El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la jornada laboral de 35 horas que afecta a 250.000 funcionarios de la Junta de Andalucía tras estimar el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy. La sentencia, hecha pública este viernes, es un aldabonazo a las plantillas de la Administración andaluza y un duro golpe al Ejecutivo de Susana Díaz, que hace apenas dos semanas aprobó la Ley de Presupuestos Autonómicos para 2018 computando esas 35 horas por cada empleado público (hoy mismo se publica en el BOJA).

El fallo ha generado mucha incertidumbre y ha desatado el nerviosismo entre los sindicatos de la función pública, que han sido convocados a una reunión de urgencia con la Consejería de Hacienda el próximo lunes.

El Gobierno central recurrió el decreto ley que regulaba la reposición de la jornada de 35 horas cuando llevaba seis meses en vigor. En esos seis meses, los 250.000 funcionarios andaluces abandonaron su horario de 37,5 horas semanales impuesto por Rajoy en 2012 para contener el gasto público, y recuperaron la jornada de 35 horas. Las plantillas y horarios de colegios, hospitales y otros ámbitos de la administración están cuadrados con esa jornada.

Con el excedente de 2,5 horas ganadas a cada funcionario, la Administración andaluza contrató a 7.000 profesionales más, la mayoría profesores y personal sanitario, cuyos puestos ahora están en riesgo. Esos empleos están contabilizados en el capítulo uno de los Presupuestos andaluces del año que viene, que fueron aprobados por el Parlamento autonómico con los votos del PSOE y de Ciudadanos.

El Pleno del Constitucional considera que al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios públicos autonómicos, y a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de Andalucía, “el decreto-ley recurrido vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las Administraciones públicas”.

La sentencia ha caído como un jarro de agua fría sobre la Junta, aunque era un escenario previsible, dado que el Gobierno de Rajoy ya había recurrido ante el Constitucional la reducción de jornada en Euskadi, Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de Madrid, siempre con fallos contrarios a la reducción horaria.

La Consejería de Hacienda “se temía lo peor”, de ahí que en las últimas semanas, previas a la aprobación del Presupuesto, ya trabajaba calladamente con los sindicatos de la función pública para buscar “soluciones alternativas a las 35 horas”.

El departamento que dirige María Jesús Montero tiene “muy avanzado” un principio de acuerdo con los sindicatos, a los que ha convocado a una reunión de urgencia el próximo lunes con objeto de “firmarlo ese mismo día para que vaya al Consejo de Gobierno para su aprobación al día siguiente, martes 19 de diciembre”. “No vamos a despedir a nadie ni nadie va a ser cesado”, dice Montero.

El plan de Hacienda pasa por “mantener la jornada presencial de los funcionarios que se ha venido aplicando con las 35 horas semanales”. Las otras dos horas y media restantes que tendrán que volver a sumar a su horario se usarán para otras tareas, como las tutorías y la preparación de las clases (en el caso de los profesores) que ahora computarán como horas lectivas; o jornadas de investigación y formación (para el personal sanitario).

“El tiempo que los profesionales dedican a estudiar en casa, descargar vídeos, ver reportajes, revisar bibliografía, preparar trabajos… todo ese esfuerzo computará ahora como jornada presencial. No se requiere una presencia física en sus puestos laborales. Es algo que se hace con naturalidad en la Universidad y que ahora extendemos a la enseñanza media y otros ámbitos de la administración”, dice la consejera.

El acuerdo con los sindicatos irá al Consejo de Gobierno y tendrá rango de decreto, de modo que se expone igualmente a ser recurrido por el Gobierno central, si éste considera que se trata de un “subterfugio” para sortear la sentencia del Constitucional.

Fórmulas para evitar despidos

La Junta ha activado fórmulas “de reasignación horaria” de los funcionarios andaluces para mantener los 7.000 empleos públicos que creó tras la restitución de la jornada de 35 horas, un atajo legal que espera no se interprete como “un acto de insumisión” al fallo del Constitucional.

Montero asegura que el futuro decreto no obligará a modificar la recién aprobada Ley de Presupuestos para 2018, porque los 7.000 nuevos contratos no aparecen en ningún momento vinculados a la reposición de la jornada de 35 horas y, por tanto, “no corren peligro y no puede dar pie al Gobierno central a hablar de desobediencia”.

Los jueces creen que la jornada laboral de los funcionarios andaluces “resulta incompatible” con la jornada de trabajo del resto de funcionarios públicos y advierte de que el horario “no podrá ser inferior a 36 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual”. Lo mismo ocurre con las horas lectivas semanales del personal docente.

La Consejería de Educación ha planificado el presente curso escolar fijando 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria, de modo que volver a las 20 horas lectivas trastocará por completo la organización de más de 4.000 colegios. La sentencia dice, sobre este punto, que “la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos será, como mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas”.

En teoría, el plan B de Hacienda servirá para no alterar el normal funcionamiento de las plantillas ni modificar demasiado los horarios lectivos, permitiendo a los profesores computar dos horas y media de tutorías o de preparación de clases como horario lectivo, de modo que en la práctica no invadirán la jornada de otros maestros y así no será necesario prescindir de nadie. En sanidad se busca un asidero legal parecido, todo con el objetivo de no vulnerar el mandato del Constitucional.

El fallo del Constitucional ha reabierto la guerra entre el Gobierno de Susana Díaz y el de Rajoy, con el PP andaluz en medio. El Ministerio de Hacienda estaba negociando con los agentes sociales la implantación de la jornada de 35 horas para una parte de los funcionarios, de ahí que la Junta no entienda que el Gobierno no haya instado al Constitucional a no ejecutar el fallo.

La consejera andaluza de Hacienda ha reprochado al PP andaluz su “silencio cómplice y vergonzante”, y que no haya intermediado con el departamento de Cristóbal Montoro para evitar la suspensión cautelar de la sentencia, como habían prometido. Los populares, por su parte, acusan a la Junta de “usar a los empleados públicos como arma política”.