La huelga indefinida que los funcionarios del sector judicial gallego iniciaron el pasado 7 de febrero alcanza este lunes los tres meses, lo que la sitúa como un paro "histórico" en la comunidad en lo que respecta a su duración. Y lo hará a la espera de que una nueva negociación permita cerrar "de una vez por todas y cuanto antes" el conflicto.

Fuentes sindicales  inciden en que esta huelga, la primera de los funcionarios de la justicia gallega, está entre "las más largas" que ha vivido Galicia. Pero remarcan, además, que afecta a "un servicio fundamental", por lo que su relevancia se incrementa.

Así, según cálculos de los representantes de los trabajadores, cuando el paro alcance los tres meses habrá obligado a suspender casi 25.000 juicios, además de miles de trámites jurídicos, puesto que la afección en los registros civiles también ha sido significativa.

En tres meses, el conflicto que empezó un comité de huelga en el que los siete sindicatos del sector pelearon unidos por las mejoras laborales ha dado muchos giros, con el detonante de la ruptura de la unidad sindical el pasado 26 de abril, cuando centrales (SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO) aceptaron un preacuerdo con la Xunta.

Éste fue llevado a las asambleas de los trabajadores con el rechazo de Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ, donde recibió el no de la mayoría de los funcionarios. Esa jornada de votación, en el que algunas fuerzas sindicales denunciaron "amenazas y coacciones" de los sindicatos críticos, sirvió para ahondar en sus diferencias.

Sindicatos a la espera

Pero todavía quedaba una vuelta de tuerca, cuando poco después SPJ-USO optó por unirse a los sindicatos que habían rechazado la oferta de la Xunta. Ahora mismo son estas cuatro organizaciones las que se mantienen activamente en el comité de huelga.

En estos días, además de avanzar concentraciones para este lunes coincidiendo con los tres meses de la huelga, SPJ-USO, AXG-CUT, CIG y STAJ han trabajado en intentar articular un nuevo documento y han trasladado a la Xunta que están dispuestos a suspender la huelga mientras se negocia si se retoma el diálogo.

Más que la subida, en su foco están ahora otras cuestiones como la cláusula de revisión y el plan de recuperación del trabajo acumulado durante el paro.

Entre tanto, CCOO ha renunciado a formar parte de este órgano y sus afiliados se han reincorporado a la actividad, mientras que UGT aboga por conducir la negociación en una mesa sectorial y CSIF, que insiste en la mediación, ha avisado que, si esta no se materializa, mantendrá las reuniones que considere oportunas para poner fin al conflicto.

Aunque rechazan declaraciones públicas al respecto, dirigentes de estas centrales sugieren en privado que el actual comité "no hace propuestas serias" y busca "como cambiar cuatro comas a la última oferta ofrecida por la Xunta para poder firmar".

En todo caso, la sensación desde todos los sindicatos es que se está a la espera de que la Xunta dé un paso.

"Negociar sobre lo que se puede negociar"

En esta coyuntura, el vicepresidente, Alfonso Rueda, quien este sábado aseguró que espera que el conflicto se cierre "cuanto antes" e incluso apuntó a la semana que entra (tras subrayar el descenso del seguimiento hasta el 15% que se registró el viernes), no le ve sentido a dialogar con un comité "disminuido" y se reafirma en que se negociará en un foro con "todos" los sindicatos, lo que abre la vía de la mesa sectorial.

También espera que aquellos que "no querían el acuerdo" entren "en razón" y acepten "negociar sobre lo que se puede negociar, que es la oferta de la Xunta".

"Sobre la mesa" está así la última propuesta de la Administración, que se traduce un aumento de 140 euros al mes para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para el cuerpo de tramitación y 122 para auxilios, a aplicar en tres anualidades. Los funcionarios percibirán el 50% de este alza en este ejercicio, una vez que se valide el acuerdo, el 30% en 2019, y el otro 20% en 2020.

La oferta también contempla un plan de recuperación del trabajo paralizado por las jornadas de huelga que se elaboraría con el TSXG y con la Fiscalía y al que podrían adherirse todos los trabajadores del sector de forma voluntaria hayan o no secundando el paro. Además, incluye una cláusula de revisión para mantener los emolumentos de los trabajadores por encima de la media en la tabla salarial.

Eso sí, Rueda ha advertido que, si los sindicatos del comité "siguen empeñados" en una cláusula de revisión que les garantice "ser siempre los cuartos" en la tabla salarial y en utilizar el plan de recuperación de trabajo para que "los huelguistas recuperen" los descuentos que les afectaron durante el paro, "no va a poder ser". "El fin de la huelga está en manos de los sindicatos", ha zanjado.