La Mesa del Congreso va a empezar a diseñar su Plan de Igualdad, diez años después de que la ley socialista de 2007 estableciera la exigencia para todas las empresas españolas de más de 250 empleados de contar con un plan específico que garantice que las mujeres y los hombres que trabajan en sus instalaciones participan por igual y reciben el mismo trato.

Para ello, se ha creado un grupo de trabajo dentro de la Mesa del Congreso, que estará formado por la vicepresidenta segunda de este órgano representante, la socialista Micaela Navarro, la secretaria primera, Alicia Sánchez-Camacho (PP), Patricia Reyes (Ciudadanos) y un diputado de Unidos Podemos aún por determinar, que podría ser la vicepresidenta cuarta, Gloria Elizo o el secretario tercero, Marcelo Expósito, de En Comú.

Micaela Navarro ha confirmado que la primera reunión se llevará a cabo en dos semanas (la próxima semana no está convocada la Mesa) y en ese primer encuentro se empezarán a organizar los trabajos.

Patricia Reyes, portavoz de Igualdad y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, ha explicado que trasladó la propuesta de poner en marcha la ley a la Mesa del Congreso el pasado mes de abril y, ahora, finalmente, comenzarán los trabajos.

PRIMERO UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN

Esta nueva comisión debe seguir las directrices de la Ley que determina que, en primera instancia hay que realizar un diagnóstico, que se plasma en un informe, en el que se debe describir la situación de las mujeres y de los hombres dentro de la empresa para la que se va a elaborar el Plan.

Los puntos a tocar tendrán que ver con la contratación, la formación, la promoción y el salario, entre otras condiciones laborales. El contenido del informe debe determinar cuáles son los aspectos que deben mejorarse, con el fin de corregir las posibles desigualdades que existan.

Con esta información, el grupo de trabajo deberá acordar el plan de acción con todas las medidas que se pretenden poner en marcha para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Además, debe incluir el calendario de aplicación de las mismas, los recursos que se destinarán para su implantación y la forma de recoger y evaluar los resultados.

FALTA DE INSPECCIÓN

A pesar de que la norma dice que es una infracción muy grave no elaborar o no aplicar el Plan de Igualdad, y puede conllevar multas para la empresa entre 6.251 y 187.515 euros y la pérdida de ayudas estatales, desde diferentes asociaciones han denunciado que desde el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, responsable de esta materia, no se hacen un seguimiento.

De hecho, según un estudio realizado por la consultora Leialta, el 90% de las empresas españolas de más de 250 empleados no aplica ni fomenta medidas de igualdad y conciliación entre sus trabajadores.

En esta misma línea se ha expresado Reyes, quien ha denunciado que falta "seguimiento e inspección" en esta materia. Una situación que se demuestra, a su juicio, en que la Cámara que representa a la ciudadanía española no ha cumplido con la Ley y no ha tenido consecuencias.

En una proposición no de ley de la formación morada, registrada a principios de año, la diputada también pedía explicaciones al Ejecutivo por esta falta de seguimiento y denunciaba que se hubiera puesto en marcha el II Plan de Igualdad en 2015, el que se aplica a la Administración General del Estado, sin que exista una evaluación previa del primero.