de la población en 2017 y se plantean el objetivo mínimo al 12,9% y el objetivo máximo de reducción al 8,6%, en ambos casos para 2025.

En el caso del indicador de pobreza energética escondida se parte del 11,5% de la población y los objetivos mínimos y buscado para 2025 son que caígan al 8,6% o el 5,7%; mientras que en el indicador temperatura inadecuada de la vivienda se parte del 8% de la población y los objetivos son reducirlo al 6% o 4%; y en el indicador retraso en el pago de las facturas es del 7,4% y se fijan los objetivos al 5,5% o al 3,7%.

En lo que se refiere al bono social energético, que ya el año pasado se vio complementado con un bono térmico para sufragar los gastos de calefacción durante el invierno, fija las que serán sus líneas a futuro, marcando que deberá ser automático, con el criterio de renta como el principio básico, aunque se tendrán en cuenta un conjunto de cuestiones en función de la situación de los perceptores o su unidad familiar, o la zona climática donde se ubique la vivienda.

Además, deberá cubrir todas las fuentes de suministro energético, tanto eléctricos como térmicos, incluyendo aire acondicionado en determinadas zonas climáticas, agua caliente sanitaria y cocina.

Otro de los frentes en los que la Estrategia plantea acciones a corto, medio y largo plazo es en la rehabilitación energética de viviendas y eficiencia energética, con el objetivo de ampliar paulatinamente el peso de medidas estructurales frente a las prestacionales —bono social— para permitir abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural.

Asimismo, otro eje de la Estrategia se refiere a medidas de protección a los consumidores y concienciación social, incluyendo una línea centrada en la actuación de los profesionales que trabajan para atajar la pobreza energética.