La coalición progresista de Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el Plan de Acción por la Democracia. Un documento que contiene 31 medidas a desarrollar durante los tres años que quedan de legislatura. La mayoría de asuntos ya fueron anunciados por Pedro Sánchez en una comparecencia realizada en el Congreso en el mes de julio.

Otros temas ya vienen de debates antiguos que se quedaron pendientes la pasada legislatura. Y hay muchas incógnitas sobre los detalles concretos de las reformas. Además, los anuncios realizados, especialmente en referencia a las medidas sobre medios de comunicación, han provocado acusaciones desde la derecha política y mediática de "censura" y de que el Gobierno quiere coartar la libertad de expresión.

Uno de los puntos principales del documento tiene que ver con medidas para mejorar la transparencia en los medios de comunicación. Es uno de los temas más novedosos de la "hoja de ruta" del Gobierno. Sánchez decidió combatir la "máquina del fango", la difusión de bulos y fake news especialmente a raíz de los ataques y maniobras judiciales contra su esposa, Begoña Gómez. 

En Moncloa siempre han señalado que es un debate complejo pero necesario y que se debía abordar con expertos profesionales y la ciudadanía en su conjunto. Ese objetivo no cambia. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, lo situó como una primera aportación a un debate mundial en un contexto de auge de la extrema derecha que se apoya en pseudomedios y estrategias de desinformación. 

"Sin medios libres y de calidad no hay democracia. Sin fuentes fiables y diversas de información, la ciudadanía no podría ejercer su importante labor de control y escrutinio", señalan desde el Gobierno. Las medidas que pretende implantar el Ejecutivo están basadas en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación y han sido bien recibidas por organizaciones internacionales de prestigio como Reporteros Sin Fronteras, entre otras. 

Los objetivos que se plantea el Gobierno son varios. Entre ellos destaca la creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. De ello se encargará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyos integrantes son elegidos por el Parlamento.

También se aumentará la transparencia con una publicación de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas. La reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir nuevos criterios de transparencia y proporcionalidad es otra de las grandes apuestas. 

Las "luces" del plan también incluyen otras medidas en favor de la transparencia gubernamental. Por ejemplo, el establecimiento de una obligación legal de rendición de cuentas cada seis meses. En este caso se incluirán todas las administraciones públicas. El Ministerio de Transformación Digital, ahora liderado por Óscar López, será el responsable de impulsar esta iniciativa, además de otras en la misma línea, como la nueva Estrategia de Gobierno Abierto. 

Una novedad también que no debería tener el rechazo de ningún grupo político es establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación. Sánchez solo ha realizado un debate de este tipo, en 2022. Otros aspectos positivos son establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos. En las anteriores elecciones, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se negó a participar en un debate organizado por TVE. 

El plan prevé también abordar una "reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado". Es decir, en la práctica esto supondrá que se eliminen los llamados delitos de opinión. También incluiría, y así lo ve Sumar, la eliminación de los delitos de injurias a la Corona porque se basará en varias sentencias de la jurisprudencia europea. 

Sin concreción temporal y medidas que vienen de lejos

En cambio, el documento pactado tiene una complicación general. Falta todavía conocer los detalles concretos de cada medida. Es decir, cómo será el redactado de cada una de las reformas y si el resultado final podrá ser aprobado por las Cortes Generales, que tienen la potestad última sobre gran parte de las propuestas. 

La compleja aritmética parlamentaria a la que se enfrenta el Gobierno es uno de los puntos clave de la legislatura. A PSOE y Sumar les cuesta mucho diálogo y negociación cada votación y podría darse el caso de que tenga que haber ciertas cesiones en sus planteamientos para convencer a otros grupos parlamentarios, especialmente con los que menos relación fluida tiene. 

Tampoco se prevé un calendario temporal sobre el desarrollo del Plan de Acción por la Democracia. No se conoce, por el momento, qué asuntos se priorizarán próximamente y cuáles se dejarán para más adelante. Es, según las palabras pronunciadas por el ministro Félix Bolaños, una "hoja de ruta" prevista para los próximos tres años. El Gobierno confía en agotar la legislatura. 

También hay que tener en cuenta que hay varios asuntos que se enquistaron durante la pasada legislatura y que está por ver que puedan avanzar ahora. Sobresalen dos de ellos. Por un lado, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. El Gobierno presentó en 2022 una anteproyecto de ley para acabar con la vigente legislación franquista. Pero se quedó en un cajón y nunca llegó al Parlamento. Atascada se quedó igualmente una propuesta del PNV. Ambos textos son, según el Gobierno, buenos puntos de partida para volver a retomarlo. 

Lo mismo sucede con la reforma de la ley mordaza. El texto aprobado establece únicamente la modificación del artículo 36, sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este punto, entre otros, sí hubo acuerdo con ERC y EH Bildu durante la pasada legislatura, pero ambos grupos pidieron más ambición, por lo que reforma pactada entonces entre PSOE y Unidas Podemos se tumbó. Es previsible que los aliados parlamentarios vuelvan a repetir sus peticiones en los próximos meses. 

Por último, el documento excluye medidas para la democratización de la justicia o para hacer frente al lawfare. Es otro de los asuntos que propusieron los socios parlamentarios del Gobierno. Fuentes de Sumar señalan que les hubiera gustado incluir acuerdos de este tipo en el Plan presentado este martes pero no ha sido posible por las reticencias de los socialistas.