La titular del Contencioso-Administrativo número 2 de Salamanca ha obligado al Ayuntamiento de Salamanca a eliminar la imagen de Francisco Franco del mural del salón de plenos en cumplimiento de la Ley Histórica, una decisión que el Consistorio está estudiando recurrir.

La sentencia, que este martes han hecho pública el concejal de IU de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, Domingo Benito, y su abogado Gorka Esparza, obliga al Ayuntamiento de Salamanca a eliminar solo el rostro de Francisco Franco que aparece en el mural pintado en una de las paredes del salón de plenos.

La obra, de 1962, hace un recorrido de hechos históricos ocurridos en la ciudad desde la época de Alfonso IX, como el matrimonio de Felipe II con María Manuela de Portugal, la gran crecida del Tormes de 1626, el advenimiento de Felipe V, personajes de la Guerra de la Independencia y una representación de Miguel de Unamuno.

Ante el recurso interpuesto por el edil de IU a título personal -la formación política se dio por satisfecha tras la retirada del medallón de la Plaza Mayor y de otros símbolos franquistas meses atrás- el fallo también establece la revocación del título de alcalde de honor a Franco.

Sin embargo, este nombramiento ya no obra en poder del dictador -sólo puede ostentarlo una persona- que lo perdió tras ser concedido al rey Juan Carlos I en 1982.

Además, la sentencia contempla la retirada del Monumento a la Unificación ubicado en el parque de Salesas "pudiendo conservarse y custodiarse en los fondos del Museo de Historia de la ciudad".

En declaraciones a los periodistas, Benito ha celebrado que sea "el final del camino emprendido" durante varios años en favor del cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica y en concreto de la retirada de los vestigios franquistas en la provincia de Salamanca.

Por su parte, fuentes municipales han explicado a Efe que la sentencia está siendo estudiada por la asesoría jurídica aunque la intención es recurrir la parte que se refiere a las obras de arte, es decir, el mural y la escultura, atendiendo al informe técnico elaborado en torno al mural en su conjunto.

En sus conclusiones finales, este informe explica que la manipulación de una obra de arte, en este caso el mural de Ramón Melero fechado en 1962, "se tendría que realizar bajo el consentimiento del autor o de sus representantes legítimos por derecho moral, siendo esto otra legislación de la Ley de la Propiedad intelectual".