La cúpula de los Mossos d'Esquadra está imputada en distintas causas relacionadas con el procés, pero no en la que enjuicia el Tribunal Supremo. No obstante, cinco altos mandos de este cuerpo policial han comparecido ante la Sala de Lo Penal del Alto Tribunal como testigos durante las últimas semanas, para desplegar su artillería y pasar al contraataque ante quienes les acusaron de todo tipo de tropelías en el marco de esta causa. Y lo han hecho sin dejar de disparar contra el Govern de la Generalitat de entonces, para distanciarse de su gestión el 1 de octubre de 2017 y los días previos y posteriores al referéndum soberanista.

Entre miércoles y jueves, los últimos dos altos cargos de los Mossos en comparecer en la causa como testigos han afilado su relato, desmintiendo al que fuera el máximo responsable de la coordinación de todos los cuerpos policiales en Catalunya para el 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, posteriormente premiado con la jefatura de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid. Estos mandos, incluido el major Josep Lluis Trapero, han ido royendo el discurso de su némesis, desmontándolo. Ambos relatos son contradictorios, incompatibles, si bien todos los testigos tienen obligación de decir verdad.

De los Cobos fue quizás el hueso más duro de roer para los letrados de las defensas, y en su larga comparecencia cargó con dureza contra los Mossos: dijo que su operativo para el 1-O fue “una estafa”, que no estaba diseñado para cumplir con el mandato judicial de impedir el referéndum, sino que estaba “más encaminado a facilitarlo".

Les reprochó que no le hicieran partícipe de este operativo, que se conformaran con mandar un binomio de agentes a cada colegio, y les afeó que buscasen atribuir con este despliegue de parejas de mossos cierta legitimidad al referéndum, presentándolo como si se tratase de una jornada electoral al uso. "Solo sirvieron para diseminar la fuerza y hacerla inoperante", apuntó.

También les acusó de “obstruir físicamente la actuación policial” en una decena de locales de votación, y de demostrar una “pasividad absoluta" en el resto de colegios electorales”. En resumen, les atribuyó “no haber hecho nada” para impedir las votaciones, sin olvidarse de asegurar que además espiaron a Policía Nacional y Guardia Civil en esta jornada -relato ampliado por Juan Manuel Quintela, comisario jefe de Información de la Policía Nacional en Catalunya este mismo martes-. La policía catalana ha desmentido todas estas afirmaciones, una por una, incluida la del espionaje y los seguimientos.

Trapero, el mismo al que De los Cobos acusó de “poner palos en las ruedas en todo”, aseguró que el dispositivo sólo pretendía “cumplir los mandamientos judiciales y de la Fiscalía”, que la responsabilidad por no haber tenido “más resultados” fue “de todos”, esto es: Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, porque el mandato judicial al que obedecían "vinculaba a los tres cuerpos por igual".

Su exnúmero dos y enviado a las reuniones de coordinación, el comisario Ferrán López, declaró este miércoles que ni siquiera se puede afirmar que hubiera “un dispositivo de Mossos”, porque se desplegó un operativo “conjunto, pactado y acordado”.

Según su relato, habrían sido los otros dos cuerpos policiales los que habrían “fracturado” este pacto, al actuar por su cuenta el 1-O, y sus llamadas al coronel de la Guardia Civil para requerir información en esta jornada no habrían servido para nada. Además, antes del referéndum le había ofrecido constituir un mando único de las fuerzas policiales en la sala de coordinación de los Mossos para esta jornada, algo que a su juicio habría servido para evitar “suspicacias”. De los Cobos rechazó esta invitación.

Por otro lado, los cinco altos mandos de los Mossos han coincidido también en que sí trasladaron al coordinador del operativo sus planes para el 1-O; López y el entonces comisario jefe de Coordinación Central, Joan Carles Molinero han sido particularmente incisivos en esta cuestión. Según Molinero, el coronel no presentó “ninguna objeción” en “ningún momento” al despliegue de parejas de agentes, tuvieron su “complacencia”. En palabras de López, De los Cobos “validó” y “diseñó” el operativo, y además pactaron que esos binomios se distribuirían entre los 2.300 puntos de votación, y que el resto de cuerpos esperarían a ser llamados antes de actuar -algo que no ocurrió-.

En su día, Trapero también contestó directamente a la cuestión de las parejas de agentes: explicó que valoraron si "poner un binomio en cada centro", o si en su lugar era mejor ir "a 100 colegios y dejar los otros 2.200" sin control, y finalmente optaron por lo primero. Sin embargo, ninguna de sus palabras sirvió para aplacar al fiscal Javier Zaragoza, que tuvo que ser inmediatamente reprendido por el presidente de la Sala de Lo Penal, Manuel Marchena: "Prepararon un dispositivo que no vale para nada", espetó Zaragoza al exjefe de la policía catalana, olvidando los signos de interrogación.

Además, si bien De los Cobos criticó el número de agentes destinados por los Mossos, todos los altos mandos que testificaron defendieron la magnitud del despliegue. El comisario Emili Quevedo,  jefe de Planificación del cuerpo policial en las fechas del referéndum, relató que el major “forzó un incremento del número de efectivos” inicialmente contemplado: movilizaron a 7.800 mossos, muy por encima de los "entre 2.500 y 3.500" que actúan en cualquier jornada electoral.

En suma, todas estas contradicciones han servido al abogado de exconseller Joaquim Forn, Xavier Melero, para pedir un careo entre el comisario López y el coronel De los Cobos. La Sala lo ha desestimado por el momento, sin cerrarse a volver a estudiarlo cuando avance la causa. Y eran estas contradicciones las que aderezaban una semana en la que se han sucedido las declaraciones de cerca de 40 agentes y tres ex altos mandos en nuevas jornadas maratonianas.

El jueves, el Tribunal acogió las testificales de 14 guardias civiles -además de la de Molinero-. Denunciaron las agresiones y amenazas sufridas el 1-O en diferentes colegios electorales: algún intento de arrebatarles sus armas, patadas, insultos, escenas de tensión… si bien la mayoría de ellos no recordaban escenas concretas de violencia contra los civiles que se concentraron para votar. Van 27 sesiones de juicio en 8 semanas, y poco más de 150 de los más de 500 testigos citados en la causa. Aún queda mucha pista.

Los disparos al Govern

Además del coordinador policial del 1-O, la siguiente diana de los disparos de la cúpula de los Mossos es el Govern, con el que quieren marcar distancias, y la revelación por parte de Trapero de un supuesto plan para detener a Puigdemont sobre el que no se había pronunciado hasta la fecha lo demuestra. En palabras de Molinero, en los días previos al referéndum incluso se plantearon convocar una rueda de prensa para expresar su compromiso con la ley y su rechazo al 1-O, si bien esta idea quedó en agua de borrajas. 

En síntesis, los cinco altos mandos llamados como testigos han relatado con precisión cómo advirtieron en dos reuniones distintas -26 y 28 de septiembre- al Ejecutivo de Carles Puigdemont del peligro de que se desatasen “incidentes” en esa jornada.

López y Molinero han sido claros: si bien el exconseller de Interior no dio instrucciones políticas a los Mossos, sí estaba presente en los encuentros en los que el cuerpo policial alertó del “incendio” -en palabras de López- que podría desatarse si el Govern no desconvocaba el referéndum. En esas reuniones, junto a Forn estaban también el vicepresident, Oriol Junqueras, y el propio Puigdemont. El mismo que afirmó que “posiblemente” proclamaría “la independencia” de producirse “una desgracia” el 1 de octubre.