Hace unos días Junts ponía en la diana a las personas migradas con unas declaraciones del alcalde de Calella (Barcelona), Marc Buch, que fueron apoyadas por otros nueve alcaldes de la comarca del Maresme y posteriormente avaladas por el secretario general del partido, Jordi Turull.

​Buch relacionó migración y delincuencia a raíz de la "inseguridad" que denuncia que vive el municipio y pidió directamente la expulsión de aquellos delincuentes multirreincidentes que se encuentren en situación irregular. "Si no han venido a integrarse y a trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestro país", afirmó en unas declaraciones muy similares a las que hace la extrema derecha.

Este movimiento muestra un endurecimiento del discurso de Junts que no viene de nuevo y que la formación ya había explorado anteriormente y con otros temas como las ocupaciones. De hecho, uno de los ayuntamientos que apoya a Buch, el de Premià de Dalt, llegó a contratar a Desokupa, la empresa de desalojos ilegales con vínculos con la ultraderecha. El escándalo que generó obligó al consistorio a echarse atrás.

Esto se suma a otros episodios, como la centralidad que adoptó la seguridad en la campaña de las municipales o el hecho de que Junts evitara posicionarse para vetar a un gobierno de la ultraderechista Sílvia Orriols en Ripoll (Girona) pese al acuerdo entre el resto de partidos. La propia Orriols ha reconocido el paso de Junts, de quien dice que ahora le da la razón pese a haberla "difamado" anteriormente. "Ya iréis viniendo", tuiteó.

Todo ello son globos sonda, "síntomas" de un viraje hacia postulados de extrema derecha en ámbitos concretos que aún no se acaban de materializar en programas o políticas. "Vemos la presentación de una nueva oferta política derivada de la competición electoral en el ámbito de la derecha en Catalunya", explica a Público Anna I. López, doctora en Ciencia Política especializada en la extrema derecha.

Orriols y desgaste en las urnas

Precisamente la llegada al Ayuntamiento de Ripoll de Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, ha sido un factor clave en esta nueva narrativa. La competición electoral directa con Junts, sumado al desgaste que ha sufrido la formación en las últimas elecciones, hace que el partido intente "capitalizar el rechazo a la inmigración" para beneficiarse electoralmente, sostiene la experta.

Sin embargo, faltan todavía indicios sólidos de este viraje, como pueden ser las conclusiones que emanen del próximo Congreso interno del partido, la confección de los programas electorales para las elecciones europeas y las catalanas y también las propuestas que puedan sacar adelante en los ayuntamientos, en el Parlament o en el Congreso.

Por ahora, se puede afirmar que Junts está buscando "diferenciarse de Sílvia Orriols pero también de ERC y la CUP, que tienen una perspectiva más relacionada con los derechos humanos y la integración", según López, que dirige el Máster de Comunicación y Marketing Político de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

Sumado a la pérdida de votos que ha sufrido Junts en las últimas elecciones, la proximidad de las próximas citas electorales -europeas y catalanas- crea un caldo de cultivo para explorar unos discursos antiinmigración que funcionan más a nivel local y autonómico que estatal, con los precedentes de Plataforma per Catalunya o el PP de Xavier García-Albiol en Badalona. "Es peligroso porque puede marcar la agenda política y mediática en los próximos meses", comenta López.

El motivo se encuentra en la desigual distribución de la migración en España, con un foco especial en Madrid, el País Valencià y Catalunya, la falta de guetos y segregación como hay en Francia u Holanda o el hecho de que los partidos no lo hayan puesto en el centro del debate, como sí ha ocurrido en otros países europeos. "Esto ha provocado que no haya una correlación entre el aumento de la inmigración y el voto en la extrema derecha ni en Catalunya ni en el Estado" a nivel histórico.

Un debate fraudulento

Sin embargo, declaraciones como las del alcalde de Calella pueden atizar un debate "peligroso" que "normaliza un discurso que va en contra de los derechos humanos y discrimina a una parte de la población a partir de un prejuicio".

La Generalitat confirmó que en Calella se registran un 60% más de delitos que la media del país, pero el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, pidió "no generalizar" a todos los municipios una situación tan concreta. El propio alcalde ha informado de que quienes generan incidentes principalmente son 11 personas que acumulan en total más de 210 detenciones.

Por otra parte, la asociación entre migración y delincuencia no es real, ya que entre 2000 y 2014 la población migrante creció de un 2,28% a un 10,74%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que la tasa de criminalidad pasó de 45,9 delitos por cada 1.000 habitantes a 44,7, según el Ministerio de Interior. "No debemos dejar que un evento concreto sea la gasolina para que el discurso antiinmigración cale en la opinión pública", afirma López.

Incremento de las actitudes racistas

Las consecuencias de este discurso criminalizador, más allá de la propia "radicalización" de la derecha, es que permea al conjunto de la sociedad y potencia las actitudes racistas y xenófobas. "Cuando el discurso racista entra en la escena política y se normaliza, existe un aumento de delitos de odio", apunta la experta.

ERC, PSC y CUP han condenado esta deriva de Junts, especialmente en lo que se refiere al señalamiento de las personas migradas: "Fomenta los discursos de odio y favorece la deshumanización", dijo la portavoz republicana, Raquel Sans.

Por su parte, la CUP del Maresme presentó en varios ayuntamientos de la comarca una moción para reprobar a los alcaldes por fomentar un discurso "irresponsable" que "únicamente contribuye a generar estigma". También el Ayuntamiento de Mataró, del PSC, se desmarcó de las palabras de los nueve alcaldes.

Pese a una oposición necesaria, López señala que debe controlarse cómo se contrarresta porque "Junts puede caer en un discurso victimista" si finalmente se confirma la deriva. "Hay que dejar claro que no se puede ser altavoz de mentiras que relacionan inmigración con aumento de delitos. Hay que hacer mucha pedagogía porque éste será uno de los grandes temas de las elecciones catalanas y europeas, junto con la emergencia climática", concluye.