MADRID.- Desde que Rita Barberá se negó a abandonar su escaño pese a haberse dado de baja en el PP cuando el Tribunal Supremo abrió una causa contra ella por un presunto blanqueo de capitales, tanto Les Corts Valencianes como los propios conservadores empezaron a estudiar la manera de obligarla a abandonar el Senado. 

Según la Constitución, su asiento en la Cámara Alta le pertenece a ella hasta 2019, año en el que se producirían las siguientes elecciones en el País Valencià. A día de hoy, sólo un adelanto electoral en la Comunidad por la que fue designada o una renuncia voluntaria podría alejarla de dicho puesto de forma inminente. Pero en el Parlamento valenciano siguen buscando la fórmula para echarla sin necesidad de esperar a que se produzcan esos escenarios. 

A día de hoy, sólo un adelanto electoral en Valencia o una renuncia voluntaria obligaría a Barberá a dejar su escaño

Podemos ya lo intentó en abril, cuando registró en dicha Cámara regional una modificación de la ley valenciana 9/2010 de designación de senadores para que se incluyera como causa de cese la pérdida de confianza del Pleno.

Dicha reforma fue aprobada -con algunos cambios- el pasado viernes, cuando todos los grupos -menos el PP- votaron a favor de revocar a quienes "tengan comportamientos contrarios a los intereses de los valencianos o desprestigien sus instituciones". 

Ello estaría condicionado a la exigencia de que el procedimiento deberá ser propuesto por un mínimo de dos grupos parlamentarios que representen como mínimo a la décima parte de Les Corts y ser aprobado luego por dos tercios de la Cámara. ¿El matiz? Todo ello tiene que cumplirse con un añadido: el grupo que propuso al senador no puede oponerse a retirarle el acta. 

El PPCV aprobó una resolución para buscar la fórmula que pudiera retirar el acta a Barberá, pero votaron en contra de la reforma legal aprobada en Les Corts

En su día, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, firmó una iniciativa propia para que Les Corts buscaran "mecanismos para, en caso de interés general o causa judicial, se articulen medidas para revisar o remover nombramientos de cargos públicos" recogidos en el Estatuto de Autonomía de Valencia. El viernes, en cambio, la postura de los populares había cambiado: El diputado Alfredo Castelló expuso que "con la Constitución en la mano, no se puede revocar a un seador" y amenazó al resto de la Cámara con acudir "a la justicia ordinaria y al Tribunal Constitucional" para que se respete el derecho fundamental de Barberá, en este caso. 

Pese a todo, el presidente de Les Corts, Enric Morera (Compromís) se reunirá este martes con su homólogo en el Senado, Pío García Escudero (PP) para debatir si existe o no la posibilidad de echar a Baberá de su escaño. El encuentro se produce a petición de Morera, que instó a García Escudero a tratar de forma "urgente" la situación de la exalcaldesa "Con la diligencia y seriedad que la ciudadanía exige". 

Sólo un antecedente de suspensión de sueldo

Hasta ahora, nadie ha conseguido obligar a ningún diputado o senador a dejar su escaño. Los únicos antecedentes que hay hacen referencia a la suspensión de sueldo (fueron tres diputados de Herri Batasuna que no participaban en la actividad del Congreso) que, según el reglamento del Senado, puede producirse cuando la persona en cuestión "reiteradamente dejare de asistir a las sesiones". 

En dicha normativa se establece también que se puede producir la "suspensión temporal de la condición de senador" si la Cámara alta concede el suplicatorio pedido por le Tribunal Supremo para poder imputar a una persona y una vez sea "firme el auto del procesamiento". Barberá no está todavía en esa situación -todavía no ostenta el título de investigada-, por lo que todo apunta a que seguirá siendo difícil poder arrebatarle su escaño.