El Tribunal Supremo ha denegado de nuevo la libertad a los nueve presos preventivos de la causa del procés a las puertas del juicio y ha rechazado equiparar su caso al del opositor turco Selahattin Demirtas -que ellos invocaron-, por el que el Tribunal de Estrasburgo condenó a Turquía.

Los nueve acusados pidieron al Supremo acudir al juicio en libertad e invocaron la llamada "sentencia sobre el caso Demirtas", por la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reclamó a Turquía que adoptase las medidas necesarias para acabar con la prisión provisional del expresidente del partido de oposición prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP).

Un caso que actualmente también está estudiando el Constitucional en el recurso contra la prisión del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.

Pero la Sala que enjuiciará el procés ha rechazado en un auto que exista cualquier similitud con este caso y ha dejado claro que en este procedimiento ni se están persiguiendo ideologías ni está en cuestión "una forma de pensar".

Argumenta el Tribunal Supremo que la mayoría de los recurrentes eran representantes del Estado en Catalunya plenamente integrados en las estructuras de poder y en ningún caso "expresaban la silenciada voz del discrepante frente a una política hegemónica que se impone sin contrapesos".

Por el contrario, Demirtas "era un líder opositor cuyo encarcelamiento -sin entrar en otro orden de consideraciones acerca de las notas definitorias del sistema jurisdiccional turco y de la pervivencia de preceptos penales difícilmente conciliables con el Convenio de Roma- podía llegar a implicar una ruptura de la legitimidad democrática".

Por tanto, "la pretendida equiparación" de ambos casos puede ser "una respetable estrategia defensiva" pero carece de "viabilidad por la falta de similitud con los hechos" que se van a enjuiciar próximamente.

La Sala asevera que en el Supremo no se está criminalizando ninguna ideología porque, de hecho, "la ideología que con tanta legitimidad democrática profesan los recurrentes" es la que "sostiene ahora al gobierno autonómico y está presente en las instituciones de las que la mayoría de los procesados formaban parte".

"No está en cuestión una forma de pensar, una concepción rupturista de las relaciones entre los poderes del Estado", añade.

Para fundamentar su rechazo a las peticiones de libertad o de medidas alternativas solicitadas por los presos, el Supremo también recuerda que el riesgo de fuga sigue siendo intenso habida cuenta de la existencia de "estructuras de poder organizadas" fuera de España y puestas al servicio de los procesados que se encuentran huidos.

De hecho, algunas autoridades catalanas "se han desplazado para mantener reuniones con las personas integrantes de dichas estructuras", algunas de ellas huidas, señala la Sala en clara referencia al expresidente Carles Puigdemont.

Esto demuestra, según el Supremo, "la existencia de cierta infraestructura en el extranjero que podría facilitar la fuga de los procesados".