El reiterado anuncio del más que probable futuro alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida de echar por tierra Madrid Central puede conducir al PP a un largo y complicado proceso desde el punto de vista administrativo y legal.

En el plano político aún no está del todo claro que haya una unidad de criterio respecto a lo que el PP, Ciudadanos y Vox pretendan hacer con un proyecto que, según las últimas encuestas, ha recibido un aprobado por buena parte de los madrileños, y ha tenido también sus frutos en el descenso de las emisiones contaminantes.

Martínez-Almeida y el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, son los que lo tienen más claro: Madrid Central tiene que desaparecer. Pero la representante de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha dicho que su formación no es partidaria de revertir por completo el plan, sino de analizarlo en detalle y ver con qué parte se queda y con la que no.

La entrada en funcionamiento de Madrid Central supuso importantes modificaciones de las ordenanzas municipales, que al ser las normas de mayor rango requieren de una mayoría absoluta para su aprobación en pleno. Esa misma mayoría se requeriría también para alterar o retirar el plan estrella de Manuel Carmena, cuestión que todavía despierta numerosas incógnitas.

Vista de una reunión del pleno del Ayuntamiento de Madrid. EFE

Otro aspecto legal que el PP tendría que salvar es el de los nueve procedimientos abiertos en los juzgados de lo contencioso-administrativo por las denuncia que en su día presentaron los populares y las asociaciones de automovilistas, que pretendían la paralización de Madrid Central.

El Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena puso en marcha a sus servicios jurídicos para que defendieran el plan y los jueces le dieron la razón al desestimar la petición del PP y las asociaciones de automovilistas, que solicitaban la suspensión cautelar.

Dejar de pelear

En ese proceso está personada la asociación Ecologistas en Acción, cuyo portavoz, Paco Segura, explicó a este diario que ahora podría ocurrir, con un gobierno municipal de derechas, que las instrucciones a los responsables de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento fueran que desistieran de su anterior estrategia legal y que dejaran de pelear por Madrid Central.

“Pero la ventaja”, matizó, “es que nosotros seguimos estando personados en el proceso y tenemos capacidad de seguir manteniendo la defensa de esta medida, que a nosotros nos parece que ha funcionado. Si el PP quisiera borrar de un plumazo el proyecto, necesitaría una mayoría suficiente en el pleno pero al igual que los populares y Vox parece que lo tienen claro, Ciudadanos mantiene una posición más ambigua”.

Un cartel indicador de la zona de restrucción al tráfico de Madrid Central. EFE

Otro obstáculo no menos importante que el PP tendría que salvar, si quiere hacer desaparecer Madrid Central, tiene que ver, según Segura, con el proceso de infracción abierto en la Comisión Europea contra España por incumplimiento de la normativa de la calidad del aire.

El coordinador de Ecologistas en Acción recordó que en enero del año pasado el comisario europeo de Medio Ambiente llamó a capítulo a España y a otros siete países incumplidores de esa normativa, y fue precisamente la entonces ministra del ramo Isabel García Tejerina quien esgrimió como defensa el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la ciudad de Madrid, cuya medida estrella era Madrid Central.

“Ha sido el Gobierno de Rajoy”, aclaró Segura, “el que ha presentado ese plan ante la Comisión Europea para evitar una multa y ahora es un gobierno municipal del PP el que está diciendo que va a quitar esa medida, cuando además está funcionando perfectamente porque se están alcanzando niveles récord en el descenso de la contaminación”.

Patata caliente

Otra patata caliente que tendrá que resolver la eventual corporación de Martínez-Almeida será decidir sobre las inversiones de más de once millones de euros en la instalación de cámaras y dispositivos de control para la puesta en marcha de Madrid Central.

Un policía municipal habla con un motorista en el centro de Madrid el primer día de la puesta en funcionamiento de las restricciones al tráfico en el centro de la capital (Madrid Central), en noviembre de 2018. REUTERS/Paul Hanna

Esa cifra estaba previsto que se abonara de aquí a 2025, y muy posiblemente tendrá que ser asumida ahora por el PP, igual que hizo Carmena con los contratos blindados de la recogida de basura y jardinería que tenía firmados Ana Botella, explica Segura.

El representante de la organización ecologista subrayó que es “inmoral” que, cuando se habla de salud y de descenso de los niveles de contaminación, “por motivos políticos y para responder a las presiones del lobby del automóvil, se quiera retirar una medida que es beneficiosa para el conjunto de los madrileños”.
En este sentido, Segura recordó que la dinámica general que se está imponiendo en las principales capitales europeas es la de luchar a toda costa contra la contaminación en las grandes urbes.

“París ha dicho que va a hacer una medida similar a la de Madrid Central porque le ha gustado mucho, y en Londres acaban de aprobar una zona de bajas emisiones mucho más potente que la que tenían antes. Pero aquí vamos a contracorriente y esto es lo lamentable”, concluyó.

Por otra parte, fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), preguntadas por los procedimientos legales y administrativos que tendría que salvar el Ayuntamiento de Madrid para acometer la retirada de Madrid Central, se limitaron a señalar: “Hay que esperar al 15 de junio, a la constitución de las nuevas corporaciones, y serían éstas quienes informarían sobre cada caso específico, ya que cada contrato tiene sus propias cláusulas a determinados efectos”.