El juicio a la cúpula del procés encara a partir de este martes sus últimas 15 horas, condensadas en dos sesiones, antes de quedar visto para sentencia. El miércoles se cumplen exactamente cuatro meses desde el arranque del juicio oral en el Tribunal Supremo, el 12 de febrero, y será la segunda ocasión en la que la Sala de lo Penal escuche a los 12 dirigentes independentistas que se sientan en el banquillo de los acusados.

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, será el primero en intervenir. Si sigue la línea adoptada al arranque del juicio, se presentará como un preso político, y negará haber cometido delito alguno. Como él, el resto de procesados tendrán derecho a un turno de última palabra que deberán acotar a 15 minutos. Será el miércoles por la tarde, si se cumplen los tiempos marcados por la Sala de Lo Penal.

Antes, a las 9.30 horas del martes, tomarán la palabra sus defensas, y durante una hora por cada uno de los 12 procesados podrán desglosar todos sus argumentos: sobre la inocencia de sus defendidos; sobre la inconsistencia del relato de las acusaciones y sus puntos ciegos, así como sobre la ausencia de los requisitos jurídicos para dar por probada la rebelión o la sedición, e incluso sobre la ausencia de pruebas de que 10 de los 12 procesados cometieran un supuesto delito de malversación.

También hablarán sobre el propio devenir del juicio -supuestas irregularidades o errores-, y previsiblemente, algunos de ellos incidirán en la presunta vulneración de los derechos políticos de sus defendidos -especialmente los cinco que han visto suspendida su condición de diputados y senador, respectivamente, adquirida en los comicios del 28-A. En el caso de Junqueras, también eurodiputado electo tras el 26-M, su situación ni siquiera está clara.

Fuentes de las defensas consultadas por Público explican que seguirán el orden de intervenciones mantenido hasta la fecha: primero tomará la palabra el letrado Andreu Van den Eynde, que representa a Junqueras y a Raül Romeva, por lo que podrá hablar durante dos horas. Como mucho, esperan que el tribunal llegue a escuchar a la letrada de Jordi Cuixart, Marina Roig, antes de dar por concluida la jornada. 

En cualquier caso, inmediatamente al lado de Van den Eynde en el estrado se ubica el abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, que será quien tome el testigo. Su estrategia es precisamente la que más se aparta de las del resto de las defensas, sobre todo de quienes se exponen a mayores peticiones de cárcel y pasan más tiempo bajo los focos; frente al j'accuse de Cuixart, y a la auto-reivindicación de Junqueras o Romeva como presos políticos, Melero dejó claro desde el primer día que el equipo que encabeza se enfrenta a un juicio penal "como una estafa o una alcoholemia", y ha dado varios golpes de efecto en estos meses.

Peleará por demostrar que Forn, conseller de Interior durante el procés, no se sirvió de su cargo -de él dependían los Mossos d'Esquadra- para favorecer el referéndum, como además han asegurado todos los altos mandos de la policía catalana llamados como testigos. Los mismos que también han criticado sus declaraciones sobre el hecho de que los Mossos permitirían el referéndum, y que han enfatizado que estaba presente en las reuniones en las que la cúpula del Cuerpo transmitió a Carles Puigdemont, Junqueras y al propio Forn, el previsible riesgo de que se produjeran choques violentos el 1 de Octubre de 2017, la jornada del referéndum soberanista.

Los equipos de los Jordis, por su parte, trabajarán para demostrar que los líderes de la ANC y Òmnium Cultural sólo tuvieron un rol destacado en protestas pacíficas y democráticas, y por tanto que no favorecieron ninguna "insurrección" ni "alzamiento", como aprecia el Ministerio Público.

De hecho, a juzgar por la escenificación de las acusaciones la semana pasada, la consistencia del suelo en el que pisan las partes no parece clara. El martes, la Fiscalía y la Abogacía del Estado demostraron que tienen dos visiones antagónicas sobre los delitos de mayor gravedad que cada una de ellas atribuye a los procesados.

El Ministerio Público dedicó casi tres cuartas partes de su tiempo en esa jornada -lo que le granjeó críticas entre las defensas-, a justificar su acusación por rebelión, al entender que para la comisión de este delito no hacen falta armas: el procés habría sido una rebelión "distinta", sin armas pero con el grado de violencia "necesaria" para la consecución de su objetivo último, la independencia de Catalunya -si bien no lograron esta meta, y todos los acusados salvo Junqueras, que no ha entrado en la cuestión, se han referido a la declaración unilateral de independencia (DUI) como un mero gesto político-. La DUI tampoco fue reconocida por ningún Estado miembro de la UE.

La tesis sobre el "golpe de Estado" de la Fiscalía, que se curaba en salud y rechazaba que pudiera caber la acusación por sedición -“Hubo cien sediciones para romper el orden constitucional”, en palabras del fiscal Fidel Cadena- chocaba así con la que defendió la abogada del Estado, Rosa Seoane. Ella sí consideraba probada la sedición, pero negó que hubiera rebelión y, por tanto, que los episodios de violencia durante el procés fueran algo calculado y buscado por los procesados. "No podemos considerar probado que la violencia, como medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza, haya sido uno de los elementos estructurales del plan de los acusados, como medio para alcanzar sus fines", zanjaba.

Con estos mimbres, y con la acusación popular que ejerce el partido ultraderechista Vox aprovechando para marcarse un alegato de autobombo, la 50 sesión del juicio se daba por concluida. Los procesados y sus defensas vuelven a intervenir por última vez esta semana, y después les tocará esperar a la sentencia, que previsiblemente no llegará hasta después del verano.

Sin embargo, que este juicio concluya no permite escribir un punto y final: hay todo un laberinto de causas sobre el procés en instrucción, y otras tantas pendientes del arranque del juicio oral. Cuando llegue la sentencia sobre el juicio en el Supremo aún quedarán muchas páginas por escribir. Mientras tanto, la ANC y Òmnium Cultural se preparan para volver a lucir músculo con nuevas protestas en la calle, cuando ya se han sobrepasado los 600 días desde la entrada en prisión provisional de Sànchez y Cuixart.