El Gobierno ultima estos días la preparación de la nueva ley de Memoria, que quiere convertir en un texto jurídicamente irrevocable y contra el que difícilmente quepa recurso, con el objetivo de llevarlo en primera lectura a un Consejo de Ministros este mismo mes de julio, para que pueda estar aprobada y en vigor antes de final de año, según fuentes consultadas.

Vistas las numerosas dificultades y los frentes judiciales abiertos para exhumar el cuerpo del dictador Francisco Franco -aunque ninguno prosperó-, la vicepresidenta primera y ministra de Memoria Democrática, Carmen Calvo, coordina el trabajo para evitar que queden cabos sueltos y buscar una legislación plenamente constitucional en asuntos que pueden ser muy controvertidos.

Entre los cometidos de esta ley, que viene a dar un paso más frente a la normativa aprobada en 2007 por el Ejecutivo de José Luís Rodríguez Zapatero, está lograr la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, y del resto de organizaciones que inciten "directa o indirectamente al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo por su condición de tales". Entre otras medidas, la norma prevé impulsar las exhumaciones de cuerpos en fosas comunes, la creación de un banco de ADN de víctimas y un plan para encontrar a familiares desaparecidos durante la dictadura.

Una vez superada la etapa más aguda de la pandemia, el Ejecutivo quiere retomar el pulso legislativo, y la previsión es aprobar esta ley en primera lectura en uno de los Consejos de Ministros de julio, para poder iniciar cuanto antes su  tramitación en el Congreso.

El objetivo del Gobierno es que se apruebe a finales de año, aunque se prevé que se registren numerosas enmiendas en el trámite parlamentario, dado que las posiciones de Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, van varios pasos más allá en algunas materias. Y, dado que la coordinación corre a cuenta de Calvo, se da por hecho que la formación de Pablo Iglesias querrá introducir nuevas medidas.

De hecho, según fuentes consultadas cercanas a la Vicepresidencia del Gobierno, la ley que hoy coordina Calvo bebe fundamentalmente de la proposición de ley (PL) registrada en el Congreso de los Diputados en enero de este año por el Grupo Socialista, ya calificada y pendiente de que el grupo decida llevarla a pleno. Este, a su vez, es el mismo texto que el PSOE registró en la cámara en julio de 2019.

En este texto se dice que en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se promoverá la modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, con el objeto de declarar ilegales las asociaciones y fundaciones que públicamente inciten directa o indirectamente al odio o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo por su condición de tales.

Con todo, se da la circunstancia de que Unidas Podemos, hoy socio de Gobierno del PSOE, registró en 2018 una proposición de ley con fines similares, si bien iba un paso más allá en varias cuestiones, incluyendo medidas que el Partido Socialista no contempla. Esta propuesta tampoco se llegó a tramitar, pese a haber sido registrada en octubre de 2018, apenas seis meses antes de las elecciones de abril.

La proposición de ley, redactada en su mayoría por Izquierda Unida, dentro del Grupo Confederal Unidas Podemos - En Comú Podem- Galicia en Común, contemplaba la derogación de dos apartados de la Ley de Amnistía, "como medio óptimo para despejar el camino a las peticiones de investigación, persecución y reparación de los crímenes del franquismo que sistemáticamente quedan frustradas en los tribunales por la aplicación de la Ley de Amnistía". "Se trata de delitos de lesa humanidad que, por su naturaleza, no prescriben tal y como remarca también el criterio mantenido por Naciones Unidas", reza el texto.

La muerte de Billy el Niño y la retirada de medalla

Entre las novedades más importantes que el Gobierno va a incorporar a esta ley, según ha sabido Público, está el hecho de que el PSOE ahora sí aspira a retirar las condecoraciones a título póstumo, algo que su proposición de ley rechazaba de plano: "No procederá la revocación cuando el beneficiario de la recompensa hubiera fallecido", reza el texto. Por contra, la norma de Unidas Podemos no excluía esta posibilidad. que ahora si quiere contemplar la nueva ley y se busca cómo regularlo jurídicamente.

La muerte del torturador franquista Billy el Niño por coronavirus, con sus condecoraciones y medallas intactas, llevaron al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a pedir perdón en nombre del Gobierno por no haber actuado antes.

En julio, el Congreso dio luz verde a una nueva iniciativa de PSOE y Unidas Podemos para la retirada de medallas, pero se trató únicamente de una proposición no de ley, una iniciativa que exhorta al Ejecutivo -del que ambos forman parte- a actuar, sin carácter vinculante.

Las asociaciones pro Memoria llevan años recordando que muchas de las víctimas de Billy el Niño son hoy ancianas, e insisten en que no pueden esperar mucho más. Quizás 2020 sea el año en el que vean cómo los condecorados franquistas dejan de lucir sus honores y de cobrar medallas pensionadas.