El miércoles transcendió que el diputado de ERC en el Parlament, Ruben Wagensberg, se ha instalado temporalmente en Suiza después de que sea uno de los investigados por terrorismo por parte del juez Manuel García Castellón en la causa del Tsunami Democràtic. Pero el suyo no es el único caso. Según ha podido saber Público, ahora mismo habría al menos media docena de independentistas amenazados con una causa por terrorismo en la Audiencia Nacional que habrían optado por trasladarse provisionalmente fuera del Estado.

El movimiento responde a la misma motivación que explicó Wagensberg, es decir, evitar una detención preventiva que han creído cada vez más posible a medida que su caso se iba complicando a consecuencia de los movimientos de la justicia española. Actuaciones como las de García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, que desde hace semanas intenta vincular al Tsunami Democràtic con terrorismo o vulneraciones de los derechos humanos para evitar que sus encausados se beneficien de la amnistía, les ha generado inquietud y han preferido preparar su defensa en el exterior y esperar la evolución judicial de la causa a resguardo.

Los movimientos del juez han sido criticados también por la Fiscalía, para quien hay una evidente "falta de argumentos" para atribuir los delitos de terrorismo a Carles Puigdemont, Marta Rovira y las otras diez personas encausadas por el Tsunami. 

Además del expresident del Govern, la secretaria general de ERC y Ruben Wagensberg, en la causa también constan como investigados Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont; empresarios como Josep Campmajó, Oriol Soler y Xavier Vendrell, el periodista de la Directa Jesús Rodríguez, la delegada de la Intersindical-CSC Marta Molina, el ingeniero Jaume Cabaní, el exdirectivo de Òmnium Cultural Oleguer Serra y el banquero suizo Nicola Flavio.

En total, actualmente hay unas 24 personas investigadas por terrorismo en la Audiencia Nacional vinculadas a dos causas del Procés, la del Tsunami Democrático y la de la operación Judas, que afecta a una docena de activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) . Público ha podido constatar que, al menos, algunas de las personas encausadas por el Tsunami han optado por instalarse temporalmente en el exterior.

El destino elegido ha sido mayoritariamente Suiza, a pesar de que, en algún caso, se ha optado por otro país de la Unión Europea. En el país helvético pueden recibir el apoyo logístico y la atención de una red de solidaridad con los catalanes generada en torno a la presencia desde hace años de Marta Rovira, y del paso que también tuvo la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que ya volvió a Catalunya. La exclusión o no de cualquier referencia al terrorismo en el texto es uno de los aspectos que ha hecho embarrancar la aprobación de la Ley de amnistía, que la negativa de Junts impidió tirar adelante este martes en el Congreso. 

Los exiliados del Procés

Después de los hechos del otoño de 2017, con el referéndum del 1 de octubre como cita más emblemática, varios dirigentes políticos y activistas independentistas se han instalado en el exterior, algunos de los cuales ya han vuelto. De la primera hornada de exiliados, se mantienen en el exterior el expresident Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Lluís Puig, que se trasladaron a Bruselas el mismo octubre del 201. Marta Rovira, a su vez, reside en Suiza desde marzo de 2018.

Después de la aprobación de la reforma del Código Penal, que supuso la supresión del delito de sedición, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantiene el procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig por desobediencia -un delito que no comporta penas de prisión- y malversación, de forma que teóricamente todavía ahora serían detenidos si vuelven al Estado, mientras que a Rovira solo le atribuye desobediencia.

La aprobación de la amnistía tendría que garantizar el retorno sin obstáculos de Comín y Puig, mientras que tanto Puigdemont como Rovira se han visto afectados por la imputación de terrorismo en el caso Tsunami por parte de García Castellón.

De los exiliados por el Procés, los que ya han podido volver son Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Anna Gabriel y Adrià Carrasco. Consellera de Enseñanza en 2017, Ponsatí se instaló en Escocia y actualmente ejerce de eurodiputada de Junts, si bien ha roto con el partido. Pendiente de ser juzgada por desobediencia, desde hace meses puede viajar a Catalunya sin el temor de ser detenida.

Serret es la actual consellera de Acción Exterior del Govern, pero en 2017 encabezaba la cartera de Agricultura. Inicialmente se instaló en Bélgica, pero volvió en marzo de 2021. Condenada a un año de inhabilitación por desobediencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la sentencia no es firme y puede continuar ejerciendo de consellera.

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel se había exiliados en Suiza en febrero de 2018, pero volvió en julio de 2022. Actualmente está pendiente que la Audiencia de Barcelona dictamine si es juzgada por desobediencia o su causa se archiva. Finalmente, Adrià Carrasco era un activista de los CDR de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que en abril de 2018 optó por irse a Bruselas, después de ser acusado de terrorismo por la Guardia Civil. En enero de 2021, una vez se archivó la causa, volvió a casa.