La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha admitido la personación en el procedimiento de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la asociación había solicitado figurar como acusación popular en la causa. Además, ha rechazado en una nueva providencia la petición de la Abogacía del Estado de suspender la declaración como imputado del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, citada para el próximo 10 de junio. 

La magistrada que investiga al representante gubernamental por presunta prevaricación administrativa al permitir la manifestación feminista del 8-M en Madrid, da luz verde a esta petición y les recuerda que tienen que depositar una fianza de 1.000 euros para poder ejercer la acusación popular. Por otro lado ha desestimado la solicitud de otras muchas asociaciones y sindicatos de figurar también en este caso.

La decisión de esta organización de ser parte en este procedimiento fue adoptada por su Junta Directiva el pasado miércoles, coincidiendo con la polémica surgida de la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, quien era el superior de los investigadores de la causa del 8-M. Este hecho ha sido duramente criticado por la oposición como un caso de injerencia política en una investigación judicial.

La resolución de la instructora se conoce apenas un día después de hacerse pública la carta de destitución que firmó la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, sobre el coronel Diego Pérez de los Cobos, según explica La Información.

La providencia en cuestión

Según ha señalado la magistrada en la providencia en cuestión, no debe esperarse a que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre los recursos de apelación pendientes de resolución. Es por ello que mantiene para ese día la citación del delegado del Gobierno y de varios testigos más, después de que ya la retrasara cinco días a petición de los servicios jurídicos del Gobierno.

En relación con el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la instructora ha vuelto a repetir que como ya ratificó el pasado 29 de mayo, este procedimiento no se centra en analizar la responsabilidad penal que pudo tener este alto cargo de Sanidad.

"Una consulta en la aplicación informática de estos Juzgados de Instrucción evidencia que otros juzgados han incoado procedimientos frente al citado denunciado, debiendo en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante este", responde la magistrada.

Ocho nuevos testigos

Entre los citados como ocho nuevos testigos en esta nueva providencia de la magistrada, celebrada este miércoles, también aparecen promotores de manifestaciones en fechas cercanas al pasado del 8 de marzo.

De este modo son ya un total de 15 testigos emplazados por la juez Rodriguez- Medel para los próximos 10 y 11 de junio. Así pues, el primer día interrogará a Franco y ya por la tarde escuchará en calidad de testigos a Fernando Talavera Esteso (secretario general de dicha Delegación); Luis María Sanz (jefe del gabinete) y José Luis Correa (director de la Unidad de Seguridad Ciudadana).

Finalmente, la juez del número 51 de Madrid da la misma respuesta al querellante inicial de las actuaciones, el abogado Victor Valladares, que aún no había logrado formalizar su acusación; así como a la Asociación Profesional Mayoritaria de Mandos, Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional y a un particular que se querella contra Franco por el fallecimiento de su padre a causa del coronavirus.