"Si bien los agentes políticos no siempre son ajenos a este tipo de prácticas, precisamente algunos de ellos pretenden ahora luchar contra la desinformación con iniciativas que pueden comprometer la independencia de los medios y la libertad de expresión, especialmente en Internet. Además, con propuestas de participación dirigidas sólo a una parte, limitada, de la realidad periodística e informativa de nuestro país".

Se trata de una de las advertencias contenidas en el manifiesto En defensa de la libertad de información, con las que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Asociación de Periodistas de Investigación (API), Fíltrala/Associated Whistleblowing Press, y los medios eldiario.es, Vozpópuli, Civio, Xataka, Maldito Bulo/Maldita.es, junto a este medio, quieren alertar del peligro de justificar la injerencia política en el trabajo periodístico con el pretexto de controlar las noticias falsas o fake news.

Estas organizaciones rechazan "rotundamente que este fenómeno, que no es nuevo ni atribuible en exclusiva al entorno digital, pueda servir de coartada para controlar el libre flujo informativo, tanto en los medios de comunicación como en la red" y recuerdan que para proteger la esfera pública de las fake news es necesario "defender un entorno informativo fiable y responsable, y promover que todos los actores de la cadena informativa combatan y no fomenten su difusión", no crear comités políticos de supervisión, como ha propuesto, por ejemplo, la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

"Consideramos muy peligroso que los Estados procedan a definir legal o administrativamente las nociones de bulo o noticia falsa", avisan las organizaciones, que creen que el actual marco jurídico proporciona suficientes herramientas de sanción, protegiendo aspectos clave de la libertad de expresión: "Cualquier ampliación de los mismos podría llegar a amenazar la libre difusión de formas de expresión legítimas como la sátira o la crítica social", argumentan.

La libertad de expresión no puede verse amenaza por el concepto de "seguridad nacional"

Actualmente el Congreso de los Diputados mantiene una comisión de "Seguridad Nacional" que analiza la presunta injerencia rusa en la esfera pública española. En ella varios grupos políticos se han mostrado proclives a evitar el acceso de los ciudadanos a medios públicos rusos, bajo el pretexto de que difunden "propaganda" (una situación de la que no tiene constancia la unidad especializada de la UE que analiza los mensajes de los medios públicos rusos en busca de desinformación).

Sobre este punto, las organizaciones firmantes del manifiesto que "organismos internacionales como la ONU, a través de sus relatores especiales sobre libertad de expresión, la UNESCO y la OSCE se han pronunciado reiteradamente contra el uso de la noción de seguridad nacional para establecer límites injustificados y desproporcionados a la libertad de expresión".

También han querido hacer referencia a la posibilidad de legislar contra el anonimato en redes sociales, algo que el PP propuso recientemente. La PDLI y las organizaciones y medios señalan en este caso cómo el relator especial de Naciones Unidas para la protección de la libertad de expresión, ha declarado la importancia del anonimato "al permitir a los individuos ejercer el derecho a la libertad de expresión en la era digital", declarando que merece, igual que el derecho a las comunicaciones cifradas, una "protección fuerte".

Manifiesto En defensa de la libertad de información

Las organizaciones firmantes de este documento vemos con gran preocupación los intentos de control político de la información periodística por cualquier medio, incluido Internet, con la excusa de la amenaza de las ‘noticias falsas’.

La libertad de información es una pieza básica e irrenunciable de los sistemas democráticos y, como tal, no puede tener más límite que los establecidos en los convenios internacionales y en la jurisprudencia que los desarrolla, en particular la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950.

Además, organismos internacionales como la ONU, a través de sus relatores especiales sobre libertad de expresión, la UNESCO y la OSCE se han pronunciado reiteradamente contra el uso de la noción de seguridad nacional para establecer límites injustificados y desproporcionados a la libertad de expresión.

Así, en el caso concreto del anonimato, el relator especial de Naciones Unidas para la protección de la libertad de expresión, ha declarado su importancia “al permitir a los individuos ejercer el derecho a la libertad de expresión en la era digital”, declarando que merece, igual que el derecho a las comunicaciones cifradas, una “protección fuerte”[1].

