ERC, Más País, CUP y Compromís han movido ficha. Estos partidos, socios del Gobierno, han registrado este miércoles en el Congreso la ley trans, ya que el Ejecutivo no se ha comprometido a tramitar "en un máximo de dos semanas" el anteproyecto en el que estaba trabajando la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, tiene bloqueado en el seno del Ejecutivo. Por el camino se han sumado a la iniciativa Junts y Nueva Canarias. Unidas Podemos, por su parte, sigue apostando por la vía del departamento de Montero, ya que es la más "adecuada".

Estos partidos advirtieron el pasado viernes de que registrarían esta iniciativa tras reunirse con los colectivos trans, que llevan una semana protestando y haciendo huelga de hambre en las puertas de la Cámara Baja. En este sentido, exigieron al Gobierno un gesto "claro y comprobable" como tarde el lunes día 15 de marzo. "Este gesto sería un compromiso público y por escrito de tirar adelante la ley trans, entrando en el Consejo de Ministros de la semana del 23 de marzo, como máximo".

Como ese gesto no ha llegado y el proyecto de ley se mantiene bloqueado por las reticencias de Calvo al borrador elaborado en el Ministerio de Igualdad con los colectivos, los partidos han presentado la proposición de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans como elemento para presionar al PSOE. Si bien, aunque la Mesa la califique el próximo martes, el PSOE (junto a otros partidos, como PP o Vox) podrá tumbarla en el Pleno en su admisión a trámite.

"Entendemos que es una cuestión puramente de derechos humanos. No se puede retrasar más. Cuando votamos a este Gobierno lo votamos porque se abría una ventana de oportunidades para muchas personas. Entendemos que nuestra obligación es impulsar y hacer que el Gobierno tenga que debatir un tema que es de derechos humanos", ha destacado el diputado de Compromís, Joan Baldoví.

Derecho a la libre autodeterminación

De esta forma, la proposición de ley, que recoge los avances plasmados en el proyecto de Irene Montero, asegura que ha llegado el momento de considerar a las personas trans como "sujetos activos en la formulación de políticas y disposiciones normativas que no patologicen sus cuerpos ni sus identidades a través de requerimientos e intervenciones médicas, de que sean reconocidas socialmente las múltiples identidades sexo-genéricas y de que se implementen medidas para lograr la auténtica igualdad social de las personas trans.

Al reconocer el derecho a la libre autodeterminación de la identidad de género de la persona, reza el texto, los poderes públicos "se convierten en garantes de un derecho que históricamente ha estado sujeto a la discrecionalidad gubernamental". Asimismo, "se restituye a la persona el derecho inherente a decidir sobre su propio cuerpo y su ser, sobre la base del libre desarrollo y la personalidad que proclama nuestra Constitución como fundamento del orden político y de la paz".