El exministro Rodolfo Martín Villa, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, ha consentido finalmente en depositar la fianza dictada por la jueza argentina María Servini de Cubría para conceder su exención de prisión.

El represor había recurrido el pasado martes la caución que decretó la magistrada, pero a los dos días, Martín Villa desistió de su apelación.

En un primer fallo, Servini había establecido en más de un millón de euros (21.250.000 pesos) el monto que debía pagar el exministro para evitar su encarcelamiento en caso de que decidiese pisar Buenos Aires.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, tribunal de segunda instancia, anuló esa resolución después de que el defensor de Martín Villa, Fernando Goldaracena, cuestionara la fianza de la jueza por considerarla desproporcionada.

En un nuevo auto fechado el 15 de septiembre, la magistrada redujo la caución del exministro a un millón de pesos (48.300 euros), pero el exministro franquista volvió a pedir la revisión de la cifra hasta que, por algún motivo, decidió no objetar más la decisión.

El desenlace jurídico de no mantener su apelación es que ha quedado firme la resolución de Servini. Cuando Martín Villa desembolse la cantidad que pide la jueza, será automática su exención de cárcel.

Consecuencias

Es de esperar que en algún momento la magistrada levante también la orden de detención internacional que pidió en su contra en octubre de 2014, cuando lo imputó por crímenes de lesa humanidad junto a otros 19 represores franquistas.

En realidad, esa captura internacional no llegó a regir porque la sección de Interpol en España denegó la detención preventiva con fines de extradición a Argentina de la veintena de imputados originales reclamados por la jueza, pedido que había sido avalado por la oficina de la organización policial radicada en Buenos Aires.

La defensa de Martín Villa podría adelantarse y pedir que quede sin efecto la orden de arresto contra su cliente, o bien Servini podría concederla de oficio. De este modo, el exministro franquista se aseguraría de que puede salir de España sin temor a ser detenido.

Durante todo este tiempo, el represor ha insistido en que quiere declarar ante la magistrada por los delitos que se le imputan en el expediente “con independencia de lo que se decidiera en España por el Gobierno o por los tribunales de Justicia”, de acuerdo a una carta que remitió a la jueza en noviembre del año pasado.

Ése fue uno de los motivos que valoró la Cámara de Apelaciones para anular el 22 de agosto un fallo de Servini que denegaba la exención de prisión solicitada por Martín Villa.

El tribunal de apelaciones considera, por otra parte, que en la causa no está fundamentado por qué los delitos atribuidos al exministro durante la transición son de lesa humanidad, y por tanto, imprescriptibles.

Entre otros crímenes, el represor ha sido acusado de ordenar en 1976, cuando era ministro de Relaciones Sindicales, la represión de una manifestación de trabajadores en Vitoria durante la que fueron asesinados cinco obreros.

En todo caso, ahora es el turno de Martín Villa, que desvelará en cuestión de tiempo si realmente dijo la verdad al asegurar una y otra vez que quiere declarar libremente ante la jueza, y que incluso está dispuesto a aportar datos históricos sobre el período investigado.