Este martes los ocho candidatos para vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el turno de juristas de reconocida competencia y los seis suplentes, todos ellos pactados por el PSOE y el PP, han expuesto sus currículos y se han sometido a las preguntas de los diputados y senadores, un trámite que persigue estudiar la idoneidad de los candidatos antes de la votación en el Parlamento con la que quedará renovado el Consejo.

Los representantes del PP, el PSOE y Sumar han sido prácticamente los únicos presentes en el Congreso durante las cinco horas que han durado las entrevistas de los candidatos; Vox se ha marchado tras la primera intervención de su portavoz; Junts ha intervenido una vez para criticar la Justicia española; y ERC, PNV, Bildu y Podemos se han ausentado para demostrar su distancia con el pacto para renovar el CGPJ rubricado por el PP y el Gobierno. 

Por la tarde, el trámite se ha reproducido en el Senado, donde sus cuatro juristas candidatos y los tres suplentes han expuesto sus trayectorias y sus méritos, sin que los miembros de la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta hayan planteado pregunta alguna a los entrevistados. Solo han estado presentes los portavoces de Sumar, PSOE y PP. El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha pospuesto a este miércoles la votación de la Comisión sobre la idoneidad de los candidatos por falta de quorum y ha convocado a los grupos parlamentarios. 

En el Congreso, por el contrario, cada entrevista ha servido para que los portavoces de los grupos plantearan varias cuestiones, algunas de calado, a los candidatos y candidatas, en un acto en el que no han faltado las referencias a ETA; a las víctimas de la represión franquista; y al encargo que se incluye en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para cambiar la manera de renovar el CGPJ.

Tampoco han faltado momentos tensos en la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, en especial entre la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, y la candidata Inés Herreros, fiscal adscrita a la Fiscalía de Memoria Democrática, que ha dicho: "Sin verdad no hay democracia", en relación a los bulos y posiblemente a la situación actual del fiscal general del Estado, a un paso de estar investigado por el Supremo por tratar de desmontar la mentira divulgada por el entorno de Ayuso sobre la situación procesal de su novio. 

Estos son los ocho candidatos por el turno de juristas de reconocida competencia, es decir, con una trayectoria de más de 15 años de ejercicio profesional, y así han sido sus intervenciones.

Luis Costa Pillado: candidato al TC por el PP

Es el presidente del Consello Consultivo de Galicia. Ejerció como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia hasta 2008. Llegó a ser propuesto por el Parlamento gallego como candidato al Tribunal Constitucional, pero no salió adelante su candidatura. 

En la exposición de sus méritos, en el Congreso, ha dicho: "A mí no me van a doblegar", en relación a su supuesta fidelidad al PP, partido que le ha propuesto dentro del pacto logrado con el Gobierno. 

Argelia Queralt: garantías constitucionales

Desde 2019 ejerce como letrada del Tribunal Constitucional, asignada a la magistrada María Luisa Balaguer. Es profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona, especializada en derechos y libertades. Ha realizado una exposición brillante de su compromiso con el CGPJ, lamentando tener que hacer frente al "desprestigio" del órgano, tras los cinco años y medio con el mandato caducado.

Queralt ha incidido en la necesidad de "democratizar el acceso a la carrera judicial", en el sentido de dotar a las clases más bajas de las oportunidades para que puedan acceder a la judicatura, con el consiguiente enriquecimiento para la carrera judicial de esos perfiles. 

Y también se ha referido al 'techo de cristal' de las mujeres en la judicatura, porque aunque siendo mayoría las mujeres juezas, en la cúpula judicial no está representadas. 

Respecto a la forma de elección de los vocales judiciales, Queralt ha dicho que ella es partidaria de que el Parlamento tenga algún papel ya que la Justicia emana del pueblo. 

Pilar Jiménez: fiscal jefa de Cantabria 

Esta curtida fiscal ha recordado lo que aprendió en sus primeros destinos: en Utrera (Sevilla), el juzgado con más retrasos de toda España en los años 80 y en Bilbao, "donde teníamos que ir todas as semanas a levantar los cadáveres por los atentados de ETA". 

Esta referencia ha sido como un resorte para los portavoces parlamentarios, que se han enzarzado en el tema del terrorismo etarra, en especial Unión del Pueblo Navarro (UPN), que ha aprovechado para arremeter contra el Gobierno y Bildu. 

Inés Herreros: derechos fundamentales en el CGPJ

Otra fiscal de renombre, adscrita ahora a la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Histórica, Inés Herreros ha detallado su trayectoria en diversos destinos, como en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, y ha dicho que su paso por el Consejo Fiscal, en la etapa de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, puede aportar mucho al CGPJ. 

Herreros, expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, ha manifestado que es partidaria de crear comisiones de estudio sobre derechos fundamentales y memoria democrática en el CGPJ. 

Ricardo Bodas

Magistrado jubilado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, antes fue presidente de la misma Sala de la Audiencia Nacional. De talante progresista, ha hecho referencia a la propuesta que deben hacer los nuevos vocales de cara a reformar la forma de elección de los vocales o a mantener la actual, según consta en la proposición de ley orgánica que incorpora el acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación del CGPJ. 

En este sentido, Bodas ha dicho que "habrá que encontrar una solución de una vez por todas. Se nos ofrece la oportunidad de refundar el Consejo. Hay que hacer política de Estado".

Bernardo Fernández

Expresidente del Consejo Consultivo de Asturias, exdiputado socialista, ha manifestado que hay que recuperar una de las funciones del CGPJ: "Llegar a acuerdos". 

Luis Martín Contreras

Es letrado de la Administración de Justicia en el Supremo y promotor de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales. Ha reclamado "un pacto" para mejorar la Administración de la Justicia y ha abogado por rescatar "lo que en su día fue una proposición de ley de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia". Además, se ha pronunciado a favor de "suprimir los aforamientos" de quienes trabajan en la Administración de Justicia.

Isabel Revuelta: el informe negativo de la amnistía 

Letrada de las Cortes, desde hace muy poco, destinada en el Senado, en la asesoría jurídica de la Secretaría General. Revuelta formó parte de la comisión de Justicia del Congreso que firmó uno de los informes que cuestionaba parte de la ley de amnistía en la primera tramitación, que fue abortada.

"Mis 26 años de carrera profesional han estado marcados por el constante estudio del Derecho y por la vocación de servicio público. Esta es la formación y la experiencia que espero poder aportar al CGPJ", ha dicho.