La declaración del  segundo estado de alarma de la pandemia y su prórroga, aprobada por el Congreso, de al menos seis meses (si en marzo de 2021 el contexto sanitario no mejora y se alcanzan los objetivos fijados por Sanidad) han recuperado las inquietudes sociales y económicas que marcaron la emergencia sanitaria declarada el pasado mes de marzo.

El Gobierno de coalición trató de resolver estas inquietudes con el despliegue del denominado "escudo social", una batería de medidas que buscaban proteger a los más vulnerables de las situaciones provocadas o agravadas por el coronavirus. Entre estas medidas, el Ejecutivo aprobó en marzo la suspensión de los desahucios para los hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta seis meses después de expirar la declaración del primer estado de alarma.

También en marzo se aprobó una medida para garantizar el abastecimiento de los suministros básicos, prohibiendo los cortes de agua y luz (primero en el caso de las familias más vulnerables y después extendiendo la cobertura al conjunto de los hogares) mientras siguiera vigente el estado de alarma.

Posteriormente, a finales de septiembre, se decidió ampliar la prohibición de los desahucios (en los mismos términos que en el decreto de marzo) hasta el 31 de enero; también se hizo lo propio en julio con la prohibición del corte de suministros, pero en este caso, hasta el 30 de septiembre, sin que tuviera lugar una nueva ampliación hasta enero; por lo que, desde esa fecha, la medida no tiene vigencia.

Ahora, en plena segunda ola de la pandemia y con el estado de alarma de nuevo declarado, el Ejecutivo de coalición se plantea, por un lado, recuperar algunas de las medidas del escudo social y, por otro, ampliar algunas de las coberturas que, a juicio de una parte del Gobierno, se mostraron insuficientes en determinados casos y situaciones.

En este contexto, la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigida por Pablo Iglesias, ha puesto sobre la mesa dos propuestas en el seno del Ejecutivo de coalición con el objetivo de recuperar y ampliar la cobertura del escudo social de marzo. Por un lado, Iglesias quiere que se extienda la prohibición de los desahucios, desligando los requisitos de vulnerabilidad de las consecuencias directas de la pandemia y, por otro, plantea recuperar la prohibición de los cortes de suministros de agua y luz mientras dure el estado de alarma.

Desahucios en alquileres, hipotecas y grandes tenedores

En concreto, el vicepresidente segundo quiere prohibir todos los desahucios por impago de hipotecas cuando la familia no tenga alternativa habitacional; prohibir los desahucios por impago del alquiler o por extinción del contrato del alquiler en este mismo supuesto, excepto cuando el dueño del piso sea una persona en situación vulnerable; y prohibir también los desahucios de aquellas familias que estén en precario sin alternativa habitacional cuando vivan en pisos de grandes tenedores de vivienda, como fondos o bancos, durante la vigencia del estado de alarma.

"En pleno estado de alarma, que implica un toque de queda, y los sucesivos confinamientos parciales que se están decretando por parte de las comunidades autónomas, no tiene sentido pedirle a la gente al mismo tiempo que se quede en casa y ejecutar desahucios", defienden desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales, desde donde también recuerdan que esta segunda ola de la pandemia se desarrollará durante los meses de invierno, con los riesgos que esto supone para las familias sin hogar.

Una justificación que extienden a la prohibición de cortar suministros de agua y luz: "No tiene sentido pedirle a la gente que se lave las manos permanentemente y que se estén produciendo cortes de suministros. Para que una vivienda se pueda considerar digna, los suministros tienen que estar garantizados".

La Vicepresidencia de Derechos Sociales ya habría trasladado a la parte socialista del Ejecutivo de coalición estas propuestas, un asunto que en principio abordaría el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Fuentes del ministerio que dirige José Luis Ábalos indicaron que están abiertos a negociar estas propuestas y la ampliación de las que están en vigor hasta finales de enero.

Según estas fuentes, se está ya estudiando la situación actual y la posibilidad de adoptar medidas en la línea que propone la Vicepresidencia de Derechos Sociales, pero admiten que pueden ser orientadas de forma diferente a como se aplicaron en el primer estado de alarma e incluir nuevas propuestas.

En este sentido, apuntan que hay ver cómo evoluciona la pandemia y cómo atender mejor las necesidades reales de las personas más vulnerables, por lo que se plantearán propuestas en su momento, aunque eso no quiere decir que las medidas se retrasen. "Hay que estudiarlo", afirman.