"Es sorprendente, desconcertante, que el ministro Ábalos no sepa cómo funcionan las estructuras del Estado que su propio Gobierno controla. El Real Decreto que promulgaron al principio de la pandemia no ha parado ningún desahucio". Estas son las palabras de Marta Ill, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Barcelona, referidas a las últimas declaraciones del secretario de organización del PSOE sobre una familia con varios menores a su cargo  a la que acababan de desahuciar: "En teoría no está permitido", dijo. Esta apreciación ha tenido cierto eco en diferentes movimientos provivienda, desde donde le exigen "la paralización inmediata de todos los desalojos, como mínimo hasta el fin de la emergencia sanitaria". 

Fernando Bardera, homólogo de Ill en Madrid, no se olvida de que nada más promulgarse el RD por el que se paralizaban aquellos desahucios que encontraban su razón de ser en las pérdidas económicas causadas por la pandemia, desde su colectivo ya alertaban de la "ineficacia" de la medida. "No se ha dado ningún supuesto de este tipo todavía porque la gente que puede aprovecharlo va a tener una sentencia a un año vista, así que el Ministro miente", explica el portavoz. Él mismo incide en que "los desahucios siguen en marcha , al mismo ritmo que antes de la crisis sanitaria e incluso, en algunos casos, se han acelerado, pues durante el confinamiento se paró toda la actividad judicial y ahora se están retomando todos los desalojos atrasados".

El Sindicato de Inquilinas de la capital incide en que el aluvión de desahucios provocados por la pandemia vendrá a partir de la primavera y el verano próximo. "Hay necesidad de legislar aunque sea provisionalmente, sobre todo al tener en cuenta que estamos a las puertas de un segundo confinamiento domiciliario y a mucha gente se la está echando de sus casas por la fuerza", agrega un Bardera que también exige que cesen los desalojos violentos, es decir, aquellos en los que son los antidisturbios quienes echan a la gente de la vivienda.

La pandemia como negocio para los rentistas

Las cifras se sitúan en los cien desahucios al día en toda España, una veintena de ellos solo en la capital. "Ahora mismo hay un impago tremendo y muchos acabarán en los juzgados. El 70% de los desalojos ejecutados son por contratos de alquiler porque aquellas personas que tenían contratos hipotecarios ya han sido desahuciadas con anterioridad", relata el portavoz del Sindicato de la capital. Preguntado por el análisis que llevan a cabo del RD redactado a principios de la pandemia, el mismo Bardera argumenta que lo único salvable es la prórroga de los contratos, aunque también la tilda de "laxa y corta".

Desde su punto de vista, "las otras dos cuestiones son totalmente ineficaces porque los desahucios no se han paralizado, aunque digan lo contrario, y nos oponemos rotundamente a la opción que daban desde el Gobierno de pedir microcréditos para hacer frente al pago del alquiler porque entendemos que es un chiste intentar solucionar el problema que hay de la vivienda en un mercado inflado haciendo que la gente se entrampe de esta forma para que la clase rentista no pierda poder adquisitivo cuando prácticamente todo el mundo lo está perdiendo".

Hay una realidad que, cada vez más, acucia a sectores más amplios de la población: "Se están dando desahucios en familias que nunca habían tenido ningún problema económico a causa de la desproporción entre el salario mínimo y medio con el nivel de vida y los precios del alquiler. Existen grandes problemas para llegar a fin de mes a causa de la renta. No podemos olvidar que la mitad del inquilinato invierte más del 50% de su salario en pagar la vivienda sin gastos incluidos, cuando la indicación de la Unión Europea es que no se supere el 30% con los gastos incluidos. Ya no se trata de situaciones de vulnerabilidad, sino una cuestión de economías normales".

El requerimiento que hoy han hecho al Gobierno sobre el cese inmediato de los desahucios está auspiciado por diferentes movimientos sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinas de Barcelona, Madrid, Donostia, Bilbao y Zaragoza, y la Coordinadora de Vivienda de la capital. Marta Ill, desde la capital catalana, recalca que allí "la situación es verdaderamente desconcertante" y le cuesta encontrar adjetivos para describir que muchas personas se tengan que jugar su salud y su físico para intentar frenar un desahucio. "En Barcelona se están dando alzamientos con mucha violencia policial, con una presencia de antidisturbios muy elevada y con la aplicación de la 'ley mordaza' constante sobre los activistas", continúa relatando.

