Tras años totalmente eclipsada por otras cuestiones y fuera de la agenda de la política catalana, la demanda de una nueva financiación ha vuelto a la arena en la última legislatura. Primero con cierta timidez, a través de propuestas de los comuns y del entorno del PSC, para ir ganando peso progresivamente hasta el punto de que ERC y Junts también han recuperado esta bandera y, finalmente, llegamos a las elecciones al Parlament del día 12 con la mayoría de partidos —también el PP— que apuestan por una mejor financiación de la Generalitat.

Absolutamente capital en todo el debate alrededor del Estatut —puesto en marcha ya hace dos décadas—, la financiación autonómica vuelve a ser un tema central de la política catalana, una vez superados los momentos más intensos del procés. Vigente desde 2009, el actual modelo está pendiente de renovación desde 2014. Más allá de palabras vacías y propuestas muy iniciáticas, ningún Gobierno estatal —con independencia de que fuera del PP o del PSOE— se ha atrevido a abrir seriamente esta carpeta desde entonces, consciente de que es un asunto que dispara las tensiones territoriales y las batallas entre autonomías.

En febrero de 2022 se dieron los primeros pasos que indicaban que la mejora de la financiación de la Generalitat volvía al debate político. En pocos días de diferencia, tanto los comuns como la Fundació Rafael Campalans —vinculada al PSC— plantearon la necesidad de reformarla, para garantizar más recursos al Govern, acabar con la competencia desleal entre autonomías y asegurar el principio de ordinalidad, es decir, que Catalunya no perdiera posiciones a la hora del reparto de los recursos con relación a su aportación previa.

El Govern, todavía compartido por ERC y Junts, simplemente se oponía al primer planteamiento de reforma esbozado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Poco a poco, la financiación iría recuperando peso. El Govern y sectores crecientes del independentismo pondrían de manifiesto —como durante la primera década del siglo— que el sistema de financiación autonómica vigente penalizaba a la Generalitat y que la situación rebasaba por mucho lo que podría considerarse una solidaridad interterritorial razonable. El déficit fiscal catalán, que el Govern cifra en más de 20.000 millones anuales, aparecía otra vez en los titulares.

El gran salto llegaría después de las elecciones generales del pasado 23 de julio. Pese a la pérdida de apoyos, tanto los diputados de ERC como los de Junts se convirtieron en imprescindibles para que Pedro Sánchez lograra la reelección como presidente. Y, ahora sí, la demanda de una nueva financiación que acabara con el sempiterno déficit fiscal catalán volvió al primer plano. De hecho, su abordaje quedó plasmado en los acuerdos logrados con el PSOE tanto de los republicanos como de los junteros para la investidura de Sánchez.

Antes de que la legislatura se acabara anticipadamente, el president Aragonès se había fijado el logro de una "financiación singular" para Catalunya como uno de sus principales objetivos para este 2024. Y el 19 de marzo, ya con la convocatoria de los comicios anticipados aprobada, el Govern de ERC presentó su propuesta: un modelo singular para Catalunya —es decir, fuera del actual régimen común de todas las comunidades con la excepción del País Vasco y Navarra—, a través del cual la Generalitat recaudara el 100% de los impuestos, de forma que Catalunya tuviera una "soberanía fiscal plena".

Esto permitiría a la Generalitat pasar de ingresar unos 26.000 millones con el actual sistema de financiación a 52.000, es decir, el doble. Paralelamente se pagaría una contraprestación al Estado por los servicios que presta en Catalunya y se aportaría dinero a un fondo de reequilibrio territorial destinado a las comunidades con menos recursos. ERC defiende una negociación bilateral con el Gobierno, pero el PSOE de entrada no contemplaba que Catalunya saliera del sistema de régimen común.

ERC y Junts: recaudar todos los impuestos

Sin contar a Vox ni a Ciudadanos —que no quieren mejorar el sistema de financiación—, de los actuales partidos parlamentarios solo la CUP se desmarca de la reclamación de reformarlo, con el argumento de que el Govern solo podrá gestionar todos los impuestos si Catalunya es independiente. En cuanto al resto, hay consenso en mejorar el actual sistema, ya sea para garantizar como mínimo el principio de ordinalidad o tender a él —lo defienden PSC, comuns y PP— o para ir hacia un modelo singular en el que Catalunya recaude todos los impuestos, como plantean ERC y Junts.

Los republicanos sitúan ahora el logro de esta financiación singular como una prioridad para la futura legislatura, tal como manifestó Pere Aragonès en la entrevista con Público. Su propuesta es la planteada por la consellera de Economía en funciones, Natàlia Mas Guix, es decir, que Catalunya recaude todos los impuestos y tenga plena capacidad normativa para regularlos y que se transfiera al Estado una cuota por los servicios prestados y recursos para un fondo de reequilibrio territorial.

Como en otras cuestiones, Junts finalmente ha acabado optando por una propuesta con puntos en común con la de ERC. En su programa, la formación de Carles Puigdemont apuesta por una "ley de financiación para Catalunya que ceda a la Generalitat los impuestos generados en Catalunya". Esto tendría que permitir traspasar todas las competencias fiscales a la Agencia Tributaria de Catalunya y prever "eventualmente, una cuota de solidaridad entre Catalunya y el Estado español, y establecer como base de esta mantener el principio de ordinalidad".

Además, Junts habla de "elaborar una propuesta de cancelación de la deuda pública de la Generalitat a manos del Estado por anticipado de las inversiones presupuestadas y no ejecutadas, y establecer un mecanismo anual de compensación para futuros ejercicios".

Las propuestas de PSC y comuns

El programa de Comuns Sumar considera que la "definición de una propuesta de nueva financiación propia para Catalunya es una tarea urgente y que requiere un gran consenso de país". En este sentido, apuesta por crear una mesa de partidos en el Parlament para elaborar una propuesta conjunta catalana y negociarla después con el Estado.

En cualquier caso, el planteamiento de la formación de Jéssica Albiach pasa por que el 100% de la recaudación de los impuestos la haga la Agencia Tributaria de Catalunya, consorciada con la Hacienda estatal —-tal como prevé el Estatuto—; profundizar en la autonomía financiera dando más margen a la modificación de los tributos y garantizar que sea "un sistema de nivelación solidaria siempre que respete la ordinalidad".

El PSC también quiere asegurar la ordinalidad y defiende la creación de este consorcio tributario entre las haciendas catalana y estatal en igualdad de participación que se encargue de la recaudación de impuestos.

El partido de Salvador Illa considera que la reforma se tiene que abordar en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera —en el que participan todas las autonomías del régimen común— y no de manera bilateral, a pesar de que esta vía es la que había llevado a cabo la formación hace unos 15 años, con José Montilla en la presidencia de la Generalitat y Antoni Castells al frente del Departamento de Economía. Finalmente, el candidato del PP, Alejandro Fernández, también reclama una nueva financiación y considera que esta tiene que "tender a la ordinalidad".