En estos momentos, el caso de una niña de cuatro años presuntamente abusada por el padre está en una especie de limbo judicial. Por un lado, la jueza Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, no ha acordado ninguna medida cautelar en relación con su investigación, iniciada el pasado 20 de febrero, contra un padre por presuntamente abusar sexualmente de su hija, de 4 años. Y ha dado la opción a la madre de la niña para que acuda al Juzgado de Primera Instancia de Familia 28 de Madrid, donde se resolvió el divorcio y se fijó el régimen de visitas del padre. Y por otro lado, la titular de este último juzgado, que indica que tiene que esperar a que se resuelva la investigación por presunto abuso para tomar una decisión sobre la supresión de visitas. 

Así las cosas, el régimen de visitas sigue en vigor --fines de semana alternos y una tarde entre semana--, pese a la gravedad de los hechos investigados, que no fueron denunciados por la madre de la pequeña, sino por una doctora del Hospital de la Paz, como ya adelantó Público. Esta médica se ratificó este lunes en su declaración inicial, del 20 de febrero, en el juzgado de guardia. La doctora diagnosticó a la niña una vulvovaginitis (inflamación de la vulva) y por lo que le contó la menor sobre las cosas que le hacía su padre en sus genitales, denunció un posible abuso sexual infantil. 

El relato de la niña se repitió dos meses después, el pasado 26 de abril, cuando fue sometida a la prueba de la cámara Gesell --un recurso judicial para evitar el trance a las víctimas menores de edad de tener que declarar ante un tribunal--. La cámara Gesell consiste en una habitación, con mobiliario infantil, donde los menores son interrogados por un psicólogo, mientras que en otra habitación contigua el juez, el fiscal y las partes del proceso hacen un seguimiento a través del espejo que permite asistir a la declaración del menor. En aquella ocasión, la pequeña volvió a referir supuestos episodios de abusos sexuales del padre.

Sin embargo, tampoco el resultado de esta prueba empujó a la jueza Collazos a tomar medidas cautelares, como la supresión temporal de las visitas paternas ante un presunto caso de abuso. La madre ha recurrido la decisión de esta jueza de no imponer medidas cautelares. El fiscal del Juzgado de Familia 28 de Madrid solicitó la celebración de una vista con carácter urgente, el pasado 15 de abril, para decidir sobre la supresión de estas visitas, pero de momento no se ha celebrado la vista.

Ante este aparente desamparo y el peligro potencial de que se puedan repetir los presuntos abusos, la madre de la niña no está entregándola al padre para cumplir el régimen de visitas, lo que ya le ha costado una denuncia por parte del hombre. El devenir de esa denuncia podría acarrear a la madre serias consecuencias, cuando lo único que está haciendo es proteger a su hija, dado que la Justicia no lo hace. En este sentido, recientemente se han celebrado varias manifestaciones por el Estado por parte de las llamadas 'madres protectoras', para exigir el final de la violencia institucional contra ellas.

El papel de la Fiscalía en este caso también es criticable. El Ministerio Público se opuso en las diligencias previas 348/2021 instruidas por el Juzgado de Instrucción 15 a la supresión de las visitas paternas, dejando aparentemente desprotegida a la niña hasta que se cierre la investigación. Y va para largo. La jueza Collazos espera el informe de la psicóloga forense que interrogó a la menor en la cámara Gesell para tomar una decisión sobre la imputación en firme del padre y, según ha podido saber este medio, el informe podría tardar dos meses en estar listo.