La Junta de los Fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado por mayoría el informe presentado por el ponente, Álvaro Redondo, para que el Supremo no asuma la investigación de la causa Tsunami Democràtic, al no ver delitos de terrorismo. 

Doce de los 15 fiscales de lo Penal del Alto Tribunal han tumbado la ponencia de Redondo, al no descartar los delitos de terrorismo en las acciones de Tsunami, tras la sentencia del procés, en el otoño de 2019. Avalan que, tal y como apunta el juez García Castellón, el expresident Puigdemont pueda estar implicado en la organización de dichos actos. 

Tras el resultado de la Junta de Fiscales de lo Penal, ahora la Fiscalía tendrá que elaborar otro informe para elevar a la misma Sala de lo Penal con el nuevo criterio. Hay que señalar que la inmensa mayoría de la Junta considera que hay indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo; una decisión que choca contra la tesis manifestada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

La decisión este martes de la Junta de Fiscales lo cambia todo, ya que es probable que finalmente el Supremo acabe asumiendo la investigación por terrorismo contra Puigdemont y el resto de investigados, lo que tensa aún más la negociación entre PSOE y Junts sobre la ley de amnistía.

El fiscal de Sala del Tribunal Supremo Álvaro Redondo, ponente de la propuesta rechazada este martes, sostiene que "no concurre el tipo penal de terrorismo" en la causa del Tsunami Democràtic, en contra de lo estimado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que atribuye al expresident Carles Puigdemont la planificación de los actos de protesta en 2019 tras la sentencia del procés.

Para el fiscal Álvaro Redondo, los indicios que ha considerado García Castellón para imputar a Puigdemont son "demasiado abiertos". La imputación del expresident catalán por delitos de terrorismo es determinante en estos momentos de negociación sobre la futura ley de amnistía. Hay que recordar que García Castellón investiga el fallecimiento de un ciudadano francés por un infarto, el 14 de octubre de 2019, durante la concentración convocada por Tsunami en el aeropuerto del Prat, como un delito de terrorismo.

Redondo no ve "indicios racionales de criminalidad" contra Puigdemont y consideraba que García Castellón debía proseguir la investigación de la causa del Tsunami Democràtic, sin que fuera procedente que el Supremo asumiera esa investigación, puesto que los aforados ante el Supremo, es decir, Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg, no tendrían participación alguna en los hechos investigados. 

La Junta de Fiscales de este martes, que ha acabado quitando la razón al ponente, venía precedida de la polémica por la filtración de un borrador del fiscal Redondo, previo a la ponencia definitiva, en el que sí consideraba delitos de terrorismo en los actos de Tsunami. La interpretación de algunos medios este lunes respecto a que ese borrador fue modificado después de que Redondo se viera con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, provocó un hecho inédito. El fiscal Álvaro Redondo envió una nota a los medios donde desmentía esa interpretación mediática. 

Paralelamente, el fiscal general también desmentía que hubiera influido en Redondo para que cambiara su posición respecto al terrorismo en la causa de Tsunami. Según Redondo, el fiscal general no quiso siquiera una copia de la ponencia; su reunión se ciñó a que el primero informara del sentido de su ponencia a García Ortiz.

Hace unos días, el juez Manuel García Castellón acordó la prórroga por seis meses de la instrucción de la causa de Tsunami Democràtic, al entender que quedan diligencias pendientes, como peticiones de auxilio internacional, una de ellas a Francia para recabar la declaración de los familiares del fallecido en el aeropuerto de Barcelona de un infarto durante las protestas, así como otra solicitud a Suiza para esclarecer la financiación de la plataforma. 

García Castellón considera que Tsunami fue fruto de una planificación efectuada por diferentes personas para la ejecución de acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España, señala en su exposición razonada ante el Supremo. 

En la cúspide de la organización, el juez sitúa al expresident Carles Puigdemont, al que imputa un delito de terrorismo, igual que a la docena de personas investigadas en la causa del 'Tsunami', entre ellas, el diputado de ERC Rubén Wagensberg. Este se ha trasladado a Suiza en los últimos días y el juez ha pedido a las autoridades helvéticas que lo localicen. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a que los actos investigados de Tsunami constituyan delitos de terrorismo y ha arremetido contra la "falta de argumentos" del juez para investigar Puigdemont y también a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por delitos de terrorismo en el caso Tsunami.