Entre las dudas de si era legal repatriar a cientos de menores que se encontraban en Ceuta, la Fiscalía y la asociación Coordinadora de Barrios solicitaron una suspensión cautelar de estas devoluciones. Ahora, una jueza de Ceuta ha rechazado la petición por "no haber llegado a tiempo para adoptar una decisión". 

En el auto la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción manifiesta que los menores, bajo la tutela de la Ciudad Autónoma de Ceuta, "han sido repatriados en la fecha comunicada al Ministerio Fiscal, tanto la del día de hoy como las llevadas a cabo, al parecer en fechas anteriores", de ahí que no pueda aplicarse la suspensión cautelar.

"La finalidad de asegurar la efectividad de la sentencia que en su caso pueda recaer ha decaído al haberse informado a este Juzgado en funciones de guardia que se ha llevado a cabo la entrega de los menores a las 10.00 horas a través de la frontera", ha concluido.

Desde que el pasado viernes dieran comienzo las repatriaciones de menores tras el acuerdo entre España y Marruecos, tanto las ONG's, como algunos partidos políticos han mostrado su rechazo a los mismos, algo que llevó al Defensor del Pueblo a pedir el cese de dichas repatriaciones y a la propia Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Menores de Ceuta a abrir una investigación al respecto.

Tercer día de devoluciones

Desde el viernes por la tarde, un total de 45 menores extranjeros no acompañados han sido devueltos a Marruecos, algo que se ha llevado a cabo en grupos de 15 al día, defendiéndose tanto desde la Delegación del Gobierno como desde la Ciudad Autónoma de Ceuta que estas repatriaciones se están realizando con "las máximas garantías y siempre atendiendo el interés del menor". 

Sin embargo esta visión no es compartida por las ONG; precisamente este domingo las organizaciones No Name Kitchen, Maakum Ceuta, ELIN, Fundación Raíces y Andalucía Acoge han asegurado en un comunicado conjunto que "se está procediendo a la repatriación sin garantías de varios menores que habían designado abogada, a quien no se ha contactado, vulnerando así su derecho a recibir asistencia letrada".

Las ONG destacan que "no se está garantizando el derecho a ser oído mediante la audiencia al menor, no se está garantizando la asistencia letrada, no se están teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada niño, ni si se dan las condiciones necesarias para su protección en su país de origen".