"Estrés, nervios, ansiedad y miedo". Es lo que la secretaria judicial Montserrat del Toro asegura haber sentido cuando permaneció encerrada durante horas en la sede de la Consellería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017. A las puertas del edificio, una manifestación que le hizo llegar a pedir un helicóptero para poder salir, si bien después asumió que este escenario era inviable.

Su declaración de este miércoles como testigo ante el Tribunal Supremo, responsable de enjuiciar al ‘procés’ catalán, ha estado cargada de adjetivos, ha sido rica en detalles, y se ha construido sobre un eje cronológico bien delimitado. No obstante, en este episodio clave para sostener o no el relato de la supuesta violencia del ‘procés’ que abandera la Fiscalía ─y que replica del Toro, mientras reconoce que no se acercó a una ventana en todo el día─, las defensas consideran que aún hay algunas zonas de sombra.

Sin ir más lejos, este miércoles la letrada de la administración de justicia ha asumido que registró despachos que no estaban explícitamente indicados en el auto que debía basar su actividad.

Ante preguntas de la abogada del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, del Toro ha reconocido que no hizo constar en el acta que recogía la actividad del día ─y que ella guardó en una carpeta, dentro de su bolso─ la llamada telefónica del juez al frente del Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Fue en el transcurso de esta llamada cuando Sunyer, según el relato de la letrada de la administración de justicia, le autorizó a registrar más despachos de la Consellería, aparte de los cuatro que están contemplados en el auto.

En esa conversación, el juez, fallecido en noviembre de 2018, le indicó que registrase "todos los despachos del área de Procesos Electorales".  "Esta conversación que dice haber mantenido, ¿por qué no consta en el acta de entrada y registro?", inquiría Roig. Según del Toro, la explicación de esta ausencia en el acta que atesoró toda la jornada ─dijo sentir "preocupación humana y profesional", en referencia a los documentos que custodiaba─, es que no hizo constar "todas las incidencias, dada la envergadura de la entrada y registro".

En concreto, Roig recordó entre otros el caso del despacho de Montserrat Vidal Roca, jefa del Área de Procesos Electorales de la Generalitat; no aparecía mencionado en el auto, y Vidal Roca ni siquiera constaba como investigada. "Nos dijeron que todo lo que pudiera estar en proceso debía estar en esos dos despachos", justificaba del Toro. "Es una incidencia que sobrevino", insistía. Los nombres de los despachos incluidos en el auto responden a las iniciales de J.M.J; N.G.; M.M. y E.O., según trasladan a Público fuentes de las defensas. El nombre de Vidal Roca no cuadra con ninguna de estas iniciales.

Con todo, la defensa de Cuixart ya aprovechó las cuestiones previas para denunciar que el registro del 20-S "se extralimitó, atendiendo a las instrucciones del auto de entrada y registro". "Pese a que Fiscalía, en aquel momento negó la mayor, la comitiva judicial no se limitó al registro de los cuatro despachos que tenía explícitamente señalados en el documento. Una de las consecuencias del amplio registro es que se alargó en el tiempo hasta última hora de la tarde", apostillaba la defensa del presidente de Òmnium Cultural, en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Tampoco escuchó las actuaciones musicales que tuvieron lugar esa misma tarde, pero sí creyó identificar la voz de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament y procesada en la causa, que no habló en este acto. "¿No oyó los grupos de música?", cuestionó el abogado Jordi Pina, responsable de la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. "Estaba centrada en mi trabajo", justificó del Toro.

Según su relato, los cánticos que sí percibió durante la mañana desaparecieron en la tarde para dar paso al ruido "típico de un tumulto" ─palabra fetiche de la Fiscalía y del juez instructor, Pablo Llarena, para referirse a la protesta del 20-S─.  Y, sobre la cuestión de Forcadell, del Toro pasó de mostrarse bastante convencida a dudar, ante las preguntas de Olga Arderiu ─abogada de la expresidenta del Parlament─ de si efectivamente "la única voz femenina" que escuchó en esa jornada fue la suya.

Todo esto, sumado al hecho de que en esta declaración sí pronunciara el nombre del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, al que no reconoció en su declaración durante su anterior declaración, ante la Audiencia Nacional, contribuía a aumentar el recelo de las defensas, por el contraste con su relato pormenorizado en lo tocante a otras cuestiones. "¿Es usted seguidora de Unidad Nacional Española o de Leridanos contra la Independencia?", preguntaba el letrado Andreu Van den Eynde, defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva, para ser inmediatamente reprendido por el presidente de la Sala de Lo Penal, Manuel Marchena: "No puede preguntarle nada relacionado con su perfil ideológico", zanjaba.

El 13 es además el Juzgado que dibuja y acota el campo de juego para esta causa, y los equipos legales de los 12 dirigentes independentistas procesados han criticado su trabajo en innumerables ocasiones.

Con todo, la declaración de Montserrat del Toro era la guinda de la 12 sesión de juicio, en la que por primera vez se ha notado un cambio de ritmo. Con su testificación y con la de Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil que dirigió el operativo del 1-O ─pero que dice no saber si se usó gas pimienta, o si los agentes golpearon a ciudadanos pacíficos en la cabeza─, se cerraba la etapa de los testimonios ‘vip’, para dar paso a otro tipo de perfiles. En el caso del miércoles, en su mayoría dueños de establecimientos hoteleros catalanes en los que se hospedaron policías, pero también empresarios, un director de periódico e incluso un capitán de la marina.

Tras ellos, llega el turno de los jefes operativos a los que se refirió el coronel de los Cobos, el comisario de la Policía Nacional Sebastián Trapote, y el general de la Guardia Civil Ángel Gozalo. Ellos deberían disponer de esos "detalles" de los que el coronel de la Guardia Civil dijo no saber nada.