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Un juzgado otorga al Estado 559 bienes del Pazo de Meirás que reclamaban los Franco

Una sentencia estima de forma íntegra la demanda de la Abogacía General del Estado que reclamaba dos bienes para Patrimonio Nacional, 409 para el Patrimonio Documental Español y 148 para el Patrimonio Histórico Español.

El Pazo de Meirás el día de su devolución al Estado, en Sada, A Coruña, a 10 de diciembre de 2020.
El Pazo de Meirás el día de su devolución al Estado, en Sada, A Coruña, a 10 de diciembre de 2020. M.Dylan / Europa Press

El juzgado de primera instancia número 70 de Madrid ha otorgado al Estado la propiedad de 559 bienes del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) que reclamaban los herederos del dictador Francisco Franco.

Una sentencia del 7 de noviembre estima íntegramente la demanda de la Abogacía General del Estado, con el apoyo del Ayuntamiento de Sada y la Xunta de Galicia, que reclamaba dos bienes para Patrimonio Nacional, 409 para el Patrimonio Documental Español y 148 para el Patrimonio Histórico Español.

Establece, por tanto, que todos estos bienes pertenecen al Estado, impone el pago de las costas procesales a los herederos de Francisco Franco y abre un plazo de veinte días para presentar recurso de apelación, que resolvería la Audiencia Provincial de Madrid.

Según la sentencia, parte de estos bienes están vinculados a la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán –propietaria anterior del Pazo de Meirás– y llegaron a manos de la familia del dictador a partir de 1938, cuando el edificio cambió de dueños.

Otros se introdujeron en el Pazo de Meirás entre 1938 y 1975 cuando el inmueble tuvo un uso público como residencia de verano del entonces jefe del Estado.

Por tanto, el fallo da la razón a las partes demandantes, que sostuvieron que "los bienes muebles que existían en su interior durante ese período temporal quedaron afectos al mencionado servicio público", además de defender que esto no prescribe.

La demanda inicial incluía cinco bienes más del Patrimonio Histórico Español, si bien en el propio juicio oral el Estado renunció a ellos, pues se trata de una serie de cuadros que "después de un análisis estilístico, no encajan con los requisitos que deben cumplir para atribuirles ese valor histórico, y ello con independencia de que fueran incluidos antes o después de 1975".

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