El Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción para "racionalizar" la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'Ley Mordaza' por sus detractores, con el fin de evitar las situaciones de "desproporción" y de "extrema aplicación" de esta norma que, a juicio del Gobierno, se están produciendo.

Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, durante su intervención ante la Comisión de Interior del Congreso en una comparecencia reclamada por Compromís para saber cómo se va aplicar una ley que está siendo objeto de revisión en la Cámara Baja.

La 'número dos' de Interior ha destacado que la reforma de esa ley, que el PP aprobó en solitario con su mayoría absoluta y que el PSOE y otros partidos tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional, corresponde al Congreso, pero ha explicado que mientras se avanza en su modificación, el Gobierno ha pedido que se "racionalice" su aplicación.

En concreto, según ha detallado, esa instrucción pretende poner fin a las "diferencias de criterio" que se están produciendo en la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana y que estaban dando lugar a "desproporcionalidades y situaciones extremas" que ni garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos ni la necesaria protección de los agentes en el ejercicio de sus tareas.
Tras recalcar que es obligación del Gobierno garantizar ambas cosas, Botella ha detallado que la instrucción incide en que se debe garantizar el ejercicio de las libertades y ofrecer a la vez seguridad jurídica a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desobediencia y resistencia a la autoridad

"Hay que establecer criterios claros de actuación para los agentes mientras se reforma la ley; no podemos permitirnos que haya diferencias de aplicación", ha enfatizado Botella, alertando de que eso podría derivar en episodios de inconstitucionalidad.

Así, entre las medidas dictadas, Botella ha mencionado las destinadas a una "mejor interpretación" en lo que se refiere a la "desobediencia" y la "resistencia a la autoridad", al uso no autorizado de imágenes o datos de miembros las Fuerzas de Seguridad y a la falta de respeto o consideración hacia los agentes.