En cuanto a la propagación de ‘noticias falsas’, propugnamos la necesidad de defender un entorno informativo fiable y responsable, y de promover que todos los actores de la cadena informativa combatan y no fomenten la difusión de las mismas[2].

Sin embargo, al mismo tiempo, rechazamos rotundamente que este fenómeno, que no es nuevo ni atribuible en exclusiva al entorno digital, pueda servir de coartada para controlar el libre flujo informativo, tanto en los medios de comunicación como en la red.

Consideramos muy peligroso que los Estados procedan a definir legal o administrativamente las nociones de bulo o noticia falsa. Antes bien, consideramos que las consecuencias negativas de la difusión de este tipo de contenidos deben tratarse adecuadamente sobre la base de las categorías y los instrumentos jurídicos ya existentes, por lo que cualquier ampliación de los mismos podría llegar a amenazar la libre difusión de formas de expresión legítimas como la sátira o la crítica social.

Todos los actores involucrados en generar un flujo comunicativo público deben asumir la responsabilidad de combatir, y no promocionar, la difusión de contenidos falsos. Las campañas promocionales, sean comerciales, políticas o de cualquier otro tipo, deben evitar estas prácticas en su estrategia comunicativa.

Manifestamos nuestra preocupación porque si bien los agentes políticos no siempre son ajenos a este tipo de prácticas, precisamente algunos de ellos pretendan ahora luchar contra la desinformación con iniciativas que pueden comprometer la independencia de los medios y la libertad de expresión, especialmente en Internet. Además, con propuestas de participación dirigidas sólo a una parte, limitada, de la realidad periodística e informativa de nuestro país.

En cuanto a la prensa, consideramos que los medios de comunicación y los periodistas son responsables de cumplir sus obligaciones éticas en el ejercicio de su función. Los códigos deontológicos deben incluir sanciones que penalicen malas prácticas y la difusión de infundios que deslegitiman el periodismo. Defendemos el periodismo de “código abierto” como uno de los mejores antídotos contra la publicación de noticias falsas.

Las técnicas de verificación de contenidos, promovidas tanto desde los medios como desde organizaciones, pueden llegar a ser otra forma de control. Por ello deben cumplir los estándares internacionales consensuados en esta materia. Entre otros: apartidismo e igualdad en la aplicación de técnicas de verificación de contenidos; transparencia en las fuentes; transparencia en los recursos y en quién promueve la iniciativa; transparencia en la metodología y honestidad en la publicación de correcciones.

Reivindicamos, por tanto, la transparencia tanto de los poderes públicos, y de quienes se financian con dinero público, como de organizaciones políticas (partidos) e informativas (medios de comunicación) como el principal instrumento para combatir la supuesta difusión de hechos falsos.

Igualmente, deberían promoverse acciones divulgativas y de formación sobre técnicas de verificación de contenidos dirigidas a la ciudadanía, en particular a públicos vulnerables como los jóvenes.

Exigimos que las iniciativas promovidas por el Gobierno y las organizaciones políticas en este terreno sean respetuosas con los estándares internacionales sobre protección de la libertad de expresión e información.

En particular, se evitará el derecho penal como instrumento para combatir las noticias falsas y cualquier forma de injerencia política en el normal funcionamiento de los medios. También debe evitarse la imposición de responsabilidades o la adopción de medidas de control por parte de los intermediarios y las plataformas de Internet, dado que ello genera un claro riesgo de censura privada.

Por lo tanto, manifestamos nuestro rechazo expreso a las iniciativas políticas o legislativas que busquen controlar a los medios o restringir en cualquier canal la libertad de información, de manera directa o indirecta.

Firmantes: Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), eldiario.es, Público, Vozpópuli, Civio, Xataka, Asociación de Periodistas de Investigación (API), Fíltrala/Associated Whistleblowing Press, Maldito Bulo/Maldita.es.