Desde que en octubre de 2007 Mariano Rajoy ninguneó el cambio climático aludiendo a un chascarrillo de su primo en pleno debate en la UE sobre el cierre de las centrales térmicas, hasta que el Gobierno de Sánchez ordenó en septiembre pasado el de la que tiene Endesa en la localidad coruñesa de As Pontes de García Rodríguez, pasaron 15 años.

La central de As Pontes proporciona más de cien empleos directos, 327 indirectos y 743 inducidos en una localidad de menos de 10.000 habitantes. Pero en todo ese tiempo la Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo no diseñó ningún plan ni ideó estrategia alguna para dotar de alternativas a un municipio que estaba abocado a ver desaparecer su principal motor industrial.

Según el economista Manuel Lago, asesor del Ministerio de Trabajo y Economía Social y número dos de la candidatura de Sumar por A Coruña, Galicia perdió más de 37.000 empleos industriales durante los mandatos de Feijóo, tal y como corroboran los datos de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística.

El 23% de todo el empleo industrial perdido en España

Lago subraya que esa cifra representa el 23% de todos los puestos de trabajos perdidos en la industria española, y recuerda que la Ley Orgánica del Estatuto de Galicia otorga a la Xunta "competencia exclusiva" en esa materia.

Sin embargo, siempre que a Feijóo o a sus conselleiros se les preguntaba por el declive de la industria en Galicia y por el goteo de cierres de fábricas durante sus trece años de gobierno, el líder del PP responsabilizaba al Gobierno central.

La política industrial de la Xunta bajo su mando, según fuentes de la oposición, tuvo dos fiascos reseñables. El primero fue su decisión de anular el reparto de parques eólicos ejecutado por la anterior Administración autonómica, en manos de PSOE y BNG, y convocar un nuevo concurso que perdonaba a las empresas beneficiarias la obligación de reinvertir en el territorio que iban a ocupar parte de sus ganancias.

La Justicia acabó condenando a la Xunta a abonar más de tres millones de euros en indemnizaciones a las compañías excluidas del reparto de Feijóo, y que sí se habían comprometido a elaborar planes industriales para contribuir al desarrollo de las localidades afectadas.

El fracaso de los floteles de Pemex

El segundo gran chasco fue el fracaso del acuerdo al que Feijóo llegó en persona en 2013 con el entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para que la petrolera pública mexicana contratara en Galicia la construcción de varios buques-hotel que debían albergar al personal de sus plataformas marítimas de extracción de crudo.

El pacto, que según la Xunta suponía un negocio de 600 millones de dólares, significaba dotar de carga de trabajo durante varios años a los astilleros Hijos de J. Barreras, una mítica empresa de construcción de buques que daba miles de empleos directos e indirectos en Vigo y a la que la crisis financiera había abocado al cierre.

Pemex se comprometía también a contratar otro flotel en las instalaciones de Navantia en Ferrol, y a construir una terminal petrolera de 30.000 metros cuadrados en el puerto exterior de A Coruña.

El conselleiro de Industria de Feijóo, Francisco Conde, a quien muchos sitúan como futuro ministro de Economía si el PP gana las elecciones del 23J y logra armar con Vox una mayoría de gobierno suficiente con Vox, acudió a México para concretar los detalles del acuerdo.

El propio Feijóo viajó a ese país un año después para darse un apretón de manos con Lozoya y asegurar que se trataba del inicio de una gran "alianza estratégica" con la empresa mexicana. "Esperemos que dure mucho tiempo", dijo el 14 de marzo de 2014 en la sede de Pemex.

Detenido por corrupción el firmante del acuerdo

No fue así. El primero de los floteles fue construido, pero antes de ponerlo a flote y de pagarlo, Pemex lo puso en venta por mucho menos de lo que había costado. El buque, ya terminado, se pasó meses amarrado a puerto en Fene, en la ría de Ferrol. Emilio Lozoya dejó Pemex en 2016, y en 2020 fue detenido en Málaga acusado de  corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias y crimen organizado. Está en prisión preventiva en México acusado de haber recibido sobornos de diversas empresas e instituciones de varios países. Dos años después, Hijos de J. Barreras entró en concurso de acreedores.

Al cierre de este artículo, los 33.000 trabajadores del metal en Vigo, muchos de ellos adscritos a otros astilleros de la ciudad o a sus empresas auxiliares, permanecían en huelga para forzar a la patronal a firman un nuevo convenio colectivo.

Ese es uno de los principales objetivos que se ha marcado Juan Carlos López Corbacho, secretario xeral de CCOO Industria en Galicia. Cuando accedió al cargo en junio pasado advirtió de que los cambios en la Consellería de Economía e Industria, motivados por la decisión de Feijóo de nombrar a Francisco Conde cabeza de lista en las generales por Lugo, y de llevarse a Madrid a buena parte de su equipo, ha dejado en el aire "proyectos industriales "que están inacabados" y que podrían verse retrasados.

Corbacho era hasta ahora presidente del comité de empresa de Alú Ibérica, la antigua Alcoa, de la que más de 300 trabajadores, que aún no han recibido las indemnizaciones que les corresponden, fueron despedidos. 

El declive de Alcoa

Alcoa anunció el cierre de su planta de A Coruña en octubre de 2018, alegando que los elevados precios de la electricidad le impedían ser competitiva en el mercado mundial del aluminio. Entonces, Feijóo, que tenía plenas competencias en materia industrial, se limitó a responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez, que había tomado posesión cuatro meses antes.

Público ha intentado obtener una valoración de la política industrial de Feijóo de la presidenta de la Comisión de Industria del Parlmento de Galicia, la diputada del PP Cristina Sanz, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta.