La Fiscalía de Madrid pide entre tres años y ocho meses de cárcel y siete años y cuatro meses de prisión para los 21 acusados de causar desórdenes y enfrentarse a la Policía durante la protesta Rodea el Congreso que tuvo lugar el 25 de septiembre de 2012 en los alrededores de la Cámara Baja.

Según el escrito de la Fiscalía, fechado en diciembre y al que han tenido acceso ahora las partes, el Ministerio Público acusa a los imputados de los delitos de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad y de resistencia, y de falta de lesiones. 

La máxima pena que solicita, para cuatro de ellos, es de tres años y ocho meses de cárcel por un delito de desórdenes públicos más otros tres años y ocho meses por atentado. La solicitud mínima de prisión es de tres años y ocho meses para dos de los imputados por el delito de desórdenes públicos. Uno de los detenidos ingresó en prisión pero salió tras abonar la fianza correspondiente.

Se trata del proceso abierto hace más de ocho años tras los altercados ocurridos durante la tarde y la noche del 25 de septiembre de 2012 después de las concentraciones convocadas por colectivos como la Coordinadora 25S o el Movimiento 15M. El proceso llegó a la Audiencia Nacional porque a los imputados se les llegó a acusar de un delito contra las instituciones del Estado, pero finalmente quedó en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

El Ministerio Público pone de manifiesto que la causa ha estado paralizada durante diversos períodos de tiempo por motivos no atribuibles a los acusados. No obstante, en el escrito no se contempla la circunstancia de dilaciones indebidas, según precisan fuentes jurídicas. Tras la instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid el caso será juzgado por un juzgado de lo Penal.

La Fiscalía relata en el escrito que algunos de los congregados aquel día, en dos protestas cuyos integrantes confluyeron en la plaza de Neptuno, cerca del Congreso, acabaron "arremetieron violentamente contra el dispositivo policial desplegado tirando vallas y arrojando objetos contundentes contra ellos, lo que obligó a organizar el despliegue de diversas unidades de UIP para tratar de contenerlos".

Para la Fiscalía fueron "diversos grupos controlados y organizados", además de ciudadanos individuales, los que "dirigieron sus acciones a causar destrozos en la vía pública, intentando rebasar los cordones de seguridad establecidos, arrojando objetos no solo contra la fuerzas se seguridad sino contra los vehículos policiales".

Subraya que los convocados "trataron de impedir la salida de los diputados, lo que obligó a los mandos policiales a establecer una salida libre de manifestantes", y luego se dispersaron por la zona de Atocha. Sobre algunos de los imputados relata que, además de lanzar objetos, pegaron patadas y puñetazos a los agentes, algunos de los cuales resultaron heridos.