El PSOE ha decidido mantener congelada la tramitación en el Congreso de la nueva Ley de Memoria Democrática para buscar apoyos que permitan aprobarla con el máximo consenso posible. Las enmiendas parciales al proyecto se registraron la semana pasada y debería ponerse en marcha la ponencia para empezar a discutirlas, pero la previsión es no convocarla hasta no tener atados apoyos suficientes para su aprobación, algo que se atisba complicado ante el rechazo frontal de ERC a la propuesta del Gobierno.

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto a finales del pasado mes de julio y el texto superó las enmiendas de totalidad que registraron el PP, Vox y ERC el pasado 14 de octubre. Los republicanos, que ya votaron en contra de la vigente Ley de Memoria en 2007 y consideran muy insuficiente la ley del Gobierno, llegaron a registrar un texto alternativo, que también fue rechazado.

Acelerón y freno

Pese a la oposición frontal de uno de sus socios en el Congreso, el PSOE y Unidas Podemos, que tienen mayoría en la Mesa de la Cámara, decidieron no prorrogar más el plazo para la presentación de enmiendas parciales y éstas se registraron la semana pasada.

Los dos partidos que integran el Gobierno de coalición acordaron un paquete de enmiendas conjuntas para mejorar la ley y dar cabida a algunas de las reclamaciones de Unidas Podemos, que siempre ha defendido la necesidad de garantizar que los crímenes del franquismo puedan ser juzgados en España, lo que hasta ahora ha sido imposible por la Ley de Amnistía de 1977.

En este contexto, pactaron una enmienda para recalcar que aquella norma, clave en la Transición, se debe interpretar y aplicar conforme al Derecho internacional en particular, el humanitario, según el cual "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

Desde Unidas Podemos se aseguró que esa redacción abría la puerta a juzgar por ejemplo a torturadores franquistas, pero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llegó a reconocer que no tendría en realidad efectos prácticos porque no deroga la ley del 77 sino que, al contrario, ratifica su vigencia y reafirma que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.

El enfado de ERC

Todo ello soliviantó a ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, acusó al Gobierno de haber intentado "vender humo" con esas modificaciones y dejó claro que las víctimas no encontrarán respuestas a sus demandas en la Justicia española mientras no se toque la Ley de Amnistía.

Los republicanos también se mostraron muy airados tras conocer que el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, había abierto esos días contactos con Ciudadanos para intentar recabar su apoyo a la ley, un respaldo que no tendrán, según han avisado desde el partido naranja, si se mantiene esa enmienda conjunta para "reinterpretar" la Ley de Amnistía. Es más, El portavoz de Cs, Edmundo Bal, ya situó a su formación en el no, donde y estaban PP y Vox.

Tras toda esta polémica, que además coincidió con la tramitación en el Congreso de los Presupuestos para 2002, el PSOE ha optado por congelar, de momento, la tramitación de la ley. Fuentes socialistas admiten que no se ha fijado un calendario para la convocatoria de la ponencia y que irán midiendo los tiempos en función de los apoyos que vayan consiguiendo porque han asumido que no tiene sentido acelerarla si no tienen garantizada su aprobación.

Demandas de ERC

La principal demanda de ERC en esta materia es la ilegalización del régimen franquista. "Pedimos de primeras algo tan sencillo como que un régimen democrático como este sea capaz y sea lo suficientemente valiente de declarar un régimen surgido de un golpe de Estado no solo como nulo e ilegitimo, sino como ilegal", ha insistido Rufián en las últimas semanas.

ERC también solicita, entre otras cosas, que las víctimas puedan reclamar los patrimonios "robados" por la dictadura. Rufián también se mostró muy crítico otra la enmienda pactada por PSOE y Podemos, a los que acusó de intentar "engañar a la gente" por decir que con ella se permitiría a las víctimas o sus descendientes recibir reparaciones económicas y patrimoniales.

La cesión a la Generalitat de la sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, sita en la Via Laietana de Barcelona, es otra de las peticiones de ERC, que quiere convertir el edificio en un centro de la memoria que recuerde a las personas que fueron torturadas allí cuando albergaba a la Brigada Político Social franquista.