El sentimiento de justicia social

Ella misma recuerda como un éxito la manifestación que hace unos días discurrió por las calles barcelonesas consiguiendo reunir a un millar de asistentes que pedían el cese de los desalojos. "A Ábalos no solo le pedimos que haga su trabajo, sino que actúe en consecuencia porque es una falta de respeto que aparezca diciendo que no entiende por qué se siguen dando desahucios sabiendo que su RD es inútil para pararlos. Tiene que decretar el cese de la actividad judicial en cuanto a alzamientos", exige la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Barcelona.

Aunque el miedo al contagio podría ser uno de los mayores inconvenientes a la hora de acudir a una movilización para parar un desalojo, Ill declara que "la sociedad está respondiendo con mucha presencia porque la rabia y la necesidad de no dejar a nadie atrás es mayor que el miedo, además de que también nos atemorizamos al pensar cómo vamos a sobrevivir como sociedad si permitimos que la gente esté en la calle o en pensiones abarrotadas en una pandemia como esta. Por eso nos puede más el sentimiento de justicia social que el miedo".

Uno de los aspectos en los que incide la portavoz barcelonesa es la composición de las asambleas de los movimientos provivienda. "Si te paras a pensar quiénes son los afectados, la mayor parte de ellos tienen trabajos esenciales para la sociedad. Son las personas que cuidan de nuestros mayores y limpian nuestros hospitales y calles, gente que realmente está trabajando para cuidar a la ciudadanía". Por otra parte, aunque desde el Sindicato afirman tener mucha fuerza, también consideran que es el momento de reaccionar, "de incrementar las leyes que existen y forzar a que los grandes propietarios las cumplan". Ill se refiere a la normativa vigente en Catalunya por la que se establece que los grandes tenedores de vivienda se encuentran obligados a ofrecer un alquiler social a aquellas personas que pretenden desahuciar, y avisa: "La oleada de alzamientos tras la pandemia será insostenible".

"Es muy difícil entender a qué juega el Gobierno. Ahora solo intenta parar el golpe de una forma muy superficial haciendo prórrogas del contrato del alquiler cuando la mayor parte de los afectados no pueden hacer frente a él", continúa relatando Ill. En cuanto a la fuerte actuación policial en los desahucios, desde el Sindicato de Inquilinas de Barcelona entiendo que esto es así porque "en estas situaciones los antidisturbios suelen cumplir órdenes de los juzgados, así que intuimos que, debido a la saturación de casos por aquellos que se paralizaron durante el confinamiento, ahora quieren ir más rápido, agilizarlos de alguna forma".

Europa tiende a la regulación de los precios

Bardera defiende que la "metedura de pata" de Ábalos es una buena forma de hacer ver a la sociedad hasta qué punto los gobernantes desconocen la realidad de la sociedad. "Las declaraciones del Ministro van más allá porque tiene un gran peso dentro del Gobierno, pero también en el aspecto de la vivienda. Se negó a una regulación de los precios del alquiler mediante RD y optó por una ley estatal, y este tipo de cosas son importantes sacarlas a la luz porque puede afectar a su carrera política. Es increíble que alguien como él no esté al tanto de la realidad legislativa en torno a los desahucios", reflexiona el portavoz madrileño.

Los colectivos antidesahucios confían en la aprobación de los nuevos presupuestos para ver en dónde desemboca la lucha que vienen realizando desde hace años. "Los partidos con los que nos hemos reunido parecen estar de acuerdo con nuestras exigencias, aunque habrá que ver si las ponen como una línea roja. Al menos, pretendemos que se hable de ello y que antes de que pasen cuatro meses ya esté aprobada la ley", continúa Bardera. Él mismo agrega que la tendencia europea se inclina por la regulación, y alude a que algunas ciudades que llevan décadas con esta dinámica han visto cómo los efectos son positivos: "El mercado no se detrae y también se hace más sano. No se entendería que fuéramos el único país que no continuara con esa tendencia económica que sí que llevan a cabo países nada sospechosos de no ser capitalistas", concluye.