La futura ley de amnistía será la principal batalla jurídica de 2024. Su aplicación, desde que el mismo momento en que quede consignada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estará marcada por los recursos de inconstitucionalidad ya anunciados por el PP y los gobiernos autonómicos que dirige junto con Vox. 

Pero no solo la derecha pleiteará contra la ley de amnistía: también los jueces. Además del Tribunal Supremo, cualquier juez que instruya una causa relacionada con el procés independentista podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad para conocer si la norma se ajusta a la Constitución. 

La batalla no será únicamente interna, sino europea. Los jueces deberán elegir la primera vía a la que acudirán: o el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ante la Justicia Europea pueden acudir, antes que al tribunal de garantías español, presentando una cuestión prejudicial para conocer si la ley de amnistía vulnera o no el derecho comunitario en relación a si los delitos de malversación perdonados a los líderes del procés atentan contra los intereses financieros de la Unión. 

La vía de la cuestión prejudicial no invalida la de la cuestión de inconstitucionalidad en España, pero ambos recursos no pueden interponerse paralelamente. 

La ley de amnistía, y el escenario judicial que abrirá, podría quedar aprobada en primavera, según las estimaciones de Junts, y desde ese momento los jueces estarán obligados a revisar de oficio o a instancia de parte la situación de procesados y condenados por delitos relacionados con el procés. La proposición de ley de amnistía marca dos meses de plazo para que los jueces acometan esa tarea.

El beso no consentido de Rubiales

Uno de los casos judiciales de mayor impacto este 2024 será el relativo al beso no consentido que Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, propinó a la futbolista Jenni Hermoso. 

El procedimiento en la Audiencia Nacional se abrió en septiembre de 2023, después de que la futbolista formalizase ante la Fiscalía su denuncia por la actuación de Rubiales, quien, pese a sus reticencias iniciales, se vio obligado a dimitir y ha acabado inhabilitado por la FIFA. 

Durante la ceremonia de entrega de medallas, tras la victoria de la selección española del Mundial en Sídney, el pasado 20 de agosto, Rubiales besó en la boca a Hermoso, mientras le agarraba con las dos manos en la cabeza.

Con la ratificación de Jenni Hermoso ante el juez la semana pasada se cierra previsiblemente la instrucción de la causa. La jugadora negó que el beso fuera consentido y declaró haberse sentido presionada por Rubiales y su entorno para quitarle importancia al beso forzado. Rubiales está acusado de un delito de agresión sexual y otro de coacciones. Y no es el único investigado: también lo son el exentrenador Jorge Vilda, quien fue destituido de su puesto de seleccionador de la selección femenina; Albert Luque, director de la selección masculina; y Rubén Rivera, responsable de marketing de la Federación. 

Ahora el juez Francisco de Jorge debe valorar si cuenta con indicios suficientes para proponer juzgar a Rubiales y al resto de los acusados. 

Por otro lado, en febrero comenzará el juicio contra el futbolista Dani Alves por agresión sexual. El exjugador del Barcelona está en prisión desde enero de 2023 y la Fiscalía pide para él nueve años de cárcel. 

A las puertas del juicio, estos últimos días se ha difundido un vídeo con el objetivo de cuestionar la veracidad de la denuncia de la víctima. La mujer que fue presuntamente violada por Dani Alves ha anunciado una denuncia por la filtración en redes sociales de sus datos personales. En los últimos días, varias personas cercanas al futbolista, entre ellas su madre, han difundido un vídeo con un montaje para poner en duda la credibilidad de la víctima.

Rato, Camps y más 'Gürtel'

El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato ha vuelto al banquillo de los acusados, en un juicio por el origen de su enorme patrimonio que se prolongará hasta el próximo mes de mayo. La Fiscalía pide 70 años de prisión para el que fuera vicepresidente del Gobierno de Aznar por defraudar a Hacienda 8,5 millones de euros y por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. 

Otro exdirigente del PP aguarda sentencia. Francisco Camps, expresidente de la Generalitat valenciana, ha sido recientemente juzgado por uno de los contratos públicos otorgado a la trama Gürtel. La Fiscalía pide para Camps un año de prisión y seis de inhabilitación por tráfico de influencias y prevaricación. 

En junio comenzará el juicio por otra pieza de la macrocausa Gürtel, la que se refiere a la trama de adjudicaciones en la localidad madrileña de Arganda del Rey cuando gobernaba el PP. Son 21 los investigados por una red de contrataciones en el municipio entre 1998 y 2009, encabezada por el exalcalde Ginés López y el exdiputado del PP en Madrid Benjamín Martín Vasco.

Antes, en el mes de marzo, el exconsejero madrileño Alfredo Prada se sentará en el banquillo por el proyecto fallido del Campus de la Justicia. 

Villarejo, a cuestas con 'Tándem'

Recién inaugurado el año, una pieza de la macrocausa Tándem o caso Villarejo ha comenzado a enjuiciarse. Se trata de la pieza separada número 1, King, en la que no está imputado el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pero sí uno de sus socios y compañeros en la Policía Nacional, el comisario Carlos Salamanca. 

Este lunes ha comenzado la vista oral contra el que fuera comisario del Aeropuerto de Madrid-Barajas Carlos Salamanca por presuntamente facilitar la entrada de ciudadanos ecuatoguineanos en España a cambio de dádivas que le proporcionaba el empresario Francisco Menéndez Rubio, vinculado con la petrolera nacional de Guinea Ecuatorial, Gepetrol. La Fiscalía solicita para Salamanca 10 años de prisión. 

Villarejo, por su parte, tiene pendientes otras citas judiciales, como, por ejemplo, el juicio por el caso Kitchen, que se espera para este año. Se prevé además que otras piezas de Tándem acaben de ser instruidas este mismo año, como la relativa a los trabajos para el BBVA. 

El comisario jubilado está pendiente además, fuera de Tándem, de la investigación que le acusa de torturas a un militante antifranquista en 1975, en un caso en el que está personada la Fiscalía de Memoria Democrática. 

La condena de Villarejo

Villarejo también aguarda la resolución de su recurso contra la sentencia de 19 años de prisión por las tres primeras piezas de la causa Tándem que se enjuiciaron. También recurrió la Fiscalía aunque por motivos bien distintos. Mientras el comisario jubilado pide la absolución al insistir en la presunta nulidad de la causa, el Ministerio Público rechaza la absolución del delito de cohecho, hilo conductor de toda la macrocausa. La Fiscalía cree que la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional puede influir en el resto de las piezas separadas en cuanto a su consideración sobre el delito de cohecho.

La Audiencia Nacional condenó, en julio de 2023, a 19 años de cárcel al comisario jubilado Villarejo por delitos de revelación de secretos de empresa en la pieza Iron y de revelación de secretos de particulares en la pieza Land, además de por falsedad en documento mercantil, mientras que le absolvió de cohecho en ambas y de extorsión en grado de conspiración en la pieza Pintor. La Fiscalía pedía 80 años de cárcel.

La sentencia considera que no se puede condenar por cohecho puesto  que los actos llevados a cabo por Villarejo a través de su grupo empresarial Cenyt "no los realizó en el ejercicio de su cargo ni guardaban relación con sus actividades públicas".