Las familias de 3.274 fallecidos por la pandemia han presentado este lunes una querella por homicidio imprudente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los 22 ministros que componen su Ejecutivo por la gestión de la pandemia de la Covid-19.

Otras 2.700 familias de víctimas han mandado documentación para sumarse a esta denuncia que ha sido interpuesta este lunes ante el Tribunal Supremo.

Son casi 2.500 abogados de toda España los que se han ofrecido a llevar estos casos de manera gratuita. Están coordinados por once abogados entre los que se encuentran José Ignacio Sánchez Rubio, presidente de Derecha Liberal Española y ex militante de PP y Vox.

Confilegal aporta los nombres de otros principales impulsores: Alberto de Enrique Arnau (Legal Shopware); Carlos Bacaicoa (abogado de la víctima de la violación de 'La Manada'); Carolina Rivas Trullols (especialista en delitos contra la salud); Esteban Gómez Rovira (abogado de padres contra la inmersión lingüística en catalán); Jesús Montes; José Ignacio González Ochoa (derechos del consumidor y cláusulas abusivas bancarias); Raquel Sánchez Navarro (derecho penal) y Tulio García O'Neill (civil y penal económico).

La querella comenzó a gestarse alrededor de la Fundación Zaballos para la defensa de los derechos constitucionales, que preside la abogada Emilia Zaballos Pulido.

La acusación particular la ejerce un familiar por cada fallecido por la Covid-19.

El equipo inicial está formado por 80 abogados y 10 procuradores de toda España. La distribución de los perjudicados se ha realizado por sorteo entre los letrados.

Los querellantes no descartan ampliar su acusación a otras personas, como colaboradores necesarios, durante la fase de instrucción.

También durante la fase de instrucción estudiarán ampliar la querella a otros delitos como pueden ser los de prevaricación, omisión del deber de socorro y contra los derechos de los trabajadores.

La querella inicial está firmada por un miembro de cada familia de cien fallecidos, ya que los demás están a la espera de aportar el certificado de defunción.

Piden para cada querellado una pena de entre tres meses y quince años de cárcel, dependiendo de la calificación final, por cada uno de los fallecidos.

En concepto de responsabilidad civil, se solicita el pago a cada querellante de una indemnización de entre 50.000 y 300.000 euros, por los daños y perjuicios causados con la muerte de sus familiares.

La Fundación Zaballos tiene previsto personarse en el proceso como acusación popular, en el caso de que la querella sea admitida a trámite.

El Supremo lleva registradas 16 denuncias contra el Gobierno por la gestión de a covid-19. Son denuncias presentadas por médicos, el Consejo de Enfermería, funcionarios, Vox y particulares.