Las pensiones contributivas se actualizaron durante tres lustros de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Eso permitió que sus perceptores mantuvieran el poder adquisitivo incluso en los años en que se registraron altos niveles de inflación.

Sin embargo, desde la última reforma de la Seguridad Social, impulsada en plena crisis económica por el Gobierno de Mariano Rajoy, las cosas han cambiado mucho.

Con la regulación anterior, vigente desde 1995, si el IPC anual superaba en noviembre la subida aplicada a las pensiones el 1 de enero, se producía una actualización automática y el Estado abonaba la diferencia a través de una paga extra.

Esa norma se mantuvo intacta hasta 2011, cuando José Luis Rodríguez Zapatero incluyó la congelación de las pensiones en su paquete de medidas contra el déficit público, por exigencia de las autoridades de Bruselas.

Como consecuencia de ello, el poder adquisitivo de los pensionistas españoles sufrió aquel año una merma del 2,9%, que fue la tasa anual de inflación registrada en noviembre. La historia se repitió en 2012, a pesar de que los primeros Presupuestos Generales de Rajoy habían revalorizado las pensiones un 1%, pues el IPC replicó exactamente el dato del ejercicio anterior, sin que estuviera prevista para tal caso ninguna medida compensatoria.

Entre 2013 y 2015, con los precios bajo control, se recuperó parte del terreno perdido; pero en 2016 repuntó la inflación y el bolsillo de los pensionistas se volvió a resentir. Para entonces ya estaba en funcionamiento la reforma ahora en vigor, que desvincula las pensiones de la evolución del IPC y condiciona su subida a la situación financiera de la Seguridad Social.

Como ésta es incapaz de cuadrar sus cuentas, debido a los suficientes ingresos que genera una política de empleo basada en la precariedad laboral y en los sueldos bajos, las pensiones llevan cuatro años sin subir más del 0,25%, el mínimo previsto en la ley. Lo cual significa que en 2017, con el IPC anual de noviembre en la mano, la capacidad de compra de los pensionistas va a retroceder un 1,35%, que se suma al 1,25% de 2016.

Si todavía rigiera el antiguo sistema de revisión, la Seguridad Social debería desembolsar ahora 1.700 millones de euros adicionales, que paliarían el quebranto infligido al bolsillo de los pensionistas por el crecimiento de los precios. Aunque para ello tendría que recurrir de nuevo al ya exhausto Fondo de Reserva o seguir tirando de la línea de crédito de 10.000 millones que le concedió en julio el Estado para evitar la mala imagen de vaciarlo del todo.