Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid pretenden recurrir la causa que seguía contra tres policías municipales de la capital por posibles delitos de odio e injurias por los insultos vertidos en un chat de agentes contra la alcaldesa Manuela Carmena, según adelanta Eldiario.es. El Juzgado de Instrucción número 42 ha considerado que los comentarios no tienen carácter “público”.

Según el auto, no existen indicios racionales de esos delitos, denunciados por un agente perteneciente al chat en noviembre de 2017, y se acuerda el sobreseimiento provisional y consiguiente archivo.

En el chat se llamaba a la alcaldesa madrileña "vejestorio despreciable" y se decía que "lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros", entre otros mensajes en los que, según la denuncia, también se alababa a Hitler y el nazismo y se vejaba a los inmigrantes.

El Juzgado de Instrucción 42 de Madrid se encargó del caso y su titular dictó un auto el pasado 5 de diciembre en el que consideraba que los comentarios podían constituir delitos de fomento o incitación al odio contra un grupo por motivos racistas previsto en el artículo 510 del Código Penal, y de delitos de injurias a la autoridad (por lo referido a Manuela Carmena) y a particulares (por las críticas a los periodistas Ana Pastor y Antonio García Ferreras).

El magistrado Juan José Escalonilla concluyó el pasado viernes que "la inexistencia de indicios racionales de que los hechos objeto de denuncia sean constitutivos de un delito tipificado en el artículo 510.1 del Código Penal, ni de delitos de amenazas" y por tanto acuerda el sobreseimiento provisional de la causa con su consiguiente archivo.

El denunciante también recurrirá

El letrado Antonio García, que representa al denunciante, miembro de Comisiones Obreras, y a este sindicato, personado en la causa, ha explicado a que, a falta de la lectura completa del auto, ya que aún no le ha sido notificado y solo ha conocido extractos por la prensa, lo va a recurrir.

"La clave es que el juez reconoce que los mensajes son xenófobos y racistas, lo que es delito de odio, aunque luego precise que no se da el requisito de publicidad", una apreciación que no comparte porque "sí existe publicidad, al tratarse de un chat con decenas de agentes cuyos administradores no sabían a qué destinatarios iban los mensajes, ya que reconocieron que desconocían a la mayoría".