Una de las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se aplicará por primera vez cuando arranque el nuevo mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pese a que fue aprobada en diciembre de 2018. 

Se trata de la devolución de la dedicación exclusiva a la totalidad de los 20 vocales del CGPJ, lo que implica que percibirán la remuneración que desde 2013 recibían únicamente los siete consejeros elegidos destinados a la Comisión Permanente, el órgano fuerte del Consejo. 

La reforma del ministro de Justicia del PP Alberto Ruiz Gallardón en 2013 fue calificada de "asalto al CGPJ" porque eliminó la dedicación exclusiva para todos los vocales aumentando así los riesgos para su independencia. Algunos de ellos tuvieron que compaginar sus puestos en bufetes de abogados o en consejos de administración de corporaciones mercantiles, por ejemplo, con el ejercicio de consejero en el gobierno de los jueces. 

Las reformas de la LOPJ operadas por los gobiernos del PP han sido siempre polémicas y alejaban la garantía de independencia, pese a que el partido de Feijóo lleva cinco años y medio cacareando que hay que dotar de mayores garantías de independencia y despolitización al Poder Judicial. 

La reforma del PP

En 2013 la reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que volvía a incumplir la promesa de su programa electoral de cambiar el sistema de elección de los vocales para que fueran los jueces los que eligieran a los vocales judiciales, no contó con consenso en el Parlamento.

Todos los grupos y todas las asociaciones criticaron la reforma de Gallardón, vigente a día de hoy. Reformó el sistema para que los candidatos pudieran presentarse con el aval de 25 miembros de la carrera judicial o de una asociación. Además, suprimió la dedicación exclusiva para la mayoría de los vocales. 

La oposición clamó por los riesgos que implica para la independencia de los vocales el hecho de que tengan que compaginar su cargo en el Consejo con su función jurisdiccional o su profesión, salvo los de la comisión permanente. Y así ha ocurrido desde diciembre de 2013, cuando se conformó el CGPJ que ahora, tras el acuerdo de PSOE y PP, por fin se disuelve. 

La remuneración en estos momentos para los vocales de la comisión permanente es de aproximadamente 130.000 euros al año; es lo que percibirán los 20 nuevos vocales. 

Hasta ahora, los vocales sin dedicación exclusiva percibían casi mil euros cada vez que acudían al pleno del CGPJ y compatibilizaban esa dieta con su ingresos laborales. 

Mayor independencia de los vocales

El 29 de diciembre de 2018 se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para dotar al órgano de mayor independencia y quedó modificada en este sentido: "Artículo 579: Los vocales del Consejo General del Poder Judicial desarrollarán su actividad con dedicación exclusiva, siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o no, a excepción de la mera administración del patrimonio personal o familiar". 

No se pudo aplicar esta reforma porque la renovación del Consejo, que tocaba en esa fecha, quedó bloqueada por el PP hasta ahora. Cinco años y medio después, se aplicará en el Consejo entrante. 

Este jueves el Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la reforma de la LOPJ y del Estatuto Fiscal, tal cual establece el acuerdo entre el PSOE y el PP, solo con los votos a favor de estos dos partidos. 

A partir de ahora, se abre el período de enmiendas. Las fuentes consultadas no descartan que Vox pudiera presentar una a la totalidad. El plazo para su registro se extenderá hasta el 9 de julio y será el jueves, día 11, cuando se debatan esas eventuales enmiendas a la totalidad. Está previsto que la votación definitiva de la reforma legislativa se celebre en una sesión plenaria el próximo 23 de julio.