No sobran las semanas apacibles en el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo que comparten PSOE y Unidas Podemos ha demostrado estabilidad a tenor de cómo marcha la legislatura. Tanto a nivel interno como con las alianzas parlamentarias en el Congreso. Pero eso no significa que no surjan con cierta frecuencia grietas que copan los titulares y focos durante días. La mayoría de ellas se acaban cerrando pese a las heridas mostradas. En pocos días, apenas una semana, se han juntado hasta tres crisis por diferentes temas que, por el momento, no se han solucionado. Una situación que contrasta con la recuperación en las encuestas vista desde el mes de septiembre y que pueden complicar la recta final del año. 

La primera de ellas realmente viene de más atrás pero en las últimas fechas se ha reavivado aún con más fuerza si cabe. El pasado 24 de junio decenas de personas migrantes murieron tras intentar cruzar la valla de Melilla. El suceso generó un fuerte impacto y desde el primer momento se cuestionó la actuación policial, tanto de la Guardia Civil como de los gendarmes marroquíes. Pocos días después, Público difundió en exclusiva imágenes de demostraban la actuación de la policía de Marruecos en suelo español. 

El Gobierno defendió en todo momento la legalidad de las actuaciones. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comenzó a estar en el disparadero y varios grupos parlamentarios, con UP, a la cabeza, pedían una comisión de investigación. Moncloa trasladaba la situación a las investigaciones abiertas tanto por la Fiscalía como por el Defensor del Pueblo. 

Pasado el verano el asunto volvió a reflotar gracias a un documental emitido por la BBC, que incluía las citadas imágenes de este medio. A eso se le sumó un primer informe, en octubre, del organismo que preside Ángel Gabilondo. Consideraban que Interior se había saltado la legalidad. También se produjo un viaje de varios diputados del Congreso a Melilla. Sánchez seguía respaldando sin matices a su ministro pese a las pruebas mostradas. Pero el caso dio una nueva vuelta de tuerca con un nuevo informe del Defensor del Pueblo, publicado el pasado 15 de noviembre. 

En Ferraz, en privado, reconocen la dureza de las conclusiones del Defensor del Pueblo. Pero insisten en defender a Marlaska, criticado a izquierda y derecha, con el PP sumándose a la petición de explicaciones en un asunto en el que algunos socialistas recuerdan su actuación de opacidad cuando sucedió la tragedia de El Tarajal en el año 2014. La intención ahora es aferrarse al dictamen de la Fiscalía. Una posible imputación o el cuestionamiento de este organismo de la actuación de Interior pondría en serios aprietos a Marlaska, según reconocen algunas voces socialistas. 

Los jueces y el conflicto con Igualdad

Esta misma semana también ha transmitido otro conflicto por resolver que tiene como telón de fondo a los organismos judiciales y a los jueces. Durante los últimos días se han ido conociendo un goteo de rebajas de penas a violadores condenados en aplicación de la nueva ley de libertad sexual, conocida como 'sólo sí es sí'. El asunto ha ido escalando progresivamente y ha generado una enorme tensión entre los dos partidos de Gobierno. Los cruces de declaraciones han sido incesantes.

En Podemos y en el Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero defienden la ley y ponen el foco en que "es un problema de interpretación voluntarista judicial en contra de los avances del feminismo". Es decir, que la "justicia es machista". Las críticas a los magistrados han encontrado su respuesta en las asociaciones judiciales (algunas de ellas piden la dimisión de Montero) y también en la parte socialista del Gobierno.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, marcaba posición este jueves. Llamaba a la prudencia en las declaraciones y pedía "absoluto respeto a los jueces en su trabajo y su desempeño". Un mensaje que también trasladaba la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, abriendo otra pequeña brecha discursiva dentro del espacio de UP. Pero la portavoz dejaba caer también un mensaje a los jueces para que actúen "conforme al espíritu" de la norma aprobada. 

La postura oficial en estos momentos, en todo caso, es esperar. Concretamente al Tribunal Supremo. Así lo marcó el propio presidente Sánchez desde Bali el miércoles, con la polémica en pleno auge. "Vamos a ver lo que dicen los tribunales y a que unifiquen doctrina y después tendremos que ver qué pasos dar", destacó el líder del Ejecutivo. Esa es de momento la posición. Por un lado esperar al Supremo, algo que puede producirse en menos de un mes, y por otro confiar en que las interpretaciones judiciales sean las adecuadas. Por su parte, algunos socios del Gobierno sí que se decantan por revisar lo que sea necesario. 

A vueltas con la malversación y la corrupción

El Código Penal y sus posibles reformas también han supuesto un quebradero de cabeza para el Gobierno. La modificación del delito de sedición es defendida por el Ejecutivo de Sánchez para mejorar la convivencia en Catalunya. Era uno de los compromisos adquiridos desde hace tiempo, defienden desde Moncloa. Y se cerraban de alguna manera las heridas abiertas con el Govern y ERC. 

Esta reforma, fuertemente criticada por la derecha y la excusa usada por el PP para romper las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), levantó también algunas críticas en los barones socialistas más críticos con el independentismo, principalmente los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García Page. 

La reforma, presentada en una Proposición de Ley conjunta entre PSOE y UP no parece que vaya a provocar excesivas disputas pese a las críticas de algunos movimientos sociales y las visión de UP sobre cómo se negoció la norma. Pero en paralelo al Gobierno le ha estallado otro debate que sí está generando más ruido. Es el de la reforma del delito de malversación. 

La cocina de esta iniciativa todavía está a medio hacer. Es una reclamación de ERC, que quiere ligarla a la reforma de la sedición. El debate público no está siendo muy cómodo para el Gobierno que, en todo momento, ha evitado en entrar al fondo de un asunto complejo y difícil de comunicar. Lo que sí está dispuesto es a aprobar una reforma que tenga límites claros para los casos de corrupción. 

Pero de momento no hay nada sobre la mesa. La iniciativa tendrá que llegar vía enmienda de ERC a la PL sobre sedición. El PSOE y Moncloa esperarán a la misma para valorarla. Pero la disposición está ahí y no se cierra la puerta a la reforma se blindan esas líneas rojas que considera el Ejecutivo de Sánchez que no pueden traspasarse. El Govern de Catalunya pretende abordar este tema en una próxima reunión de la Mesa de Diálogo que podría convocarse según algunas fuentes este mismo mes.