El informe jurídico solicitado por la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Ciudadanos), a los letrados ante la situación de bloqueo en la Cámara de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar el uso del dinero público en Andalucía ha arrojado la contundente conclusión de que el mandato del presidente, Antonio López, nombrado por el presidente Juanma Moreno el 26 de septiembre de 2019, ha terminado y, por tanto, está en funciones "hasta la elección, nombramiento y toma de posesión" de quien le sustituya. Este informe no es vinculante y ha sido elaborado con el "exclusivo objeto" de asesorar jurídicamente a Bosquet, según se lee en el mismo.

López está ahora estudiando qué hacer, siempre con la idea de "favorecer a la institución", según indicaron a Público fuentes próximas al presidente de la Cámara. Las mismas fuentes indicaron que los argumentos jurídicos del letrado son francamente discutibles jurídicamente y que así lo han expresado y expresarán expertos constitucionalistas.

El letrado mayor, Ángel Marrero, que es quien firma el trabajo, considera que lo que debe hacer López es lo siguiente: "Quien ocupa en funciones el cargo de presidente […] debe proceder a realizar de inmediato cuantas actuaciones sean precisas [para que se elija a su sucesor], señaladamente la convocatoria del Pleno". López, ante la parálisis del órgano, se había negado a convocar un Pleno, obligado para elegir un vicepresidente, en una misiva enviada a Bosquet, hasta que no se resolviese su situación.

Marrero además considera que los partidos deben actuar de manera urgente para salir del bloqueo y afirma que "parece razonable" que lo primero que deben hacer es elegir un nuevo presidente "con anterioridad al examen de cualesquiera otros asuntos".

La argumentación jurídica expuesta en el informe es muy contundente y es la misma que ha venido manteniendo el PP y también los consejeros nombrados a propuesta de PP, Ciudadanos y Vox, que con su inasistencia a los plenos habían iniciado el bloqueo de la institución.

Así, interpreta Marrero que la previsión recogida en la Ley de la Cámara de Cuentas que recoge que el mandato del presidente "será de tres años" y podrá ser reelegido es tan solo "la determinación del tiempo máximo del mismo": "No establece ni exige, por tanto, que la duración del mandato deba, en todo caso, alcanzar ese tiempo fijado".

"Ese plazo máximo es compatible con la existencia de otras causas de finalización del mandato" del presidente y así se establece en la normativa que regula la Cámara de Cuentas, continúa el letrado su razonamiento.

Marrero acude al artículo 24.1 del reglamento de Organización y Funcionamiento y afirma: "Una de las causas de extinción del mandato [del presidente] con anterioridad al transcurso del considerado plazo de tres años se produce en los supuestos en que, con anterioridad a ese momento, se produce la finalización de su mandato como consejero".

Añade el letrado que el presidente "ha de ser necesariamente" consejero de la Cámara. "De este modo –remacha Marrero– la conclusión del mandato como consejero determina automáticamente la conclusión de su mandato como presidente. Quien ha concluido su mandato como consejero [no] puede mantener vigente su mandato como presidente. [Ambas cuestiones] están indisolublemente unidas". Antonio López es hoy consejero. Fue renovado en ese cargo en febrero. Ese es el momento clave para el letrado mayor quien interpreta no que haya una continuuidad, sino que concluyó un mandato y comenzó otro.

En su informe, el letrado mayor también considera que ninguno de los miembros de la Cámara de Cuentas ha incumplido sus obligaciones, a pesar de que los consejeros de PP, Ciudadanos y Vox, no asistieron a varios Plenos y el presidente decidió no convocar más hasta que no se resolviera la situación: "No se aprecia la existencia de responsabilidad disciplinaria alguna en la actuación del presidente o de los consejeros de la Cámara de Cuentas".

Esta crisis en la Cámara de Cuentas se produce justo en el momento en que le toca empezar a fiscalizar la etapa de PP y Cs. A lo largo de su mandato, López, a pesar de haber sido elegido por el PSOE, se ha comportado con cierta profesionalidad y la institución emitió duros y muy poco complacientes informes sobre la gestión de los fondos públicos, sobre todo en el ámbito de la Consejería de Empleo, epicentro de la corrupción.