El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado investigar la querella presentada por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por presuntas filtraciones a la prensa del caso que tiene abierto por delitos fiscales. 

La Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha admitido a trámite la querella presentada por la pareja de Ayuso contra María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid; y Julián Salto Torres, fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la misma Fiscalía, por la presunta comisión de delito de los artículos 417, 197 y siguientes del Código Penal (revelación de secretos por funcionario) tras declarar la competencia de esta Sala para el conocimiento del asunto.

La pareja de Ayuso ha denunciado la difusión de una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid en la que se informaba sobre la investigación al empresario y la oferta de su abogado para llegar a un acuerdo de conformidad. 

En un auto, sobre el que no cabe recurso, firmado por un tribunal presidido por el presidente del TSJM, Celso Rodríguez, la Sala ha afirmado que debe investigarse "el verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados en el escrito de la querella", pese a que la admisión a trámite no puede entenderse "como un acto de imputación anticipada, ni una calificación ultimada de los hechos". 

Paralelamente, la Sala nombra al magistrado Francisco José Goyena Salgado, miembro de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid, instructor de la causa.

Además de la querella presentada por González Amador, el TSJM también estudiará la denuncia que interpuso por estos mismos hechos el Colegio de Abogados de Madrid, que figurará en el procedimiento como acusación popular. 

No coincide el TSJM con el criterio de la Fiscalía provincial, que a finales de abril pidió que se archivara la querella, al no apreciar delito. La fiscal presentó ante el TSJM un escrito donde argumentó que la publicación de la nota de prensa que dio pie a la querella "se limitó a proporcionar información veraz a la opinión pública sin desvelar datos, hechos o documentos que no hubiesen sido ya difundidos en diferentes medios de comunicación y ante la demanda de corroboración de las noticias publicadas" y "carece de relevancia jurídico penal como para proceder a la apertura de un procedimiento penal".