La Oficina Federal de Justicia de Suiza, que depende del Ministerio de Justicia helvético, ha suspendido una comisión rogatoria cursada por el magistrado García Castellón, en la que pedía, entre otras cosas, que se facilitara la localización de Marta Rovira, secretaria general de ERC, a la espera de explicaciones por parte del juez español, según confirman a este diario fuentes de la Audiencia Nacional. 

No es la primera vez que Suiza deniega la asistencia al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 por el mismo caso, el que afecta a la plataforma Tsunami Democràtic. 

La respuesta a la comisión rogatoria de García Castellón el 3 de diciembre de 2019 por el caso Tsunami fue muy similar a la que que ha enviado ahora y que suspende provisionalmente el auxilio judicial solicitado por el juez, a la espera de que este informe sobre una serie de cuestiones planteadas por la Justicia suiza. En síntesis, Suiza no ve terrorismo en los delitos que imputa García Castellón al expresident Carles Puigdemont y Marta Rovira.

El 26 de marzo de 2020, la Oficina Federal de Justicia enviaba un escrito al Ministerio de Justicia español, en base a la comisión rogatoria de García Castellón, en el que informaba de la denegación de la asistencia judicial por considerar que los delitos descritos tenían carácter político y no de terrorismo.

La asistencia judicial en materia penal entre Suiza y España se rige por el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal, que indica que quedan fuera del convenio las infracciones políticas. 

"En efecto, el delito político no da lugar a la cooperación suiza, en la medida en que está dirigido exclusivamente contra la organización política y social del Estado requirente, incluso en la medida en que se produce en el marco de una lucha por o contra el poder", consta en la respuesta suiza, en 2020.

La Justicia suiza indica que como excepción su normativa admite la colaboración judicial en delitos de índole política cuando el infractor hubiera ejercido una coacción que hubiera puesto en peligro vidas humanas, y pone como ejemplo el secuestro de un avión, la utilización de medios de exterminio masivo, la provocación de una catástrofe o una toma de rehenes, que "no tiene lugar en este caso", subraya. 

Suiza define el terrorismo como "un acto de violencia criminal que pretende intimidar a una población o a obligar a un Estado o una organización internacional a realizar, o a abstenerse de realizar, un acto cualquiera". E indicaba en su negativa a colaborar con García Castellón, en 2020  que "de los hechos españoles no se desprende el uso de la violencia criminal entre otros elementos". 

La respuesta actual de la Oficina Federal de Justicia va en la misma línea de lo que respondió al Tribunal Supremo cuando pidió en 2018 la extradición de Carles Puigdemont. Se denegó por el carácter político de los hechos imputados al expresident.

Ahora la Justicia helvética rechaza ayudar a localizar a Marta Rovira porque le genera dudas su supuesta participación en los delitos atribuidos a Tsunami Democràtic, según apuntan fuentes jurídicas.